La comisión del Pacto de Toledo se reunirá este martes para votar las recomendaciones de reforma de las pensiones con las que se van a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y se van a promover ajustes que hagan viable el sistema público antes de que comience la jubilación del ‘baby boom’ a partir de 2023.

Tras varios años de trabajos marcados por la falta de entendimiento político en un contexto electoral, el Pacto de Toledo ha logrado cerrar un texto que prevé recibir un apoyo mayoritario en el Congreso.

Se trata de una veintena de recomendaciones para reformar las pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, viene integrando en sus trabajos.

En concreto, los portavoces parlamentarios han acordado subir las pensiones con el IPC real y garantizarlas por ley, para lo que se dio un paso adelante en 2018 cuando los portavoces del Pacto de Toledo alcanzaron un preacuerdo para suspender la aplicación de la reforma de pensiones de 2013 y evitar que las pensiones siguieran subiendo el mínimo legal del 0,25%.

Revalorización de las pensiones

Con ello, en 2018 las pensiones se revalorizaron inicialmente un 0,25% y con el Gobierno del PSOE, tras prosperar la moción de censura, se elevó la subida al 1,6% con carácter general, y al 3% para las mínimas y no contributivas. En 2019 se aprobaron esas mismas subidas y para 2020, un incremento del 0,9%.

Para 2021, el Ejecutivo ha perfilado en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas una subida con los precios sin determinar el porcentaje, aunque señala que el deflactor del PIB -indicador que mide los precios de todo los bienes y servicios producidos- del 0,9%.

El Pacto de Toledo también aconseja en el borrador que entrará a la comisión el martes que continúe la separación de fuentes de financiación y que las cotizaciones sociales sean destinadas “exclusivamente” a financiar prestaciones contributivas.

Para que el Estado asuma las restantes, apunta a que lo haga vía financiación tributaria y con cargo a los Presupuestos Generales, según un calendario que permita superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023.

Para ello, el Ministerio ya tiene cuantificados casi 23.000 millones de euros de gastos “impropios” que, de liberarse de ellos en 2023, se cerraría el déficit.

Jubilación a los 66 años en 2021

En cuanto a la jubilación, considera que la edad efectiva de jubilación debe acercarse a la edad legal, que en 2021 será de 66 años; aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación mejorando la compatibilidad de la pensión y el trabajo, y apuesta por evitar las prejubilaciones adaptando los incentivos existentes, sin menoscabo de atender a las situaciones de vulnerabilidad que no aconsejen alargar la vida laboral.

Las líneas de actuación del Ministerio de Seguridad Social se dirigen a promover la jubilación demorada con mayores incentivos y con fórmulas de compatibilidad del trabajo y la pensión, así como corregir los elementos “distorsionantes” de las jubilaciones anticipadas voluntarias dado que los coeficientes reductores de la pensión repercuten en mayor medida sobre quienes han cotizado por una base menor.

El Pacto de Toledo también contempla que, en los casos de carreras laborales muy prolongadas, se podría valorar descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger un tramo específico sobre el que calcular la cuantía de la pensión.

En un entorno de avance de la digitalización en el mundo laboral, el Pacto de Toledo apunta, por una parte, que “si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”. Desde UGT se viene defendiendo un impuesto a los robots.

Por otra parte, el borrador incide en “combatir la economía informal” ligada a las plataformas digitales y el uso fraudulento de la figura del falso autónomos. El departamento de Trabajo y Economía Social está preparando una norma para clarificar el carácter laboral de los trabajadores en las plataformas y evitar que ejerzan como autónomos.

Precisamente, respecto a los autónomos, el Pacto de Toledo plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno.

Por último, pide fomentar, particularmente, los planes de pensiones privados ligados al empleo, para lo que los planes del Ejecutivo pasan por desplazar la fiscalidad favorable de los planes individuales a los de empleo y reducir su coste de gestión.