El vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Antonio Padrón, ha enviado un escrito al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Soule, Santiago Pedraz, en el que considera la decisión del magistrado de enviarle a prisión como "injustificada", "desproporcionada" e "innecesaria".

"No existe ningún riesgo de fuga, ni peligro de destrucción u ocultación pruebas, ni de obstrucción a la acción de la justicia ni de reiteración delictiva", concluye el escrito elaborado por la defensa de Juan Antonio Padrón, que sostiene que el ingreso en prisión "constituye una verdadera pena anticipada".

El documento remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda al juez que Padrón tiene 81 años y las limitaciones físicas inherentes. "Ha sido recientemente sometido a una intervención quirúrgica que requiere de continuos controles médicos y sufre de problemas cardíacos y de tensión arterial", por lo que considera evidente que no hay riesgos de que el vicepresidente de la Federación se fugue de España.

En este sentido, el letrado destaca que Padrón tiene arraigo en España, "ya que tiene domicilio estable y conocido, dónde reside solo con su mujer de 79 años, que precisa de sus cuidados y atenciones, lo que hace impensable que exista riesgo de fuga, pues ello daría lugar a su abandono, en una situación en la que es necesario un apoyo mutuo del entorno familiar y de amistades, para la tranquilidad y el sosiego que en estos momentos necesita". 

Sin visitas de la mujer

Asimismo, el letrado alude en su escrito a los "efectos perniciosos" que tiene la prisión preventiva en los familiares, ya que la mujer de Padrón "ni siquiera puede acudir al centro penitenciario". Al mismo tiempo que el vicepresidente de la Federación no dispone de bienes o relaciones estables en el extranjero "que pudieran hacer nacer la más mínima sospecha de vinculación con un tercer país".

El juez Santiago Pedraz.

El documento critica el ingreso en prisión porque constituye "una verdadera pena anticipada que no obedece a ninguno de los fines que permiten limitar el derecho fundamental a la libertad personal", completa el letrado defensor de Juan Antonio Padrón.

El abogado, que reclama al instructor que decrete la libertad provisional del vicepresidente de la Federación, considera menos "gravosa" para su cliente "la libertad vigilada [que la cárcel], con obligación de permanencia en el domicilio, con sistemas de localización electrónica y la prohibición de comunicarse con las personas que considere el juzgado".

Padrón propone que se instalen en su domicilio inhibidores de frecuencia para impedir el uso de aparatos electrónicos y que le corten el wifi

Y para impedir que Padrón pueda comunicarse con el resto de imputados, el letrado sugiere instalar una tecnología para impedir sus llamadas: "Lo que podría garantizarse con la mera instalación de inhibidores de frecuencia en su domicilio para impedir el uso de aparatos electrónicos y el corte de suministro de cualquier línea wifi, o cualquier otro medio técnico que se considere necesario".

En cuanto a la posibilidad de que Padrón pueda reiterar sus delitos, el letrado asegura de forma categórica: "No hay ninguna posibilidad de que en libertad pueda llevar a cabo actividades ilícitas", ya que "las numerosísimas diligencias de investigación practicadas, las órdenes de bloqueo de cuentas y las entradas y registros efectuadas no dejan ningún margen de maniobra a mi representado", completa el escrito de defensa de Padrón.

Una lesión flagrante

El letrado considera, por todo ello, que la decisión de Pedraz de enviar a la cárcel a Padrón atenta a sus derechos constitucionales: "Por el solo hecho de que se le imputan varios delitos, sin que se haya acreditado, y ni siquiera motivado, la concurrencia de los presupuestos de la prisión preventiva, constituye una lesión flagrante de su derecho constitucional a la libertad personal".

Mientras tanto, el juez Pedraz prosigue con sus interrogatorios en la Audiencia Nacional, cuyo contenido permanece secreto. Este jueves, el exaministrador general de la Federación Española de Fútbol José María Castillón ha negado que el organismo deportivo cometiese irregularidades. Tampoco ha sospechado nada del hasta ahora presidente del mismo Ángel María Villar, en prisión incondicional desde el pasado jueves por liderar presuntamente una trama de sobornos en la RFEF.

Así lo ha manifestado Castillón a los medios de comunicación al salir de la Audiencia Nacional donde ha declarado durante cerca de dos horas ante el juez instructor Santiago Pedraz. "Estaba ajeno a todos estos temas tanto de Padrón como de Villa y así se lo he explicado", ha dicho Castillón.

En este sentido, tras abandonar la sede judicial, ha defendido su gestión: "No ha habido irregularidad nunca" en la RFEF. De hecho, ha precisado que él tiene "una forma de ser muy seria y legítima y legal" y que, por tanto, si hubiese sospechado de "alguna cosa" lo habría denunciado.

"No se ha saqueado nada"

También ha declarado, como testigo, el recién nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, que ha defendido la legalidad de las actuaciones del organismo deportivo y ha negado la existencia de una trama de corrupción en el organismo así como el presunto cobro de comisiones irregulares por parte de las personas vinculadas a la trama. "Aquí no se ha saqueado nada", ha dicho.

Juan Luis Larrea en la Audiencia Nacional.

Asimismo, Ángel María Villar presentó este jueves por carta su dimisión como vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, informaron a Efe fuentes del órgano rector del fútbol europeo.