La fundación Salud por Derecho despierta dudas sobre el retorno que tiene para los españoles lo que el Estado invierte en la innovación y desarrollo de la salud. La Open Society Foundation creada por el magnate George Soros es la primera en la lista de donantes de la web de esta ONG que denuncia ahora que la inversión pública española en salud no sigue criterios enteramente públicos. Así lo refleja en un informe publicado este martes que combina datos oficiales y encuestas a centros de investigación.
El estudio llama primeramente la atención sobre el peso que tiene el Estado en la inversión española en I+D de salud. La Administración Pública aporta el 62% de la inversión total, principalmente dirigida a centros de investigación. Es en el paso que media entre la investigación y la "transferencia de sus resultados" a las farmacéuticas donde la inversión pública se "invisibiliza".
Los resultados de una encuesta a las "49 principales entidades españolas" de investigación en biomedicina permiten a la ONG concluir que "la gran mayoría de los centros de investigación y las universidades cuenta con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual que no contemplan criterios de interés público", lo que pone en cuestión el retorno que tiene para los españoles la inversión pública en salud.
"Estos criterios", dicen desde la ONG, "serían medidas que ayuden a visibilizar la inversión pública cuando pasa a manos privadas; criterios de transparencia que faciliten el acceso a toda la información sobre
los proyectos e invenciones que han recibido fondos públicos y medidas que aseguren que los productos finales tendrán precios asequibles (...) Todo lo contrario, las licencias de explotación suelen ser en exclusividad, que dan lugar a futuros monopolios. Son muy habituales los acuerdos de confidencialidad, cerrando así la puerta al conocimiento compartido y a la transparencia en lo que respecta a la accesibilidad en los registros y resultados de la investigación biomédica generados a partir de la actividad científica financiada con fondos públicos".
Los ciudadanos estamos pagando mediante impuestos buena parte de la investigación que luego empresas privadas mercantilizan y venden al Estado"
"Decir que los españoles pagamos dos veces los medicamentos es una forma demasiado simplista de resumirlo, y no podemos confirmarlo al cien por cien porque nos falta información, pero lo cierto es que los ciudadanos estamos pagando mediante impuestos buena parte de la investigación que luego empresas privadas mercantilizan y venden al Estado", dicen los autores del estudio a Vozpópuli. La Administración, apuntan, "no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de la investigación pública".
En paralelo, esgrime el informe, "la industria habría mostrado mayor interés en fortalecer la colaboración con otras empresas que en financiar la investigación desarrollada en universidades y en centros públicos de investigación: la financiación empresarial en el sector público se mantiene por debajo del 10% y el gasto en compra directa de conocimiento se encuentra por debajo del 0,5% del total del gasto externo en I+D". Asimismo, destaca que "el sector farmacéutico es el principal beneficiario de las ayudas concedidas en el ámbito de la salud y la biotecnología por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, si bien sorprende que la gran mayoría sean compañías multinacionales o empresas consolidadas con un fuerte volumen de ventas".
Campaña por la "transparencia"
La pesquisa forma parte de una "campaña por la transparencia en la salud" que abandera la propia Salud por Derecho. Entre sus donantes aparecen, además la OSF de Soros - quien se entrevistó en secreto con el presidente de Gobierno Pedro Sánchez el pasado junio -, la Elton John AIDS Foundation y el New Venture Fund al que ha contribuido en ocasiones la Fundación de Bill y Melinda Gates.
De la misma campaña participan también fundaciones como No es Sano. Esta logró que el ministerio de Sanidad desvelara el pasado mes de noviembre los precios fijados para los fármacos que el Estado ofrece, tal y como informó ElDiario.es. Dichos precios oscilan entre los 7.000 y los 70.000 euros.
Fuentes de No es Sano han puntualizado a este periódico que el ministerio de Sanidad no ha informado hasta ahora de los criterios con los que ha fijado los precios, esto es, los criterios que ha seguido en la negociación con las farmacéuticas. Vozpópuli se ha puesto en contacto por este tema con el ministerio, sin obtener respuesta.