El Consejo Constitucional (similar en funciones al Tribunal Constitucional francés) ha tumbado este viernes, 21 de mayo, dos artículos de la nueva ley en favor de las lenguas regionales que facilitaba la inmersión en catalán, euskera, occitano, corso, alsaciano o bretón en las escuelas públicas francesas. Como avanzó Vozpópuli, 60 diputados de La República en Marcha presentaron en recurso de inconstitucionalidad al considerar que atentaba contra el artículo dos de la Ley Fundamental, que consagra al francés como lengua oficial de la República.

Ahora, el diputado promotor de la iniciativa legal, Paul Molac, ha enviado una carta al presidente de la República, Emmanuel Macron, instándole a llevar a cabo una "reforma de la Constitución" para que la inmersión lingüística en las aulas francesa sea legal.

En la misiva afirma que "el método pedagógico [de la inmersión] esta reconocido por sus excelentes resultados escolares" e incluso sostiene que los estudiantes que estudian en su lengua materna "obtienen mejores resultados en francés".

Los dos artículos tumbados por el alto tribunal francés, el 4 y el 9, hacen referencia a la "enseñanza inmersiva" y al uso de tildes diacríticas. El auto, según publican los medios franceses, sentencia que este método "no se limita a la enseñanza de esta lengua sino que consiste en utilizarla como lengua principal de instrucción y como lengua de comunicación dentro del establecimiento, y que eso contradice el artículo 2 de la Constitución de que "la lengua de la república es el francés".

"Decisión incomprensible"

De acuerdo con el diputado bretón, del grupo parlamentario Libertades y Territorios, la decisión del tribunal es "incomprensible" y reprocha que "este activismo contra nuestras lenguas ha durado bastante".

La polémica ley salió adelante con 247 votos a favor y 47 en contra, y tuvieron el apoyo de la mayoría de parlamentarios del partido de Macron. Pero, tras el recurso presentado, el Constitucional francés la ha considerado inconstitucional.

Una de las preocupaciones principales que tienen ahora desde la órbita de los nacionalistas es no poner en riesgo la supervivencia de las escuelas y academias que enseñan estos idiomas en Francia. Mientras en Cataluña o el País Vasco tienen al apoyo institucional -incluso incumpliendo las sentencias que exigen un 25% de clases en castellano-, en el país vecino han optado por mantener el francés como único idioma oficial.

Se estima que de los 12 millones de estudiantes en el sistema escolar francés, solo unos 170.000 reciben clases en catalán, euskera, corso, occitano, bretón o alsaciano. Su modelo de educación pública es un sistema homogéneo y centralista en todo el territorio para garantizar la libertad e igualdad entre ciudadanos. En este sentido, la inclusión progresiva de otras lenguas se ve, desde algunos grupos políticos, como una amenaza contra los valores fundacionales de la República.

Por esta razón, solo a través de una reforma de la Constitución se podría introducir la inmersión como un sistema válido y legal para los centros escolares públicos de las regiones bilingües de Francia.

Macron, en contra de la cooficialidad

Un año después de llegar al Palacio del Elíseo, Macron viajó a Córcega para aceptar una reivindicación del nacionalismo corso, que era la del reconocimiento de la singularidad y especificidades de la isla en la Constitución francesa. Sin embargo, el presidente de la República dejó muy claro que "el francés es la única lengua oficial".

La misma posición política ha mantenido en el sur de Francia, con las reclamaciones del nacionalismo catalán y vasco. Aunque algunos de sus diputados, como Romain Grau, de Perpiñán, se ha mostrado a favor de que haya un "marco más permisivo" con el resto de idiomas que se hablan en el país galo.

Las entidades filocatalanistas se movilizaron para instar a sus partidos de referencia para que convencieran a ese grupo de 60 diputados de retirar el recurso. Ahora, no obstante, se suman a la petición de Molac de que el presidente francés lidere un cambio constitucional en la Asamblea.