Un informe policial recogido en el sumario de la 'Operación Kitchen' la que ha tenido acceso Vozpópuli plasma cómo el comisario Villarejo dijo a otro mando policial tener información que comprometía a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En concreto, sobre su presunta participación en un plan de "barrido" con material electrónico en el Congreso de los Diputados cuando ejercía de portavoz del grupo parlamanteria del PP en la Cámara Baja. 

"Los tres comentan cierta información de la que disponen que afectaría a la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría" a la que apodaban "La pequeñita", dice el informe. "En concreto la colaboración que personalmente habría prestado en el año 2009 o 2010 para que Rafael Redondo efectuase 'barridos' con material electrónico en el Congreso de los Diputados", añade. Redondo era el socio de Villarejo en sus negocios privados y, según el informe, actuaba a las órdenes de Villarejo.

La Policía también destaca que en la charla "se habló de 'una campaña de imagen que hizo ella' que se pagó 'con unas facturas chungas' que al parecer conservan Villarejo y De la Joya, acordando que Olivera traslade parte de esa información al Secretario de Estado". Se trata del empresario Adrián de La Joya y el comisario José Luis Olivera, en ese momento responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 

En el marco de esta causa, el juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigado el 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El magistrado asegura que, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, "resulta necesaria, útil y pertinente" la comparecencia del que fuera ministro del Gobierno de Mariano Rajoy, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en ese Ministerio: "Desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”, especifica la resolución.

Sin embargo, el instructor entiende que antes de resolver sobre la citación de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, "se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez [el 29 de octubre] que en su primera citación no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial". También han sido llamados a declarar como testigos cuatro trabajadores del Ministerio del Interior.