Los partidos independentistas catalanes registrarán este martes en el Congreso un recurso de reconsideración a la Mesa por su decisión de tumbar su propuesta de una ley de amnistía, pero no contarán con el respaldo de Unidas Podemos. Después de que el órgano rector, con el aval de los letrados, considerada inconstitucional una propuesta de este género, los independentistas no han renunciado a que pueda entrar a debatirse en las Cortes al considerar que "impedir el debate parlamentario" sobre dicha ley implica "una vulneración del derecho a la libertad de expresión".

Como informó Vozpópuli, ni Unidas Podemos -ni el ala catalana de la formación- eran partidarios de apoyar esta iniciativa. Pero tampoco se han sumado a este recurso de reconsideración para que se pueda llevar el asunto en el pleno de la Cámara baja pese que en comparecencias públicas apoyaban que en sede parlamentaria se pudieran debatir estos temas así como cuestiones relativas a la monarquía sin la interferencia de los tribunales.

La posición del presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, siempre fue la de lograr un indulto a los líderes del procés condenados por sedición y una reforma de dicho delito del Código Penal que permitiera la vuelta de Carles Puigdemont y el resto de fugados de la justicia española, pese a recibir presiones de los independentistas para que defendieran la amnistía.

Podemos, otra vez al margen

Aunque públicamente se mantenían abiertos a estudiar esta vía, en las dos ocasiones que podían demostrarlo con hechos (durante el registro de la propuesta de ley y, este martes, con el recurso de consideración) han decidido mantenerse al margen.

En su momento, ERC tentó a los comuns con una secretaría en la Mesa del Parlament a cambio de apoyar su propuesta de amnistía en las Cortes, según explicaron fuentes parlamentarias a este medio, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Con un PSOE que ya ha rechazado por activa y por pasiva una propuesta de esta índole, la formación morada no puede alinearse con los independentistas sin que se tambalee el Ejecutivo de coalición en un tema tan sensible como este y en medio de un proceso electoral en la Comunidad de Madrid.

La propuesta de ley de amnistía, además de ser de dudosa constitucionalidad, no era bidireccional. Es decir, no abarcaba a los policías y guardias civiles que intervinieron en la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017 y que también tienen causas judiciales abiertas. Fue diseñada únicamente para excarcelar a los líderes y activistas independentistas.

Fracaso de la mesa de diálogo

El fracaso de la mesa de diálogo, con pocas posibilidades de que se pueda volver a reunir en el horizonte próximo, ha obligado a los independentistas a concentrar sus energías en la revocación de las penas no solo de los condenados por sedición -como es el caso de Oriol Junqueras y el resto de políticos separatistas encarcelados- sino también para todos aquellos que tienen procesos judiciales abiertos por desórdenes públicos como los que se originaron en las protestas callejeras tras la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés.

En este objetivo la unidad del independentismo no se ha visto mermada. En la pasada legislatura, ERC, JxCat y CUP aprobaron una propuesta de resolución sobre la amnistía y ahora la han llevado al Congreso.

En su iniciativa consideran los altercados y desordenes públicos "hechos de intencionalidad política vinculada a la lucha democrática por la autodeterminación" o de "crítica a la actuación gubernativa y jurisdiccional". Y, a su juicio, deberán ser amnistiados de este tipo de delito todas aquellas condenas que van desde 2013 a la actualidad.

Su actual posición contrasta con la que defendían inicialmente a través de la iniciativa de la plataforma Amnistía i Llibertat -creada a resguardo de ERC- que también contemplaba aplicar esta medida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que intervinieron en el 1-O.

Esta estrategia de redoblar la presión sobre el Gobierno se ha acentuado en los últimos tiempos. Tras la marcha de Pablo Iglesias, ERC vio muy tocados los puentes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aprietan para que haga un gesto con los indultos. En este sentido, la ley de amnistía sería una posición de máximos para intentar encontrar otro acuerdo que libere cuanto antes a los presos.