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España

El juez investiga operaciones por 100 millones en el caso que salpica al marido de la jefa Antifraude

Margarita García-Valdecasas y su marido, Alejandro Pérez Calzada, en una imagen de la web donde éste da cuenta de sus regatas.

Cerca de mil movimientos de dinero de Suiza a España y viceversa. Más de 100 millones de euros traspasados gracias a ellos. Y media docena de gestores de fondos bajo sospecha. La última fase de la 'Operación Falcó' que llevó la semana pasada a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a registrar varias viviendas, entre ellas la de Alejandro Pérez Calzada, marido de la actual máxima responsable de la lucha antifraude, centra las pesquisas en un grupo de operaciones bancarias realizadas desde el año 2006 hasta la actualidad a través de varias cuentas fiduciarias que el HSBC Private Bank de Suiza tenía abiertas, primero, en el Banco Santander y, a partir de 2013, en la filial española del BNP Paribas, según confirmaron a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, sospecha que a través de estos traspasos se blanquearon fondos mediante la evasión o repatriación de los mismos sin comunicárselo al fisco. El magistrado intenta averiguar ahora qué participación tuvieron en el mismo las entidades financieras y, sobre todo, esos seis gestores de fondos, entre ellos el esposo de Margarita García-Valdecasas, jefa de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF).

El rastreo ordenado en junio por el juez De la Mata sobre las cuentas que HSBC tuvo en el Banco Santander y en la filial española del BNP Paribas abarca desde el año 2016 hasta la actualidad

Las pesquisas se iniciaron gracias al análisis que los expertos de la Agencia Tributaria hicieron de la información en bruto que en su día entregó a la Justicia española Hervè Falciani, el informático italofrancés que extrajo del HSBC de Suiza los datos de miles de defraudadores de todo el mundo que ocultaban sus fondos en la entidad financiera. Tras aquel trabajo, la Fiscalía Anticorrupción presentó en la primavera de 2013 una denuncia en la Audiencia Nacional, donde el juez De la Mata abrió las Diligencias Previas 63/2013 que, hasta ahora, han permanecido secretas. En las mismas, el magistrado ha investigado a personas físicas y jurídicas que figuraban como titulares de cuentas en el gigante bancario. Las pesquisas de 40 de ellos, las que tenían en los depósitos del HSBC menos de 7 millones de euros, las remitió recientemente a órganos judiciales provinciales en función de la residencia de cada uno, para que sean ellos los que concluyan la investigación. Del resto, De la Mata se quedó con la instrucción y, de hecho, abrió una pieza separada para centrarla, precisamente, en un millar de movimientos sospechosos y el papel que en el mismo hubieran podido jugar el propio HSBC y varias sociedades de gestión de fondos. En este caso, además de los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, investiga uno de crimen organizado internacional.

El primer paso de dicho sumario que salió a la luz pública se produjo el pasado 3 de junio, cuando trascendió que el juez había enviado a la Guardia Civil a la sede central del Banco de Santander a realizar un requerimiento de información sobre varias cuentas que el gigante bancario tuvo abiertas en la entidad entre los años 2006 y 2013, cuando la entidad que hoy preside Ana Patricia Botín ejercía como su banco fiduciario en España. En aquella 'visita' participaron agentes de la UCO, expertos del Banco de España y dos fiscales Anticorrupción que 'volcaron' de los sistemas informáticos toda la información relacionada con varios centenares de operaciones sospechosas de lavado de dinero realizadas desde los depósitos del HSBC. Los investigadores intentaban con ello aclarar, sobre todo, "la trazabilidad de esos fondos", pero también si hubo "mala praxis" por parte de la entidad española por no alertar sobre dichos movimientos. Cuatro días después se repetía la operación, en este caso en la sede madrileña del BNP Paribas, que cobijo las cuentas del gigante bancario a partir de 2013. El objetivo era el mismo.

Un ex futbolista

Finalmente, el pasado 29 de junio, la 'Operación Falcó' daba su último paso conocido hasta ahora. Una decena de registros en domicilios particulares y en los puestos de trabajo de los gestores bajo sospecha. Entre ellos estaba Alejandro Pérez Calzada, el marido de la jefa Antifraude, quien había ocupado puestos de responsabilidad tanto en la sociedad Venture Finanzas, como en la filial española del banco suizo Mirabaud, que había adquirido aquella en 2011. De hecho, esta entidad financiera también recibió la 'visita' de los agentes de la UCO para requerirles información sobre dichos movimientos. Además del esposo de García-Valdecasas, otro gestor investigado tenía relación directa con esta entidad financiera. Es Luis Majó Platel, un antiguo futbolista profesional (jugó en varios equipos de la Segunda división hasta 1982 procedente de la cantera del Barcelona FC) que, según Mirabaud, ejerce "exclusivamente" labores de comercial "sin cargo alguno ni función directiva en la entidad". 

Entre los gestores investigados, hay varios relacionados con Venture Finanzas, el 'chiringuito' financiero que creó el marido de la jefa de la ONIF y que luego traspasó al banco suizo Mirabaud

Junto a ellos, también se registró el puesto de trabajo en JB Capital Markets de Joel David Alar, un ciudadano de origen estonio y nacionalidad estadounidense que había aparecido en la 'lista Falciani' desde un primer momento como titular de una cuenta en el HSBC de Suiza con algo más de 15 millones de euros. Los investigadores sospechan que dichos fondos no eran suyos y que, en realidad, dicho depósito, abierto en febrero de 2014, tenía como objeto 'cobijar' dinero de sus clientes. Además, Joel David Alar también aparece relacionado con otras sociedades de gestión, entre ellas Powerbook Gestión SL y Venture Finanzas, la sociedad de Pérez Calzada. La propia Margarita García-Valdecasas acusó explícitamente a esta persona de ser la responsable del registro que ella y su marido habían sufrido en su domicilio en el correo electrónico que envió el pasado jueves a los trabajadores de la ONIF tras estallar el escándalo.

Joel David Alar también aparece vinculado a María Belén Pérez-Minayo, otra titular de una cuenta en el gigante bancario. Ésta, a su vez, figura como apoderada de Azahar Servicios Financieros, un 'chiringuito' de inversión con conexiones con la Banca Privada de Andorra (BPA). Se da la circunstancia de que los investigadores creen que al menos una parte de los 100 millones pasaron por el pequeño país pirenaico en su camino hacia Suiza o de vuelta a España. En esta última sociedad trabaja también Carlos Alberto Sánchez Bienzobas, quien en su día también estuvo en Venture Finanzas, la empresa del marido de la jefa de la ONIF. Entre julio de 2015 y marzo de 2016, Sánchez Bienzobas trabajó como agente externo del Banco Sabadell en Madrid. Por ello, la Guardia Civil también requirió el pasado miércoles a esta entidad información sobre las operaciones realizadas por esta persona en esos nueve meses. Junto a todos ellos también aparece Santiago Sainz de Vicuña Anaya, consejero de Stock & Assets 03. El nombre de este segundo aparecía también en la 'lista Falciani', aunque en su caso no como titular de una cuenta en el HSBC, sino en las fichas de otros clientes, por lo que los investigadores le adjudican un papel de supuesto 'captador' de fondos para el gigante bancario.

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