El nacionalismo se queda sin dinero para afrontar las fianzas millonarias del Tribunal de Cuentas

La investigación iniciada por el Tribunal de Cuentas a los promotores de la internacionalización del procés independentista, como fueron el ex conseller de Exteriores, Raül Romeva, el exjefe del Diplocat, Albert Royo, y otros altos cargos del Gobierno de la Generalitat, ha aflorado la falta de recursos con los que cuenta actualmente el movimiento independentista para asumir los pagos exigidos por la justicia.

La llamada 'caja de solidaridad', a la que los ciudadanos afines al nacionalismo contribuían voluntariamente, llegó a pagar en el pasado 15 millones de euros en fianzas de los imputados por la causa del procés en el Tribunal Supremo -a excepción del exconsejero Santi Vila- así como en multas y viajes a Madrid de los familiares de los políticos condenados por sedición. Pero ahora está vacía y sin capacidad para pagar los 4,8 millones que el Tribunal de Cuentas estima que se malversaron para cosechar apoyos fuera de los confines nacionales.

Los principales afectados han avisado a ERC y Junts de su situación, explican fuentes parlamentarias a Vozpópuli, pero la lentitud para conformar gobierno en Cataluña y la desmovilización que sufre el movimiento independentista dificultan conseguir reunir la suma millonaria antes del próximo 29 de junio. Sobre esta fecha se les comunicará a los investigados la liquidación de los importes a abonar y se abrirá un periodo de pago voluntario de la fianza antes de que empiece el embargo de sus bienes.

Frente judicial y frente contable

Si el nacionalismo hace tiempo que critica la "represión" que, a su juicio, sufren por parte de los tribunales y las penas de prisión o inhabilitación impuestas a sus líderes, ahora se le añade "el frente contable", que les obliga al reembolso de las cantidades que el Tribunal de Cuentas dicte que se han malversado.

Además, el hecho de que el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona haya abierto diligencias previas penales a raíz de la denuncia de la Fiscalía tras el informe del Tribunal de Cuentas hace que, en caso de sentencia condenatoria, los ahora investigados deberán pagar la cantidad que les impongan de forma individualizada. Es decir, solo las fianzas se pueden sufragar a través de las donaciones en la 'caja de solidaridad'.

Y eso es solo el principio. El Tribunal de Cuentas debe todavía comunicar la parte que afecta a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero (las llamadas 'embajadas catalanas') y también lo que afecta al Departamento de Exteriores. Todo ello podría alcanzar una cifra económica mucho mayor que los cuatro millones y medio que se cuestionan de la actividad llevada a cabo por el Diplocat.

"Apoyo institucional"

Ante este horizonte judicial poco esperanzador, el exjefe del Diplocat así como otros excargos investigados han pedido "apoyo institucional" y una "respuesta de país" a los principales partidos independentistas. Son conscientes de que la ciudadanía, en una coyuntura de crisis económica derivada de la pandemia y con la desmovilización que arrastra el movimiento separatista, puede contribuir pero no solventar la delicada situación en la que se encuentran.

"Los problemas entre ERC y Junts también son porque ERC no quiere seguir pagando Waterloo", resume otra fuente parlamentaria a instancias de este medio. Y es que uno de los temores de los sectores más moderados de ambos partidos es que se puedan abrir nuevos procesos civiles y penales si se destina dinero público a estos asuntos.

En este sentido, las investigaciones por los presuntos delitos de malversación de caudales y falsedad en documento oficial están afectando a la articulación del plan rupturista de cara al exterior. Precisamente por ello los de Puigdemont prefieren que este frente internacional se libre desde fuera de España, para eludir el control del Estado. Pero los de ERC optan por medir mucho los pasos para evitar la apertura de nuevas causas, en especial ahora que la petición de indultos está encima de la mesa del Gobierno.