Podemos, ERC y EH Bildu desmienten que la enmienda de los desahucios vaya a eliminarse del proyecto

Fuentes de uno de los grupos proponentes consultadas por Servimedia apuntaron los servicios jurídicos de la Cámara les han trasladado que todas las enmiendas estaban debidamente presentadas y que no tenían que subsanar ninguna. Desde otro de los grupos sí reconocieron que el viernes pasado un letrado presentó objeciones, pero que eso no la descartaba y que hay que buscar una solución urgente porque las excusas no valen".

Los grupos proponentes también recordaron que un artículo de una ley puede contener modificaciones de otras normas y que esto nunca ha supuesto ningún problema, y que, en cualquier caso, los informes de los letrados no son vinculantes sino que la decisión corresponde a la propia mesa de la Comisión de Presupuestos, que preside Pilar Garrido (Unidas Podemos).

Críticas a Aitor Esteban

Sobre el fondo de la cuestión, desde Unidas Podemos lamentaron que Aitor Esteban "intenté impedir por cualquier medio que la lucha contra los desahucios esté presente en los presupuestos".

Unidas Podemos, ERC y EH BIldu registraron conjuntamente el martes pasado dos enmiendas similares al proyecto de Presupuestos, numeradas como 3.788 y 3.789, y, en caso de ser aprobadas en el trámite parlamentario, incorporarían sendas disposiciones finales a los Presupuestos. La primera modificaría la Ley de 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El artículo 1 de esa norma establecería que "hasta transcurridos 11 años desde la entrada en vigor de esta ley no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica, la vivienda habitual de personas que no tengan alternativa habitacional". La motivación de la enmienda ratifica esa extensión de la prohibición "hasta el 15 de mayo de 2024".

La otra enmienda modificaría el decreto del 31 de marzo pasado, de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social para hacer frente al covid-19, el que prohibió inicialmente los desahucios y cortes de suministros. Lo modifica para prolongar “hasta el 31 de marzo de 2022” la suspensión de “cualquier resolución judicial firme del procedimiento del desahucio” si es por impago de renta o el inquilino no tiene alternativa habitacional, y la garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua”.