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País Vasco

Víctimas, partidos y guardias civiles contra el acto por el etarra Parot en Mondragón

El pasado julio este diario detallaba la manifestación prevista para el 18 de septiembre. Diversos colectivos piden su suspensión. La delegación del Gobierno traslada el asunto a la Audiencia Nacional

Víctimas, partidos y guardias civiles contra el acto por el etarra Parot en Mondragón
Imagen de una reciente protesta en Plentzia a favor de los reclusos etarras. Covite

El pasado 21 de julio Vozpópuli publicaba los detalles de la "marcha solidaria" por el etarra Henri Parot, convocada para septiembre en Mondragón (Guipúzcoa). Desde entonces, muchas han sido las reacciones sobre este acto en favor del autor de 39 asesinatos. Víctimas de ETA, varios partidos políticos y un sindicato de guardias civiles reclaman que se impida la celebración de esta protesta. Los organizadores siguen adelante pese al revuelo generado y las críticas recibidas. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya tiene sobre la mesa el asunto.

Después de que este diario narrase cómo iba a ser la protesta que se celebra en el marco del ya tradicional "día LKRTSN en recuerdo de los presos y refugiados políticos vascos", otros medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la misma. Las reacciones de numerosos colectivos se han sucedido en las últimas semanas.

Primero llegó la indignación de las propias víctimas de ETA. Diferentes colectivos como la AVT o Covite han criticado con dureza la celebración de esta marcha en Mondragón. La Fundación Villacisneros fue más allá al pedir que se impidiera el acto. Esta asociación presidida por Carlos Urquijo, veterano del PP vasco, envió tres misivas al delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, al consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, y a la alcaldesa de Arrasate, María Ubarretxena, en las que también les pedía la "marcha solidaria" no se celebrase.

En la Audiencia Nacional

En esa misma línea se movió Vox, que reclamó en un escrito la suspensión de la manifestación también ante delegación del Ejecutivo en el País Vasco. Lo mismo hizo la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), que agrupa a unos 12.000 agentes del instituto armado, que además pidió tomar cartas en el asunto al Gobierno vasco y a la Fiscalía General del Estado con tal de prohibir la celebración en recuerdo del preso condenado por 39 crímenes. En paralelo, el PP presentó una iniciativa al respecto en el Parlamento vasco reclamando explicaciones.

Ante este aluvión de peticiones para que se suspendiera el acto, la delegación del Gobierno evitó pronunciarse al respecto, aunque dispone de competencias en la materia, y prefirió trasladar el asunto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha encargado sendos informes a la Policía y la Guardia Civil sobre el acto convocado en Mondragón.

Los organizadores siguen adelante

Como detalló este diario, está previsto que la marcha parta a las 12 de la mañana de la Plaza Biteri de la localidad y dure 31 kilómetros en recuerdo de los 31 años que Parot lleva encarcelado. Durante esa distancia tomarán parte 31 personas que se pasarán un testigo para recordar la larga pena del terrorista. Organizan el evento la plataforma Sare y el colectivo Elkartasun Eguna. Pese al revuelo generado, siguen adelante con sus planes.

Más en concreto, los organizadores del evento han defendido tanto en las redes sociales como en la comparecencia de uno de sus portavoces que esta manifestación es "una reivindicación legítima" porque se celebrará "para denunciar legislaciones excepcionales que como la ley 7/2013, que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos". "Dado que uno de estos presos condenados por esta ley, es Unai Parot, con lazos familiares en Arrasate, es por lo que la convocatoria se hace en esta localidad", matizaban en Twitter.

Así las cosas, la Audiencia Nacional tiene ahora mismo la última palabra acerca de este polémico acto previsto para el 18 de septiembre. En los últimos años, las asociaciones de víctimas de ETA han fracasado en sus repetidos intentos de prohibir homenajes o protestas semejantes.

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