Pedro Sánchez y su 'triministro' de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, vuelven a tirar de ingeniería jurídica para convencer a Carles Puigdemont de que puede confiar en que será amnistiado sí o sí. El presidente del Gobierno parece haberse plantado y reitera que no modificará la ley de amnistía para cumplir con las dos últimas exigencias de Junts (eliminar todo el terrorismo y la traición como exclusiones de la ley). Pero sí está dispuesto a seguir blindando al expresidente catalán recorriendo otros vericuetos, como el retoque de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -vigente desde 1882 y con más de 70 modificaciones posteriores-. Pedro Sánchez se abrió este lunes a retocarla otra vez para limitar los plazos de instrucción.
El presidente, en un nuevo giro, pretende volver al redactado de la norma que imprimió en su día el Gobierno de Mariano Rajoy y que el PSOE tanto criticó por dar "impunidad", decía entonces, a los delitos de corrupción que acechaban al PP. Pero ahora toca facilitar la aplicación de la ley de amnistía a los investigados por el procés. Y eso cambia todo. El PSOE, ya en 2020 y para cumplir con el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, modificó el artículo 324 sobre los plazos para terminar con "las instrucciones que se alargan en el tiempo", según lo definió este lunes el propio Pedro Sánchez. Para ello, Moncloa impuso a los togados la obligatoriedad de redactar autos motivados para prorrogar el plazo máximo de instrucción por periodos de hasta seis meses, sin límite de prórrogas. Pero tampoco parece haber funcionado.
Lo cierto es que Pedro Sánchez recupera la idea de retocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para convencer a Puigdemont de que puede confiar en que podrá volver a España sin problemas. En la cabeza del presidente está, además, desatascar el anteproyecto de Justicia de reforma de esa ley que fue redactado por el exministro Juan Carlos Campo. Esa norma, que lleva más de dos años bloqueada, cambia aspectos sustanciales en la investigación de los delitos, que pasaría a depender de los fiscales y no de los jueces, como hasta ahora.
El CGPJ lo respalda si se blinda la independencia de la Fiscalía
De manera que los togados se limitarían en los procedimientos judiciales a ejercer de árbitros para garantizar que se respetan los derechos de quienes participan en la causa. Además, el anteproyecto prohíbe expresamente que los partidos políticos, las organizaciones públicas o los sindicatos actúen como acusación popular en los procesos.
El Consejo General del Poder Judicial emitió el año pasado un informe en el que avaló que sea la Fiscalía la que instruya los casos penales siempre y cuando se refuerce su independencia. El problema es que eso no parece estar en la cabeza del presidente, Pedro Sánchez, quien en su día, ante los micrófonos de Radio Nacional, dijo: "La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende? [del Ejecutivo] Pues ya está", cuando se le preguntó sobre su promesa de traer a Puigdemont de vuelta a España.
No serán miles, pero unos cuantos casos de gran corrupción quedarán sin investigar con la reforma que propone ahora Pedro Sánchez por la complejidad de las causas y la falta de medios de los jueces.
Y es que las instrucciones interminables sólo se dan el caso de causas complejas por corrupción. Es lo que quedará impune si esta medida se lleva a cabo, trasladan fuentes jurídicas a Vozpópuli. Casos como los ERE o Púnica se habrían archivado.
El problema es que se regula la impunidad absoluta
"El problema es que se regula la impunidad absoluta. Va lloviendo sobre mojado con estas propuestas, cada vez hay más impunidad y ya no se sabe qué delincuente se va a beneficiar y en el caso de las causas políticas, de qué partido". lamentan esas fuentes, que advierten, además, de que a los de Puigdemont no les va a parecer suficiente ni seguro. Es más, detallan que a Puigdemont se le aplicaría, como pronto, dentro de seis meses. Pero Pedro Sánchez usará ese tiempo para seguir dando patadas al balón.
La Ley 41/2015 modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la duración máxima de las investigaciones penales, lo que hasta entonces no se había hecho, y fue objeto de críticas generalizadas. El PSOE impulsó una proposición de ley para revertirla. Esta reforma del PP estableció que estas prórrogas dependían del fiscal. Podemos, entonces, presentó una reforma en 2020 que hizo que al final se ampliaran los plazos y se devolvieran al juez la prerrogativa de decidir sobre las prórrogas, lo que ahora prevé modificar de nuevo Pedro Sánchez.
Ahora, el PSOE y Junts trabajan en encontrar una solución que alumbre la amnistía que abrió las puertas de la presidencia a Pedro Sánchez. En Moncloa creen que se terminará llegando a un acuerdo en los próximos quince días en la comisión de Justicia del Congreso, donde ha vuelto la ley, porque hay mucha presión en Cataluña para amnistiar a las decenas de personas pendientes de juicio. En cualquier caso, las negociaciones se pueden dilatar hasta un mes.
