Denuncias aisladas de concejales y funcionarios desataron la última redada de Cataluña

La denominada operación Térmyca, donde se han practicado medio centenar de registros por toda España y Andorra en los que han participado 342 agentes de la Guardia Civil, es la suma de cuatro procedimientos judiciales iniciados por jueces distintos repartidos en varios municipios de Tarragona: Tortosa, Gandesa, Reus y El Vendrell. La unión de todos ellos dio lugar este martes a la macrorredada que ha puesto en jaque a una veintena de ayuntamientos de nuestro país.

Según explican fuentes de la investigación a Vozpópuli, esos cuatro procedimientos judiciales arrancaron como causas independientes abiertas a raíz de las distintas de denuncias de políticos de PSC y ERC -en concreto, un ex alcalde del Partido Socialista y la ex concejal de Esquerra Montserrat Gassull- así como de funcionarios de varios de los ayuntamientos afectados, que decidieron llevar a los tribunales las irregularidades que estaban viendo en las distintas administraciones municipales. El denominador común en todos los casos es que se investigaban siempre contratos que la consultora Efial Consultoría S.L había suscrito con los distintos ayuntamientos de la zona. Sin embargo, ni el juez ni los fiscales ni la designada como Policía Judicial eran los mismos en los distintos procedimiento judiciales.

El origen de la operación Térmyca está en los contratos que la consultora Efial obtuvo a dedo en el Ayuntamiento de Torredambarra

Las primeras diligencias abiertas fueron las desarrolladas por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell, el juez Josep Bosch Mitjavila, y la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con la Guardia Civil, que afectaban al Ayuntamiento de Torredambarra y a su ex alcalde David Massagué. A partir de las actuaciones llevadas a cabo en la 'operación Turm' se encontraron los contratos amañados con Efial y se comenzó a tirar del hilo. 

Esos mismos amaños fueron denunciados en los juzgados de Tortosa, Gandesa y Reus. Salvo en la localidad de Gandesa, que actuaron los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial, en el resto de juzgados las pesquisas estaban siendo llevadas a cabo por miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Además, en estos tres procedimientos la investigación estaba asignada a la Fiscalía de Tarragona.

Los jueces se inhiben a El Vendrell

Sin embargo, a medida que avanzaban las distintas instrucciones los agentes del Instituto Armado se percataron de que el 'modus operandi' desarrollado en el consistorio de Torredambarra era idéntico al de Tortosa y Reus. Entonces, la Fiscalía de Tarragona advirtió de que había otra causa donde también se estaban investigando los contratos otorgados presuntamente a dedo a la consultora a Efial en Gandesa.

Anticorrupción reclamó que las distintas causas fueran asumidas por el juez de El Vendrell, Josep Bosch Mitjavila

Según ha podido saber este periódico, a partir de ahí, y tras varias reuniones entre Guardia Civil, representantes de la Fiscalía de Tarragona y Anticorrupción se decidió que el procedimiento debía aunarse en una sola causa y que ésta debía ser enviada al primer juzgado que detectó las supuestas irregularidades en torno a la consultora que preside Antonio Martos, es decir, a El Vendrell. Entonces, los fiscales Anticorrupción reclamaron la competencia para investigar los tres procedimientos que estaban llevando sus colegas de Tarragona y éstas le fueron concedidas.

A partir de ahí, reclamaron al resto de juzgados que se inhibiese a favor del juez Bosch Mitjavila y así se hizo. El final de la historia es ya conocido. Este martes el joven magistrado de El Vendrell ordenó que se ejecutase una macrooperación contra la corrupción municipal en toda España que salpicó a empresas, ayuntamientos, despachos profesionales y una docena de personas contra las que se cursó orden de detención. Está previsto que este jueves pasen a disposición judicial la mayor parte de los detenidos.