La UCO rastrea once años de contratos del Gobierno de Imbroda en busca de amaños

¿A cuánto asciende el fraude destapado por la Guardia Civil en la 'Operación Tosca'? Esta es una pregunta aún sin respuesta. La Guardia Civil analiza decenas de contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Melilla presidido por Juan José Imbroda (PP) a las tres empresas presuntamente implicadas en la trama de corrupción desmantelada el pasado martes. Lo hace desde hace un año, cuando los especialistas en delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron por primera vez las sedes de tres consejerías del Ejecutivo autónomo e intervinieron abundante documentación. Una de ellas fue la de Seguridad Ciudadana, cuyo actual responsable, Francisco Javier Calderón Carrillo, y su antecesor, Ramón Antón Mota, han sido ahora imputados. Además, el que fuera director general con ambos, Gregorio Castillo, se encuentra entre los 15 detenidos. Del material intervenido en la sede de este departamento, los agentes estudian nada menos que once años de adjudicaciones, desde 2004 a la actualidad, con una mercantil en concreto: Eulen, una importante empresa de seguridad que figura como gran beneficiada de los contratos.

La Consejería de Seguridad Ciudadana y la empresa Eulen son las más afectadas por el escándalo: la Guardia Civil investiga todos los contratos firmados entre ambas desde 2004

Esta mercantil es, de hecho, el epicentro de una de las tres 'ramas' en las que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, ha dividido la investigación. En las otras dos se encuentran Himosa e Hispanagua, dos sociedades dedicadas al suministro de electricidad y agua, respectivamente, y que supuestamente también recibieron trato de favor de algunas consejerías del Gobierno de Imbroda. Sin embargo, es Eulen la que, a la vista del estado actual de las investigaciones, acumula mayor número de adjudicaciones supuestamente irregulares. De hecho, según fuentes cercanas a la investigación, además de con la Consejería de Seguridad Ciudadana, esta empresa de seguridad también se hizo de modo supuestamente fraudulento con el negocio de los cursos de formación que organizaba Proyecto Melilla SA (Promesa), una sociedad pública también salpicada por la 'Operación Tosca'. Su gerente, Carolina Gorgé, se encuentra entre los arrestados.

El periodo investigado en estas dos sociedades es, siempre según las fuentes consultadas, menor que en el caso de Eulen. Así, de Hispanagua, el análisis de centra en el periodo 2005 a 2010, 'sólo' cinco años. Esta mercantil es filial del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de Madrid, aunque hasta ahora los investigadores no han encontrado implicación de ningún responsable de esta última. Actuaba autónomamente, según apuntan las fuentes consultadas. Entre los detenidos por esta rama de la investigación se encuentra quien fuera responsable de la compañía en Melilla hasta 2013, Gerardo Díaz, actual gestor de Canal Gestión de Lanzarote, isla donde fue arrestado el martes. Las adjudicaciones a la tercera empresa bajo sospecha, Himosa, llegan hasta la actualidad. Entre ellas, la que le permitió hacerse con el contrato de mantenimiento del alumbrado público de la ciudad.

Una agencia de viajes bajo sospecha

Por consejerías, las dos más salpicas por las pesquisas de la UCO son la ya mencionada de Seguridad Ciudadana y la de Medio Ambiente. De ésta última, al igual que de la primera, están imputados su actual responsable, José Ángel Pérez Calabuig, y su predecesor, Ramón Gavilán Aragón. Ambos estaban ya encausados en la primera fase de la investigación, la que se inició en 2012 al descubrirse irregularidades en una serie de contratos menores de mantenimiento de los jardines de la ciudad autónoma y que terminaron desembocando en octubre de 2013 en la 'Operación Ópera'. En esta ocasión, ambos serán vueltos a llamar por el juez Ramírez Peinado en los próximos días. En el caso del primero, Pérez Calabuig, el escándalo ha alcanzado también a, al menos, un miembro de su familia: su mujer. Siempre según fuentes cercanas a la investigación, la agencia de viajes que ésta regenta se encuentra bajo sospecha. La UCO analiza si alguna de las tres empresas investigadas contrataba en exclusividad los desplazamientos de su trabajadores con ella como supuesto 'pago' por las adjudicaciones que recibían.

