Publicado: 09/03/2021 21:44
Actualizado: 09/03/2021 21:44
Unidas Podemos e independentistas han solicitado este martes una propuesta para acabar con lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España, reclamando para ello extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizando su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitiendo que figuren en el etiquetado de productos y reconociendo nuevas como el asturiano o el aragonés.
El PSOE, en boca de su diputado catalán Marc Lamuá, ha tachado de "inconstitucional" la iniciativa, ya que, a su entender, sólo busca "una confrontación estéril". Asimismo, PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en rechazar este proyecto, por lo que este jueves el Pleno del Congreso echará por tierra este proyecto de no ley.
En congreso, RTVE y tribunales
Se trata de una propuesta que nace a iniciativa de agentes culturales que trabajan a favor de la normalización lingüística de Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón o Asturias, cuyos representantes han acudido este martes a Madrid con intención de apoyar un texto que será votado en el Pleno del próximo jueves.
Durante la defensa de esta propuesta, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido apoyo para poner fin a los derechos lingüísticos que cada día, denuncia, se niega a un 45% de los españoles que viven en comunidades con lenguas propias porque, de lo contrario, "se estará interiorizando que España no es un Estado plurinacional y plurilingüe".
Tanto el PSOE como el PP han enmendado este texto, pero sus pretensiones no han sido suficientes para los promotores, algo que el diputado socialista Marc Lamuá ha lamentado.
El catalán no está en peligro
Durante su intervención en el Pleno, el diputado del PSC ha querido dejar claro que el catalán no está en peligro, pese a lo que considera "victimismo" de parte del independentismo catalán, y ha avisado de que algunos de los puntos de esta iniciativa "no tienen encaje" en la Constitución y que esa es la razón por la que su partido no puede apoyarla.
"Ustedes, si quieres ser políticos responsables, no pueden traer por la puerta de atrás puntos que requieren reformas constitucionales", ha señalado el parlamentario del PSOE, apuntando que no pueden pedir al Gobierno que haga "un salto mortal" y no actúe con acuerdo a la ley.
Ana Belén Vázquez, en nombre del PP, ha defendido la supervivencia y el futuro del gallego, el catalán o el euskera sin usarlas "como mecanismo de confrontación" pero también que el castellano se considere una "riqueza", y no una lengua ajena o "impuesta", y sobre todo que no se le "discrimine", como a su juicio ocurre en Cataluña.
Vázquez sostiene que los españoles tienen el derecho y el deber de conocer las lenguas cooficiales pero "sin imposiciones ni opresiones", sino con "un bilingüismo cordial y armónico" como el que defiende el PP.
Por parte de Vox, el diputado Antonio Salvá ha comenzado denostando que sea precisamente Bildu quien reclame derechos sin haber condenado las crímenes de la banda terrorista ETA --"es una broma de mal gusto", ha dicho-- y, a renglón seguido, ha remarcado que "el único derecho" que se está conculcando en España es precisamente hablar en castellano que, a su juicio, se ha convertido en una "pesadilla" en "muchas" comunidades autónomas. "Basta ya", ha clamado.
El castellano es riqueza
De su lado, en Ciudadanos, la diputada Marta Martín ha acusado a las fuerzas proponentes de pretender con esta iniciativa "atacar" el castellano, un idioma que, según ha recalcado, "no es una imposición legal sino una riqueza, con independencia de la lengua que se utilice luego".
Y ha añadido que si el castellano les "fastidia, y mucho", es porque "es el pilar esencial de lo que el país tiene en común". "Pero ustedes necesitan construir realidades paralelas para justificar sus intentos de llevarnos a Narnia", ha denunciado.
Desde Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero, ha acusado a los promotores de la iniciativa de "manosear políticamente" las lenguas cooficiales y ha pedido igualdad de oportunidades para los castellanohablantes en todo el territorio nacional
Limitando derechos
Por contra, las formaciones favorables a la iniciativa han coincidido en denunciar que actualmente se están limitando los derechos de los españoles que hablan una lengua distinta del castellano y que deben poder utilizarla para dirigirse a la administración general del Estado o la administración de Justicia, por ejemplo.
"No hay ni va a haber mayoría de progreso sin contar con los que defendemos la plurinacionalidad de los pueblos del Estado", ha avisado a sus socios del PSOE el diputado de En Comú Joan Mena. Además, ha apuntado que en las últimas elecciones catalanas el apoyo a los partidarios de una España uniforme" se redujo "a la mitad".
También Marta Rosique, de ERC, ha pedido al PSOE que no se deje llevar por la derecha y su "supremacía castellana" y que no permita que se sigan aplicando "medidas suaves" que buscan "acabar con las lenguas minoritarias y minorizadas". "No se extrañen si hay cada día más independentistas", ha advertido por su parte Genís Boadella del PDeCAT.
En representación del PNV, Joseba Aguirretxea ha lamentado la intervención del diputado socialista y a la diputada del PP le ha dicho que si Europa usara con el castellano el criterio que defiende su grupo con respecto al catalán, el gallego y el euskera, la nadie hablaría en las instituciones europeas la lengua mayoritaria en España.
