Cambio histórico en la Administración: se moverá a los funcionarios de puesto de trabajo

Ante el avance inexorable de la era digital, la Administración decide tomar cartas en el asunto y aprobar medidas de contingencia. Estas medidas son los planes de reestructuración que tienen pensados para determinados sectores o áreas de funcionarios que pierdan eficiencia o productividad ante los avances de la digitalización, lo cual pueda conllevar, entre otras, medidas basadas en la modificación de los puestos de trabajo, la movilidad del personal, la formación y la incorporación de efectivos de nuevo ingreso.

Estos planes ya estaban contemplados en la última reforma de la Administración Pública que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Real Decreto-ley 6/2023 para simplificar y digitalizar los procesos y procedimientos administrativos como parte de los retos a cumplir por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, necesarios para conseguir fondos europeos. Pues ahora, la orden del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que recogió el BOE el 30 de abril, dicta las directrices para la elaboración de estos planes de reestructuración que, para su ejecución, permitirá adoptar medidas como la movilidad del personal o el cambio de puesto de trabajo, actuaciones ya avaladas por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 1984.

La consecuencia directa de esta reestructuración para los funcionarios será que se les moverá de puesto de trabajo, según informa el propio CSIF, el sindicato con mayor representatividad entre los funcionarios.

La contratación de nuevos perfiles es otra posible medida

En el marco de todos estos planes de reestructuración, la Administración tendrá potestad para cambiar a los empleados públicos de puesto de trabajo, impulsar planes de movilidad, y además darles formación para que se adapten a las nuevas maneras de operar., sin verse superados. No obstante, a la par que puede retirar a los funcionarios de su puesto para darles un nuevo destino, también podrá contratar personal con perfiles más competentes para agilizar los procesos productivos.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalan que se negaron a avalar esta orden ministerial porque la Administración, que encabeza José Luis Escrivá, no especificó en qué consistirán los movimientos de puesto de trabajo ni cómo estos planes pueden influir al personal.

Evaluación de la productividad de los funcionarios

Una de las principales novedades que trajo esta reforma de la Administración Pública ha sido la de la evaluación anual de los funcionarios con el objetivo de medir y mejorar su productividad.

Estas pruebas medirán el desempeño de los empleados públicos y si obtienen una valoración negativa podrán perder su puesto de trabajo (aunque no la condición de funcionario), un debate que ha habido siempre entre la sociedad española sobre la intocabilidad de estos puestos laborales que cobran dinero público.

Aún así, la Administración permitirá un periodo transitorio y las primeras evaluaciones realizadas no tendrán consecuencias para el trabajador en los dos primeros años. El Ejecutivo aún tiene que desarrollar a través de una norma en qué consistirán estas nuevas pruebas.