Tribunales

El juez recrimina a Pablo Iglesias que ocultara la tarjeta robada a la exasistente de Podemos

El magistrado ha hecho hincapié en que el líder de Podemos "tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo" 

El videpresidente Pablo Iglesias contesta a Teodoro García Egea.
El videpresidente Pablo Iglesias contesta a Teodoro García Egea. EFE

"La omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer". El juez del caso Villarejo ha acordado mantener al líder de Podemos sin la condición de "perjudicado" y "ofendido" en la pieza separada número diez de la causa, en la que se investiga el presunto robo y posterior publicación del contenido del teléfono móvil de Dina Bousselham, quien fuera asistente del ahora vicepresidente.

En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado ha señalado que la "pasividad" de Iglesias "resulta incoherente con las manifestaciones" que dio en sede judicial. Por ello, ha considerado pertinente "confirmar (de nuevo) que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso". "Si la publicación de la noticia en OK Diario le pareció muy coherente con el hecho de que la sustracción de la tarjeta fue un encargo profesional, entonces, ¿por qué no hizo nada?", ha indicado.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde de esta forma al escrito presentado por la defensa de Iglesias en el que requería la rectificación del juez. El magistrado, sin embargo, ha hecho hincapié en que Iglesias "tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo". 

Vínculo con Villarejo

"Este dato debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por Iglesias, entre Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham. Como se dijo, aunque no puede descartarse totalmente que la fuente del medio OK Diario fuese Villarejo, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas", ha señalado el instructor.

"Es importante remarcar", prosigue el juez en su resolución, que Iglesias "recibió la tarjeta y no le dijo nada a Dina Bousselham pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular, y que además la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita". Y por esta omisión, la exasistente no pudo informar en 2017 al Juzgado de Alcorcón que investigaba el robo de que ya habían recuperado la tarjeta SD.

Iglesias recibió la tarjeta y no le dijo nada a Bousselham pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular, y que además la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita"

Por eso, al instructor le llama la atención que Iglesias mantuviera la tarjeta en su poder, "sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la misma, pese a observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", destaca la providencia.

Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno no devolvió la tarjeta a Dina Bousselham, "ocultándole que la detentaba, y no lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en julio de 2016, tras la publicación de las imágenes en OK Diario, pese a constatar la coincidencia con el contenido de la tarjeta sustraída que él mismo había visto meses atrás", concluye la resolución.

Al instructor le llama la atención que Iglesias mantuviera la tarjeta robada en su poder, "sin poner este hecho en conocimiento de la titular de la misma, teniendo en cuenta el carácter degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham, su compañera de partido"

La resolución del magistrado tiene lugar después de que el pasado 25 de mayo retirara la condición de "perjudicado" y "ofendido" al vicepresidente segundo del Gobierno. En aquella ocasión, el instructor indicó que de las actuaciones practicadas no se podía "inferir" la "ilicitud de la actuación del medio de comunicación OKDiario o de sus responsables". 

La exasesora de Podemos Dina Bousselham (i).
La exasesora de Podemos Dina Bousselham (i). EFE

"El auto de 25 de mayo de 2020 explicaba las razones en las que se sustentaba la decisión acordada. Aunque dicha resolución ya atiende a varios de los alegatos expuestos en el recurso, esto no es óbice para dar nueva respuesta a las diferentes cuestiones planteadas en el escrito, anticipando, desde este momento, la desestimación del recurso y la confirmación de la decisión acordada en su día", ha precisado.

La propia Bousselham declaró en sede judicial que el líder de Podemos sabía lo que había dentro de la tarjeta porque él mismo se lo dijo. Según ha precisado el juez, "es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no solo porque Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la señora Bousselham, sino lo más relevante; el estado en que se la devolvió”.

Investigación en la Audiencia Nacional

El juez adoptó la decisión tras escuchar por segunda vez en sede judicial a Bousselham. Aquel interrogatorio se centró en la actuación de Iglesias. La exasistente aseguró que el líder de Podemos le entregó "destruida" la memoria SD del móvil que le habían robado en 2015. Se refería a la tarjeta del teléfono cuya información fue publicada por OKDiario y encontrada después entre los archivos del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 está intentado esclarecer quién destruyó la tarjeta.

Tal y como publicó Vozpópuli, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD. Esta investigación será clave para determinar si Iglesias la inutilizó de forma deliberada, según explican a este diario fuentes jurídicas. En concreto, el trabajo policial encargado por el juez pretende comprobar si la memoria fue destruida de forma expresa, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham; o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo, según indica un escrito firmado el 27 de mayo por la exasistente, y que fue enviado al Juzgado.

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