La asesoría de Trillo investigada por Hacienda facturó 100.000 euros al PP en pleno 'caso Gürtel'

La asesoría del embajador de España en Londres y exministro de Defensa, Federico Trillo, no sólo hizo negocio con la constructora Grupo Collosa, beneficiada en los parques eólicos de Castilla y León. Este despacho, Estudio Jurídico Labor, bajo la lupa ahora de Hacienda por el cobro de 354.560 euros de Collosa en tres años, también prestó servicio al PP en una de las épocas más comprometidas del partido, en pleno caso Gürtel. Según documentación de la contabilidad oficial del PP a la que ha tenido acceso Vozpópuli, esta sociedad de Trillo facturó a Génova dos trabajos de asesoría jurídica en 2009 por valor de casi 100.000 euros. 

Tal y como consta en estos extractos de la tesorería popular, el primero de los pagos a Estudio Jurídico Labor se formalizó el 7 de abril de 2009 y su importe ascendió a 30.000 euros. Esta operación se efectuó ocupando Trillo un puesto destacado en el organigrama de Génova: era secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP (2008-2011). Justo en los dos meses previos a esta contratación estalló el caso Gürtel. En febrero, el exjuez Baltasar Garzón había decretado prisión incondicional, entre otros, para Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, y para Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, mientras que la Fiscalía había implicado al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los famosos trajes. El extesorero del PP Luis Bárcenas fue imputado aquellos días. En marzo, el exinstructor de la Audiencia Nacional se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Desde Génova apoyaban abiertamente a sus cargos implicados.

El segundo de los encargos a Estudio Jurídico Labor tiene fecha, según la transferencia bancaria del pago, de 23 de diciembre de 2009. La cantidad aquí se elevó a 69.600 euros. Una cifra muy superior a los honorarios habituales que venía abonando la dirección del PP en su área de de asesoría jurídica. De hecho, dentro de dicho campo, este pago a la consultoría de Trillo fue el segundo de mayor cuantía del ejercicio, sólo por delante de los 75.000 euros que percibió un prestigioso bufete de abogados con proyección internacional. En total, los populares gastaron aquel año en este concepto un total de 528.225 euros, destinando el 13% de este monto a la consultoría de Trillo.

El pago de 69.600 euros a la consultoría de Trillo fue el segundo mayor de asesoría jurídica que registró el PP en el ejercicio 2009

De esta segunda operación había señalado este diario que el objeto del contrato era la "coordinación de las defensas" de varios imputados en la trama Gürtel, entre ellos el extesorero popular Luis Bárcenas. Pese a que el abogado Jorge Trías, amigo de Bárcenas, se ofreció a Génova para llevar la representación legal del PP, por supuesto, cobrando por ello, la cúpula popular, con María Dolores de Cospedal de secretaria general, desestimó esta opción y optó por su responsable de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo. El gabinete jurídico de Génova era entonces reducido y requería externalizar su abundante carga de trabajo.

El exministro de Defensa posee el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor, mientras que el resto se lo reparten sus hijos: Mercedes y Federico Trillo-Figueroa Molinuevo. Ambos figuran como administradores solidarios de esta entidad, creada en 2004 cuando su mayor accionista dejó el Gobierno. Como apoderada reza Ana María Herrero García, secretaria de Trillo durante su etapa como presidente del Congreso de los Diputados. Esta sociedad, según consta en el Registro Mercantil, cerró sus cuentas de 2013 con una cifra de negocio de 22.000 euros y pérdidas de 50.034,16. En 2012, la consultora manejó 105.000 euros, pero también cerró en negativo de 13.321,66.

Las ganancias de Estudio Jurídico Labor se resintieron coincidiendo con la estancia de Trillo en Londres. En cambio, mientras estuvo en Madrid como diputado y responsable de Justicia del PP, los números fueron muy positivos. Por ejemplo, en 2009, año de los trabajos para Génova, el volumen de negocio ascendió a 415.862,07 euros, obteniendo beneficios por 167.874,56.

Tanto el embajador de España en Londres como el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, cuya consultora Sirga XXI también cobró 75.000 euros del Grupo Collosa, han reconocido que ingresaron estas cantidades, pero han remarcado que cumplieron todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales. Según el diario El País, Hacienda no ha hallado informe alguno que justifique estos cobros, por lo que el asesoramiento habría sido verbal. En un comunicado, el exministro de Defensa apunta a la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes".

El PP ha salido en defensa de Trillo y Pujalte. Por ejemplo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ve entendible que los diputados puedan complementar su sueldo -"de los más bajos de la UE"- con una actividad privada, siempre que no guarde relación con el sector público y se cumplan las normas de incompatibilidades. Tanto Trillo como Pujalte recibieron en su día la autorización de la Cámara baja para compaginar el escaño con la abogacía.

Por su parte, el PSOE ha acusado al PP de confundir desde hace "mucho tiempo" los intereses públicos con los privados y ha apostado por implantar la "dedicación exclusiva" de los parlamentarios. Más allá ha ido el portavoz de Economía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, para quien cada día que pasa se confirma que en el PP no hay "manzanas podridas" sino una estructura "corrupta y corrompida". El candidato de IU a La Moncloa ha reclamado una ley de incompatibilidades "mucho más estricta".