La UCO no ha tenido aún tiempo de profundizar en una de las líneas de investigación abiertas: las adjudicaciones de la viceconsejería de Festejos 

De hecho, hasta ahora las pesquisas no han detectado entregas de dinero en metálico a ninguno de los funcionarios o cargos públicos supuestamente implicados. Tampoco regalos. Pero sí 'favores'. Los investigadores sitúan entre éstos las compras en la agencia de viajes de la mujer del consejero de Medio Ambiente. Otro supuesto pago 'en diferido' realizado por las empresas es el alquiler a precios por encima de mercado de locales que pertenecían a miembros de la Administración o familiares. O, simplemente, dar trabajo a allegados y amigos de éstos últimos en las compañías o en filiales de la misma. Todo apunta a que no había una norma fija y que cada empresa negociaba la forma de 'compensar' las adjudicaciones, señalan las fuentes consultadas que insisten en que la UCO ha recabado ya numerosas pruebas e indicios de esta concertación para amañar contratos entre las empresas, por un lado, y los cargos públicos y funcionarios, por otro.

Entre estas pruebas, el sumario cuenta con gran cantidad de correos electrónicos intercambiados entre directivos de las empresas y los responsables de las diferentes consejerías. En algunos, se leen mensajes en los que se recogen explícitamente cómo se fraguaban las supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones. Entre ellas, que fueran las propias mercantiles las que redactaban los pliegos de los concursos de tal manera que los ajustaban a su oferta para ganar. En esta línea de investigación, la UCO se ha encontrado con un obstáculo: muchos de los mensajes que esperaban hallar en los servidores informáticos del Gobierno de Melilla por haber sido enviados o recibidos en las cuentas de correos de los altos cargos implicados habían sido borrados. Por fortuna, los agentes los han encontrado en los ordenadores de los directivos de las tres empresas implicadas en la trama. Forman parte de la abundante documentación intervenida, tanto el pasado martes como en febrero de 2014, durante la primera pase de la 'Operación Tosca', y que aún no ha sido completamente analizada. Sólo entonces se podrán cuantificar las cifras del fraude. No obstante, las fuentes consultadas recuerdan que hay líneas de investigación en las que aún se ha avanzado poco por la envergadura del fraude detectado. Se trata de las contrataciones de la viceconsejería de Festejos, otro de los departamentos del Ejecutivo de Imbroda bajo sospecha. La 'Operación Tosca' no ha acabado, ni mucho menos. 

EL JUEZ, IMBRODA Y LAS "IRREGULARIDADES AMDINISTRATIVAS"

Desde que el martes la Guardia Civil realizara la detención de los 15 presuntos implicados en la trama de amaño de contratos y se imputara a otras 20 personas, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha comparecido en dos ocasiones ante los medios de comunicación con un único mensaje: en la ciudad autónoma no hay corrupción, solo "irregularidades administrativas". En estos días, el juez que instruye la causa también se ha pronunciado en un par ocasiones a través de sendas notas difundidas por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de quien dependen los órganos judiciales de las dos ciudades españoles norteafricanas. En la primera de ellas, el magistrado dejaba ver la gravedad de las acusaciones e, incluso, que las imputaciones iban a llegar hasta, al menos, tres miembros del gobierno autónomo, como así ha sido. En la segunda, hecha pública ayer por la tarde, informaba de la puesta en libertad de los 15 detenidos. Eso sí, para evitar que dicha decisión fuera aprovechada por Imbroda y el PP para descalificar la 'Operación Tosca', el juez dejaba claro que todos ellos permanecían con cargos y con la obligación de comparecer en el juzgado. Además, recalcaba que su no ingreso en prisión venía motivado, únicamente, porque no había riesgo de fuga ni de que pudieran destruir pruebas. La nota también remarcaba la gravedad de las acusaciones: prevaricación, revelación de secretos, cohecho, fraude y malversación. Todo un elenco de acusaciones que nada tienen que ver con las "irregularidades administrativas" en las que se parapeta Imbroda.