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España

PSOE y Podemos encauzan la derogación de la 'Ley Mordaza' pero posponen las devoluciones en caliente

Según el partido 'morado', "se introduce como objeto de la ley el disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas"

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, y la de Unidos Podemos, Ione Belarra.

Un acuerdo descafeinado. Unidas Podemos y PSOE cerraron este miércoles los últimos flecos para poner fin a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', según ha anunciado el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, quien ha encabezado las negociaciones por la parte morada.

El problema es que las devoluciones en caliente, el punto de mayor fricción entre socios —y que tanto ha dilatado el pacto—, se ha pospuesto y se ha dejado para la reforma de la Ley de Extranjería. No obstante, fuentes moradas consultadas por Vozpópuli explican que el compromiso del PSOE es cambiar el procedimiento de devolución de extranjeros, aunque no pueden precisar en qué dirección. Por tanto, la batalla sigue.

"Obviamente, las cuestiones de Extranjería deberán abordarse en las leyes de Extranjería y no son una cuestión de orden público, ni mucho menos, si no de garantía de derechos fundamentales", ha dicho Santiago. Eso sí, los morados son optimistas, porque esperan que sus socios se guíen por los tratados internacionales, que las reprueban, y no por la sentencia del Tribunal Constitucional, que las avaló en momentos específicos.

Los cambios

No obstante, los cambios en la Ley de Seguridad ciudadana, que aprobó el PP en 2015, y que han pactado los socios de coalición, afectan a varias cuestiones polémicas. Eso sí, la actual normativa, tan vilipendiada por socialistas y morados, es la que ha motivado la mayoría de sanciones del Gobierno durante el estado de alarma en lo peor de la pandemia.

Ahora, la idea del Gobierno es que ya no se pueda sancionar la toma y difusión de imágenes de agentes de policía cuando estas no afecten a su derecho a la intimidad o la seguridad. Tampoco será necesario informar sobre aquellas manifestaciones que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez.

Los morados ponen el ejemplo de las concentraciones en respuesta a la sentencia de La Manada. Así, estas convocatorias solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. La no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles, como las del primero de mayo, será sancionada como falta leve.

Agentes de la Policía Nacional, en la Puerta del Sol, en una imagen de archivo.Europa Press

Los socios del Gobierno también quieren que quede constancia escrita de la motivación que lleva a los policías a efectuar registros y comprobaciones en la vía pública. Estos, además, limitarán los desnudos parciales y, en caso de que deban producirse de manera inmediata, será en un lugar que cuente con la debida garantía de protección de la intimidad.

Además, PSOE y Unidas Podemos quieren que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable y limitada estrictamente

Los morados dicen que gracias al acuerdo entre socios "se introduce como objeto de la ley [de seguridad ciudadana] el disfrute de los derechos fundamentales y libertades públicas" y se "garantiza a los poderes públicos las efectivas condiciones para ello e introduciendo la sujeción de la ley a los tratados internacionales".

Enrique Santiago: "Damos las gracias al PNV"

El secretario de Estado de Agenda 2030 y máximo líder del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha dado las gracias al PNV, el partido que presentó la iniciativa para derogar la conocida como ley mordaza en el Congreso. "Esperamos que a la mayor brevedad, la semana que viene, pueda cerrarse el periodo de enmiendas para comenzar las tareas en la ponencia legislativa que van a permitir llevar adelante esta derogación", ha dicho Santiago.

"Hoy alcanzamos un acuerdo con el PSOE para derogar la Ley Mordaza que rebajó la calidad democrática de nuestro país", ha señalado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos para asegurar que se trataba de "un compromiso ineludible" de las fuerzas que conforman el Gobierno de coalición.

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