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España

Un imputado de la operación Madeja: "No me da miedo a que se den sobres de todo tipo"

Agentes de la Guardia Civil, durante el registro de la Diputación de Sevilla, en el marco de la operación.

Una nueva macrocausa de corrupción ha aterrizado en el juzgado más mediático de la Audiencia Nacional, el Juzgado Central Número 5 que dirige en la actualidad el magistrado José de la Mata. Se trata de la operación Madeja, que mutó a Enredadera en una segunda fase, y donde se investigan distintos cohechos y sobornos en trece provincias españolas que salpican a cargos de PP, PSOE e Izquierda Unida.

El auto, donde el juez De la Mata acepta la inhibición enviada por la juez Mercedes Alaya, es un manual de corrupción: empresas pantallas, dinero negro en sobres, facturación falsa, contratos públicos irregulares, mordidas

Prueba de esa imagen es la carta que la Guardia Civil se incautó en septiembre de 2013 en la oficina de José Antonio Gónzalez Baro, administrador de Fitonovo S.L, la empresa de servicios medioambientes que es el epicentro de esta trama corrupta. En dicha misiva, el administrador de Fitonovo recibe una oferta del imputado Carlos Javier Gamito González, asesor legal de esta compañía, que se ofrece a ser el administrador de la empresa Construcciones Verdes del Sur de Andalucía (Conversa). Dicha empresa consiguió a posterior la mayor adjudicación de contratación de zonas verdes en la ciudad hispalense por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

En la operación Madeja se investigan más de diez delitos de corrupción como cochecho, tráfico de influencias o prevaricación

En la carta, Gamito González le dice a José Antonio González Baro lo siguiente: "¿Qué te ofrezco siendo yo administrador y socio de una sociedad como es Parsiple SL y administrador de Conversa? Exención de toda responsabilidad de lo que se haga en la empresa. Como ya sabes el administrador es el único responsable de lo que se haga en la empresa. No me da miedo de nada, y cuando digo esto me refiero a que se den sobres de todo tipo".

A continuación, el empresario promete al administrador de Fitonovo "invisibilidad, seguridad y ningún apoderamiento. Sería yo quien firmara todos los contratos, de este modo te evitas que vinculen a alguna persona con Fitonovo S.L darle un poder".

"Juego de cartas con la tesorería"

Además, el asesor Gamito González le dijo que se aplicaría un "juego con las cajas de tesorería". "Con esto, quiero decir que la sociedad me puede auto-contratar para crear dinero B. La sociedad me pagaría la factura que desees por trabajos de determinados estudios jurídicos y yo te entregaría el dinero sacado de mi cuenta, descontando el IVA y alguna comisión si lo creyeras conveniente", añadió el imputado. González Baro fue finalmente seducido por Carlos Javier Gamito González, que se convirtió en administrador de Conversa en diciembre del año 2013.

El juez José de la Mata sospecha que Fitonovo S.L creó una infraestructura tanto operativa como contable "destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sostiene que para el pago de las comisiones concedidas entre los años 1995 y 2013, Fitonovo creó una caja B de la que salieron dádivas que ascendieron a 4,3 millones de euros.

Los sobornos se extendieron desde el Ayuntamiento de Sevilla, las diputaciones de Córdoba y Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, los consistorios de Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) hasta las gerencias de ADIF en Córdoba, Sevilla, Linares, Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona o Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura o el Gobierno canario.

Los hechos que se investigan en el caso Madeja serían constitutivos de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".  

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