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España

Òmnium paga los 12.000 euros que le pedía el Supremo para perseguir a Juan Carlos I

Jordi Cuixart

Los representantes legales de Òmnium Cultural, la asociación independentista catalana liderada por Jordi Cuixart, -condenado a 9 años de cárcel por sedición-, han depositado los 12.000 euros que el Tribunal Supremo le reclamó para formalizar su querella contra Juan Carlos I, según explican fuentes jurídicas a Vozpópuli.

En concreto, el colectivo liderado por Cuixart abonó la suma total el pasado martes, según concretan las citadas fuentes. Y ese es el motivo por el que la Sala de vacaciones del Alto Tribunal ha acordado este miércoles rechazar las medidas cautelares que los independentistas reclamaban en la querella que interpusieron el pasado 3 de julio contra el ex Jefe del Estado por los presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Òmnium Cultural exigía que se retirara el pasaporte a Juan Carlos I y que también se le impidiera viajar fuera de España. La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles ambas solicitudes, tal y como había indicado el colectivo independentista en su querella. En una providencia, la Sala recuerda que el sistema procesal de España no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición se investigado, como es el caso de Juan Carlos l.

No está imputado

Hasta el momento, el rey emérito solo está siendo investigado en el seno de unas diligencias previas abiertas en junio pasado por un equipo de fiscales del Tribunal Supremo liderado por Juan Ignacio Campos. Por eso, Juan Carlos I no tiene la condición de imputado o investigado por un juez.

Fachada del Tribunal Supremo

Además, Òmnium Cultural envió el pasado martes un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que reclamaba que se activara la "búsqueda internacional" del monarca para que "rinda cuentas ante la Justicia".

Así lo anunció la entidad soberanista en un comunicado, recogido por la Agencia Efe, después de que el rey emérito informara a Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, según especifica un comunicado del Palacio de la Zarzuela.

"Borbón fugado"

Òmnium pedía que el rey emérito fuera citado de manera inmediata como investigado y que el juez le tomara declaración; además, instaba al Tribunal Supremo a activar la Unidad de Policía Judicial para que "urgentemente acredite dónde está el Borbón fugado".

Asimismo, la entidad que preside Jordi Cuixart exigía que "desde las instituciones involucradas se informe inmediatamente del paradero de Juan Carlos de Borbón y se le advierta de que su incomparecencia podrá provocar una orden de detención y la activación de los mecanismos de cooperación policial y jurisdiccional internacionales". En un tuit recogido por Vozpópuli, Cuixart también acusa al rey Felipe VI de aplaudir "la huida de un corrupto", en referencia a su padre, Juan Carlos I.

La petición de fianza para ejercer la acusación popular es una decisión habitual de los magistrados del Tribunal Supremo e incluso de otros tribunales. Por ejemplo, el Alto Tribunal también reclamó una cantidad idéntica, 12.000 euros, al Partido Laócrata para continuar con la querella por prevaricación que presentó contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 20 de enero, adelantado por Vozpópuli.

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