Los peritos de Plus Ultra dudan de que cumpliera las condiciones para ser rescatada

Los peritos que investigan el rescate a la aerolínea Plus Ultra han mostrado sus dudas sobre si la empresa reunía las condiciones necesarias para ser rescatada por el Estado. En un informe remitido a la jueza que investiga el caso, los peritos sostienen que existen "dudas más que razonables" sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía en diciembre de 2019, según informa este lunes el diario 'El Mundo'.

Los peritos sospechan que existe una "alta probabilidad" de que la compañía estuviera en suspensión de pagos al cierre del ejercicio de 2019, circunstancia que le habría impedido acceder al rescate estatal.

El informe sí que acredita el requisito de ser considerada una compañía de carácter estratégico en el sector aéreo.

Archivado por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas decidió en el mes de julio no admitir una denuncia interpuesta por Ciudadanos por el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. El órgano determinó que no existe indicios suficientes para concluir que "se ha originado un perjuicio a los fondos públicos" y que tampoco se vislumbra "negligencia grave" por parte del Gobierno o de la SEPI tras la concesión de esta ayuda destinada para empresas estratégicas afectadas por la crisis de la covid.

La Abogacía del Estado, por su parte, argumentó que de la documentación incorporada con la denuncia no se deducían las irregularidades denunciadas y que resultaba "improcedente e inmaduro" abrir causa con estos indicios.

Mismo argumento adopta el Ministerio Fiscal, el cual se opuso a que se admitiera a trámite la denuncia que presentaron el pasado mes de julio la presidenta del partido 'naranja', Inés Arrimadas, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano. El objetivo era que el tribunal determinase quiénes eran los responsables contables de este rescate millonario "que ha costado 53 millones a las arcas públicas españolas".

Sin embargo, en el auto del consejero Felipe García Ortiz, el órgano fiscalizador detalla que "no puede haber responsabilidad contable si los hechos no han dado lugar a un daño efectivo, económicamente evaluable e individualizado". "La mera salida de unos fondos públicos del patrimonio de la administración o entidad titular de los mismos no supone por sí sola un detrimento patrimonial para las arcas públicas. Para que exista un menoscabo del erario público se precisa que la salida de sus fondos no esté justificada", reza.