España

Podemos 'cabalga contradicciones': de la ley de protección al denunciante a pedir cárcel para Calvente

La formación morada olvida la protección especial para los denunciantes de corrupción que exigía en los casos que afectaban al PP para declarar la guerra a uno de estos denunciantes: su exabogado

Pablo Iglesias vincula las imputaciones a Podemos con su defensa de la república: "Tendrá costes"
Pablo Iglesias vincula las imputaciones a Podemos con su defensa de la república: "Tendrá costes" Europa Press

"Hacer política es cabalgar contradicciones". Es una de las frases del pensamiento de Pablo Iglesias que persigue a Podemos ahora que el partido está siendo investigado por presunta financiación irregular. La formación morada ha pasado de exigir una protección especial para los denunciantes de corrupción declarar la guerra a uno de estos denunciantes: su ex abogado Enrique Calvente.

El acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos recoge en su página 21 la aprobación de una "Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante". Es una de las viejas reivindicaciones de Podemos, que se hará realidad en esta legislatura gracias a la transposición de una directiva europea de los whistleblowers.

El nacimiento de Podemos al calor de la crisis económica y la corrupción que sacudía al PP convirtió a Iglesias en uno de los principales defensores de un estatuto particular para el denunciante de casos de corrupción. En los primeros pasos del partido en el Congreso era habitual ver a los dirigentes morados junto a algunos de estos denunciantes.

De Ana Garrido (Gürtel) a Calvente

La funcionaria Ana Garrido denunció la trama Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid). Podemos le invitó a dar charlas en sus sedes. Garrido hablaba de las campañas de acoso y las denuncias que le interponían para desacreditarla.

Sobre esa base, Podemos ha defendido una protección al denunciante sobre cuatro ejes fundamentales: la protección del puesto de trabajo, los servicios jurídicos asegurados, la prestación de asistencia psicológica y médica y la preservación del anonimato para asegurar la confidencialidad de sus comunicaciones.

Una de las principales impulsoras de esta norma fue la juez Victoria Rosell, hoy Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Rosell sugirió hace unos días que Calvente se expone a una pena de prisión por sus revelaciones.  

La particularidad del presunto caso de corrupción que afecta a Podemos es que parte de la denuncia del exabogado del partido. Iglesias, tras varios días de silencio, publicó el viernes un tuit en el que asegura que el caso acabará en nada. Y vincula el ruido a la reacción de la prensa y el posicionamiento de Podemos sobre el futuro de la monarquía y lo que llama la defensa de un "horizonte republicano".

Calvente se defiende

Sin embargo, otros destacados dirigentes de la formación han declarado una guerra sin cuartel a Calvente. El más activo de todos es el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha desacreditado sistemáticamente las denuncias del ex abogado. Asegura que su testimonio se basa en rumorología sin fundamento.

Lo que valía para otros denunciantes se le niega a Calvente. El abogado fue expulsado de Podemos por un presunto delito de acoso sexual. La denuncia fue archivada. Calvente ha denunciado que la acusación era falsa. Podemos reconocía en el pasado que este tipo de maniobras son habituales para amedrentar a los denunciantes de corrupción.

El exabogado morado se ha defendido de esta campaña. Asegura que los casos que han llevado a la formación morada a ser investigada como persona jurídica son de "corrupción dentro del partido". Calvente ha dicho que se trataría de una "financiación ilegal de algunos dirigentes".

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