“Los daños en vida son irreparables, pero sí podemos adelantarnos para mitigar los daños económicos”. Con esa reflexión, Pedro Sánchez anunció el 12 de abril de 2020, en los compases más duros de la pandemia, que un sector de la actividad económica abandonaba la “hibernación” para retomar su ritmo de trabajo.

El presidente del Gobierno respaldó su decisión -que recibió críticas de gobiernos autonómicos y manifestó grietas dentro del propio Ejecutivo- en base al criterio de un comité de expertos y científicos; recomendaciones que deberían constar en unas actas que nunca han visto la luz, pese a las peticiones y recursos a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Ahora, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno urge al presidente a desvelar dichos informes. Y deberá hacerlo, a mucho tardar, a lo largo de la semana que viene.

La del 12 de abril de 2020, domingo, fue una de las comparecencias de Pedro Sánchez que despertó una mayor expectativa. Ya se había filtrado que el Gobierno pretendía reactivar una parte de la economía que había quedado en “hibernación” a partir del confinamiento general, y la población, que sufría las embestidas más duras del coronavirus -ya habían muerto casi 17.000 personas, de acuerdo a los datos oficiales-, quería saber en base a qué criterios se había tomado la decisión.

Presidentes autonómicos como Quim Torra, Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras manifestaron su disconformidad con la decisión. También expresó sus dudas Unidas Podemos, partido integrado en la coalición de Gobierno: Pablo Echenique pidió que se revirtiese la decisión en caso de detectar un nuevo aumento de los contagios.

“De cara al fin de la hibernación mañana de la economía, entiendo, presidente, que cuenta con el aval, con el respaldo del comité científico”, le requerían los periodistas a Sánchez en su rueda de prensa del 12 de abril. “Responderé telegráficamente”, apuntó el presidente del Gobierno. “Sí”.

Las actas en las que se apoyó Pedro Sánchez

Las reuniones de dicho comité de científicos y expertos deberían haber quedado reflejado en unas actas que nunca han sido públicas. Un día más tarde de esas declaraciones se registró una petición de acceso a dichos informes a través del portal de Transparencia. Fue el punto de partida de un largo recorrido lleno de trabas y obstáculos. El 30 de junio de 2020, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno pidió ampliar un mes más el plazo de resolución debido al “volumen de solicitudes dirigidas a este órgano”. Una vez cumplido ese plazo no brindó ninguna respuesta.

Así, el 24 de febrero de 2021 se presentó un recurso para insistir en la petición y que el Ejecutivo facilitase dichas actas. Tras ser analizado y aprobado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el 3 de marzo un expediente a la Secretaría General de la Presidencia en la que le instaba a facilitar la documentación requerida. Tampoco hubo respuesta.

En una nueva resolución fechada el pasado 2 de julio, el Consejo de Transparencia advierte de que, de acuerdo a la legislación vigente, “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública” y a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte”.

Y reprocha la actuación de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno: “Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante”.

Así, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno admite todos los recursos presentados y urge a Moncloa a presentar las actas del comité de expertos y científicos en las que se basó Pedro Sánchez para reactivar parte de la actividad económica durante la pandemia. Le da un plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de la resolución, un periodo que concluirá el próximo viernes, 16 de julio.