Podemos empieza a asumir los costes de la purga: primer pago de 19.000 euros

Podemos ha preferido pagar una indemnización de 19.000 euros a través de la vía extrajudicial por una demanda de despido improcedente de una trabajadora de la formación en Valencia. La demanda formaba parte de un grupo de denuncias tras la purga desatada en la región cuando Pilar Lima, la dirigente afín a la dirección nacional, se hizo con el control del grupo parlamentario y aisló a Naiara Davó, la exportavoz. Podemos alegaba razones económicas, pero evitó el juicio tras la demanda de su extrabajadora, que podía incluso acabar en una condena por violación de los derechos fundamentales.

Es la primera condena en un bloque de denuncias que preocupan en el partido morado, porque de repetirse ese esquema la formación podría enfrentarse a otras indemnizaciones por cifras semejantes, o incluso mayores. En el caso de la demandante, Podemos intentó asumir en un primer momento una indemnización de 6.000 euros, pero prefirió triplicar esa cifra para evitar ir a juicio. La trabajadora pedía poderse reincorporar en el grupo parlamentario y el pago lo deberá asumir Podemos nacional.

En otra demanda, de la que también informó Vozpópuli en exclusiva, Podemos asumió un pago de 8.000 euros, aunque en ese caso la trabajadora, que formaba parte del equipo de redes sociales, alegó incluso acoso laboral y "persecución política". Después de ese caso, los letrados del partido morado dejaron entender que su posición iba a ser un enfrenamiento directo contra sus demandantes, aunque en la mañana del pasado miércoles cambiaron de repente su postura.

Cuatro años en el partido

La demandante indemnizada el miércoles llevaba trabajando para el partido unos cuatro años, y como ella otros extrabajadores quieren ir a juicio si Podemos se niega a reincorporles o asumir una indemnización mayor del previsto. La clave de este precedente es que el caso de la última trabajadora se enmarca un la batería de demandas que el partido recibió tras una purga lanzada entre enero y febrero de este año. En todos los casos mencionados, los demandantes acusan directamente a la dirección nacional de Podemos de ceses improcedentes.

El equipo de la nueva lideresa de Podem en Valencia justificó en su día la medida porque la labor de los extrajabadores resultaba "incompatible con las actuales directrices". Pero la puesta en marcha del despido se ocultó a la mitad del grupo parlamentario para evitar un enfrentamiento o debate interno. El cese llegó con nocturnidad y fue escondido a Naiara Davó, que ejercía el cargo de portavoz parlamentaria antes de la promoción de Pilar Lima. Tanto esta trabajadora como la que del equipo de redes sociales formaron parte de la lista de Davó en las primarias del partido.

Fuentes del partido morado sostuvieron entonces que el relevo se debía por la la voluntad del equipo de Lima de hacerse con los recursos públicos recibidos por las Cortes. Y esa decisión se sumó a unas sospechas sobre las últimas primarias en la Comunitat Valenciana, ganadas por la candidata oficialista por tan solo 38 votos. Algunos miembros de Podemos sospechan que no se hayan contabilizado algunos votos alegando razones técnicas poco solventes. Hubo al menos 180 votos en blanco.

El Congreso y Andalucía

La purga en Valencia es la última lanzada por la dirección, aunque Podemos suma quejas y casos judiciales abiertos. En marzo de 2019, los despidos afectaron al grupo político en el Congreso de los Diputados. También en ese caso, Podemos optó por echar a 11 empleados con 20 días de indemnización. En ese caso, la purga afectó a los trabajadores considerados afines a Íñigo Errejón. Luego llegó la polémica en Andalucía, con el sector anticapitalista que acusó a Podemos de querer quedarse con los fondos públicos.

Después del verano, según ha podido saber este diario, se esperan al menos otros dos juicios por casos similares a la trabajadora indemnizada el miércoles. El coste para la formación morada podría ser en este caso incluso mayor. Y se sumaría al pago ya efectuado en los polémicos despidos de la exescolta de Irene Montero (cuya cifra es secreta aunque en Podemos se habla de unos 50.000 euros) y del exabogado José Manuel Calvente, a quien el partido tuvo que indemnizar tras un caso falso de acoso sexual. De purga en purga, el partido ahora liderado por Ione Belarra puede acabar pagando más de 100.000 euros en indemnizaciones laborales.