Los barones autonómicos y Unidas Podemos torpedean los peajes en autovías de Sánchez

La llegada de los peajes a las autovías no tiene vuelta atrás. El compromiso con la Comisión Europea para materializar esta normativa en el primer trimestre de 2022 y que se convierta en realidad en 2024 provoca que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y su equipo busquen socios para impulsar esta medida. Y nadie se quiere manchar las manos con esta medida tan impopular. Es más, los principales detractores son sus socios, Unidas Podemos, y los barones autonómicos del PSOE.

Según explican fuentes cercanas al Gobierno a Vozpópuli, la formación morada aprovechará este pacto con Bruselas para atribuir esta medida al PSOE y reivindicar, de cara a las elecciones de 2023, su defensa a las clases más desfavorecidas. "Se decantan, como ha pasado con otros impuestos, por el 'todo gratis'", destacan estas mismas fuentes.

Unidas Podemos considera que el cobro por el uso de las autovías es una iniciativa que es "muy difícil" de justificar a sus votantes y pondrán todo de su parte para torpedearla. "O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales", manifestaba a mediado del mes de octubre el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Tampoco pueden justificar los peajes los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura. Barones socialistas Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page librará su particular batalla con Raquel Sánchez para no defraudar a su electorado. Un tridente que también se agrupa barones con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por el impacto que tiene sus medidas en 'pro de la electrificación' en estas regiones menos electrificadas.

O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionalesPablo Echenique

En el caso de su negativa al peaje de las autovías, como comentan las mismas fuentes, su protesta se fundamenta en que el tejido industrial de estas tres regiones, de gran dispersión, dependen de la conexión por carretera. Una conexión que ya está siendo castigada con la subida de los hidrocarburos y el aumento del impuesto de matriculación.

La oposición tampoco le dará tregua con los peajes. La medida casa con las doctrinas de Bruselas y, como explican desde el entorno del Partido Popular a este medio, "tiene un gran lógica económica". Pero ni el PP ni, por supuesto Vox, perderán la oportunidad para sacar rédito de este 'callejón sin salida'.

Sánchez sí espera contar con el respaldo de los nacionalistas catalanes, ERC y PdeCat, ya que este sistema está muy implantado en Cataluña. El PNV también opta al papel de 'aliado'. Euskadi tiene "otras preocupaciones", comentan, y es una medida que se refleja en provincias como Gipuzkoa que está a punto de cerrar el círculo de los peajes en sus vías de alta capacidad.

Sánchez busca dos objetivos

El Gobierno pretende con los peajes en las autovías conseguir dos objetivos. Por un lado, “la  internalización de los costes de mantenimiento y explotación de la infraestructura y de los costes externos sociales y medioambientales, para lo que sería necesario realizar previamente un análisis de la fiscalidad del transporte por carreteras”. 

El otro logro que pretende es que “los órganos gestores de las carreteras” cuenten con “fuentes de financiación finalistas” para asegurar la adecuada conservación de nuestro patrimonio viario, independientes de los ciclos presupuestarios públicos. Dos metas que lograría tanto con la recaudación de los peajes con una nueva empresa pública como con su gestión con la SEITT.

Una nueva empresa pública

Mientras los acuerdos parlamentarios llegan, el Ministerio de Transportes avanza en este iniciativa. Una de las opciones encima de la mesa es la creación de una empresa pública, similar al modelo de Aena, para que esta recaudación tenga un carácter finalista que sirva tanto para la conservación de las infraestructuras como para la financiación de la transición energética en la movilidad por carretera. 

Este organismo público dependería del Ministerio de Transportes para gestionar de forma autónomas las tarifas de los peajes, como explican fuentes cercanas al Gobierno. Una vía que permite al organismo que actualmente lidera Raquel Sánchez retener los fondos que genere este actividad en esta empresa y no entregarlos en forma de tasas al Ministerio de Hacienda.

Los estudios que ya se manejan tanto en Transportes como en los ministerios económicos de Pedro Sánchez también plantean la posibilidad de gestionar estos peajes a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Esta sociedad, que se encarga de presidir el secretario General de Infraestructuras, se encarga de la gestión y control de la construcción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal.  

Transportes aseguraba, tras la consulta de Vozpópuli, que "en ningún caso hay estudios avanzados" sobre estas dos opciones. La alternativa que pierde fuerza para el Ejecutivo es entregar la gestión del cobro a un operador privado vía concesión.