No hay revés que mil años dure. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acelera ya su nuevo plan para intentar controlar el Tribunal Constitucional (TC) tras el mazazo que le dio este lunes el órgano de garantías. El PSOE presentará en los próximos días una proposición de ley en el Congreso para volcar el contenido de las enmiendas que paró el TC y que modifican las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio tribunal de garantías para propiciar su renovación con dos magistrados afines, el exministros socialista de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Y los aliados del Ejecutivo en la Cámara Baja del bloque de investidura, con los que ya está conversando van todos a una contra el "golpe" de las togas. En un mes, aproximadamente, puede estar aprobada en la Carrera de San Jerónimo, como ocurrió con la reforma de la sedición, que también fue una proposición de ley.
El objetivo del Gobierno, que se pliega al TC y reconoce, de manera implícita, que su treta legal estaba mal planteada, es que el recorrido parlamentario de la proposición sea en lectura única. Eso sí, según fuentes parlamentarias, en esa proposición no habrá una rebaja de la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial, como reclama Podemos, el socio del PSOE en Moncloa. Lo cierto es que el nuevo plan de Sánchez podría quedar registrado esta misma semana, previsiblemente el viernes, y no se descarta habilitar enero en el Congreso, que es un mes inhábil a efectos parlamentarios, para darle luz verde.
El sentir del Gobierno es que se ha producido un reagrupamiento "lógico" de los partidos que sustentan al Ejecutivo en el Congreso con lo que consideran una "tropelía" del Constitucional. Lo cierto es que Moncloa salió en tromba para advertir a los españoles de la "gravedad" de la decisión del TC. Las comparecencias en la noche del lunes de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; del presidente del Senado, Ander Gil; del ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la del presidente del Gobierno este martes han servido para colocar el mensaje de que los jueces han perpetrado un 'golpe'. Pero nada más lejos de la realidad. Es más, Bruselas respaldó al TC. Pero poco importa. El Ejecutivo juega con la idea de que la judicatura española está al servicio de los intereses del PP.
En busca del rédito electoral
Lo cierto es que Moncloa persigue rédito electoral gracias al choque con el Constitucional. Porque no solo le ha permitido cohesionar a la mayoría parlamentaria que le sustenta, sino que ha podido sacar del foco la reforma de la malversación -y el borrado de la sedición-, que sí sigue su tramitación en el Senado. Es importante recalcar que el TC solo paralizó el contenido de la ley que se añadió en las enmiendas que modifican la ley orgánica del Poder Judicial y del TC. Así, ni la reforma de la malversación ni el cambio en el código penal que borra la sedición para establecer un nuevo tipo de desórdenes públicos agravados y que rebajan las penas, se verán afectados.
Todo un alivio para el PSOE, porque esas concesiones del Ejecutivo a los independentistas de ERC eran la que más daño hacían al partido, al que habían tensionado hasta niveles insólitos con llamadas al orden desde Ferraz. Tanto, que algunos de sus barones, como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán, se opusieron a ellas con dureza. Hasta el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, reprochó a Sánchez ese "traje a medida" de los delincuentes. Page dixit. Pero el presidente de Castilla-La Mancha, defendió este martes al Gobierno. Todo un giro que da cuenta de la importancia del 'efecto' provocado por Moncloa.
El Gobierno, no obstante, se queda de momento sin el control del TC, su gran objetivo de cara a frenar los recursos de inconstitucionalidad que pesan sobre sus algunas de sus leyes y ante el contexto de negociación con la Generalitat de Cataluña en la mesa de diálogo. Toca reseñar que el PSOE negocia la celebración de una consulta pactada sobre el acuerdo al que se llegue en dicho órgano de negociación entre ejecutivos para contentar a los secesionistas de ERC, al mando del Gobierno catalán, tras su ruptura con Junts -el ala fuerte del independentismo-.
El PSOE es consciente de que el lenguaje grueso que se ha instalado entre Gobierno y oposición sobre la forma con la que el Ejecutivo ha tocado el código penal e intentado forzar la renovación del Tribunal Constitucional, paralizada por el tribunal de garantías, fomenta la crispación que alimenta a Vox. En parte, los socialistas contribuyeron a ello. Y es que fue el diputado Felipe Sicilia, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el primero que equiparó el recurso del PP ante el tribunal de garantías con un "golpe" similar a las intentonas de 1936 y 1981. Todo un dardo que encendió a los populares, que recordaron que el 23-F era el centro derecha (Unión de Centro Democrático) quien ocupaba la bancada azul del Gobierno en la Cámara Baja. Eso sí, en el Gobierno hay ministros que comentan al presidente que la situación de crispación de estos últimos días les incomoda. Pocos se animan a hacer declaraciones o comparecencias y cuando les toca defender las maniobras del Ejecutivo con el código penal se les percibe inquietos. Pero el plan sigue.