El diputado de la CUP, Albert Botrán, ha criticado la "capa de monolingüismo" que algunos partidos quieren imponer, a su juicio, en todo el país y ha pedido "revisar los privilegios que tiene la lengua castellana".
Deuda con los pieles rojas
"Esta democracia tiene una deuda con los pieles rojas de este Estado", ha enfatizado Joan Baldoví, de Compromís. "Los verdaderos separatistas son los que no reconocen el derecho de la gente que hemos nacido aquí a vivir y sentir en nuestra propia lengua", ha dicho.
Por último, Néstor Rego, del BNG, ha acusado a quienes se oponen a la iniciativa de practicar el "supremacismo político y lingüístico" y ha exigido respeto para el 45% de los españoles que hablan una lengua distinta al castellano.
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Un Estado no puede tolerar la existencia de otros estados,pues va contra su propia existencia.La imposición de lenguas regionales ,rompe la igualdad ante la Ley de todos los españoles,es discriminatoria,y un disparate comunicativo ante 500 millones de hispanohablantes.
El nacionalismo español pretende ver el mundo al revés. El catalán, el gallego y el vasco tienen tantos siglos de existencia en sus comunidades como el castellano en las suyas. Imponen una lengua quienes pretenden cambiarla, y de momento nadie ha pretendido cambiar la lengua de las comunidades castellanohablantes.
Es en las comunidades de lengua distinta donde el Estado ha pretendido imponer la castellana y extirpar la propia, con el objetivo de lograr una España castellana monolingüe que no ha existido nunca. Ciertamente, es un sueño del nacionalismo español que viene de lejos pero que no tuvo recursos para ejecutarse hasta el franquismo, con la escolarización masiva de la población en castellano y la llegada de los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, igualmente en castellano.
Por añadidura, con gran habilidad, el franquismo favoreció la emigración de ciudadanos de comunidades castellanas hacia otras con lengua distinta, pero nunca al revés. El régimen tenía claro que se trataba de introducir el castellano en Cataluña, Baleares o el País Vasco, y al mismo tiempo preservar el monolingüismo en las comunidades castellanohablantes.
Por desgracia para sus mentores, ese proyecto de una España castellana quedó truncado con la llegada de la democracia, la Constitución y el reconocimiento oficial del catalán, el vasco y el gallego como lenguas propias y oficiales en las comunidades donde se hablan desde hace siglos. Desde entonces, el nacionalismo español va "ladrando su rencor por las esquinas", como decía Aznar respecto de sus adversarios. Ahora les pasa eso a sus acólitos.
Son los nacionalismos periférico s los que pretenden reescribir la Historia según lo que ocurre en su universo paralelo, donde nunca han existido súbditos ni ciudadanos, sino sólo "pueblos". Para ello contaron en su momento con el '"corpus" doctrinall suministrado por eminentes intelectuales como Sabino Arana (el que decía aquello de que "el romano nunca holló nuestro suelo", cosa que han desmentido los arqueólogos, para su desgracia) o Prat de la Riba (el que decía que en el s. XV existía una corona catalana que fue usurpada por el Compromiso de Caspe, pasando por alto el pequeño detalle de que la denominación real de esa supuesta entidad política era la de Reino de Aragón). Actualmente cuentan con el apoyo, si no "intelectual", si fáctico (y táctico) de estadistas también eminentes, como el señor Sánchez y el señor Iglesias, que colaboran, uno por interés personal y otro por interés y por simpatía ideológica, de su España balcanizada dentro de una Europa de las tribus. Y no se preocupe, que no le voy a importunar más. Puede usted continuar con su labor evangelizadora, que por aquí hay mucho hereje que no lee ni el "Avui" ni el "Diari Ara"...
Menuda tontería ,como si no hubiera cosas mas importantes en España ,que debatir el idioma nacional ,y lo digo yo que hablo catalán y gallego ,y algunas lenguas extranjeras ,creo que con tantas normas que se quieren imponer vamos separando la unión ,de una nación ,pero claro siempre está Suiza donde se habla en cada cantón una lengua ,precisamente ,donde yo aprendí ,algunas trabajando allí vamos a dividir España ,en cantones vamos a dejar las autonomías y vamos a pensar un poco en la Torre de Babel bueno solo para los creyentes un saludo por cierto es mi opinión la que tengo en esa libertad de expresión tan de moda ,eso si con educación ..
Usted misma se ha respondido: en Suiza hay diversas lenguas oficiales, sin supremacismo de ninguna, y no parece que ningún cantón pretenda independizarse. Los problemas vendrían si un cantón pretendiera imponer su lengua al resto: entonces probablemente sí que alguno querría independizarse. Por tanto, su política lingüística es la adecuada, y no la que el nacionalismo español pretende aplicar en España con el supremacismo del castellano.
España debe seguir el ejemplo suizo: respetar las lenguas es respetar a los hablantes y reconocer sus derechos lingüísticos; despreciar las lenguas es despreciar a quienes las hablan y vulnerar sus derechos. Lo primero es acorde con la democracia; lo segundo era propio de una dictadura, la franquista que algunos añoran.