Tribunales

El juez investiga los mails de Industria que despejaron una inversión de Mitsubishi: "No necesita autorización"

El juez del 'caso Voloh' solicitó documentación sobre la operación entre la multinacional nipona y una empresa española para esclarecer si hubo trato de favor por parte del Gobierno

Los correos entre Industria y las empresas implicadas en la operación
Los correos entre Industria y las empresas implicadas en la operación

El Ministerio de Industria puso a disposición del juez de Barcelona que investiga el caso Voloh una serie de correos internos sobre la operación que culminó con la compra por parte de la japonesa Mitsubishi de un 25% de la española Bergé Automoción en pleno estado de alarma. El magistrado y la Guardia Civil sospechan que pudieron recibir un trato de favor por parte del departamento que dirige Reyes Maroto. En las comunicaciones entre las partes a las que ha tenido acceso Vozpópuli, Industria les informa de que no necesitan la autorización del Consejo de Ministros. Desde la representación legal de la multinacional nipona se mostraron muy agradecidos por “su ayuda y rapidez de respuesta”.

Los correos obran en poder del juez Joaquín Aguirre, que investiga una trama de empresarios ligados al independentismo catalán, algunos de ellos muy próximos al expresidente huido, Carles Puigdemont. La Guardia Civil captó la conversación donde se jactaban de haber gozado de un trato de favor por parte de Industria en la operación de Mitsubishi. Según se escuchaba, el Banco Santander había tenido un papel clave, la ministra había mirado “para otro lado” y su secretario pidió “de rodillas que ni una palabra”.

Se referían a que Industria había acelerado la concesión de los permisos necesarios para culminar la compra. Con motivo del estado de alarma y la pandemia el Gobierno de Pedro Sánchez dictó el 18 de marzo un Real Decreto Ley por el que blindaba la entrada de inversiones extranjeras que pudieran aprovechar la crisis para adquirir empresas españolas a precios por debajo de su valor. La Guardia Civil aprecia en la conversación un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación. Industria lo niega y defiende que esta compra no entraba en los requisitos contemplados en el Real Decreto.

La autorización

Dos agentes del Instituto Armado enviados por el juez acudieron el 28 de octubre a la sede del Ministerio de Industria en el Paseo de la Castellana de Madrid a recabar toda la información, incluidos los correos entre los representantes de Bergé y la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. El intercambio tuvo lugar entre el 19 y el 20 de marzo. El primer correo iba dirigido a la directora general María Paz Ramos Resa. Desde Bergé querían saber “si se estaría ante el supuesto de solicitar autorización y quién sería la autoridad competente para ello”. 

La contestación corrió a cargo del subdirector y número dos de Ramos Mesa, quien indicó que para esta operación no era necesaria tal autorización. Basta, así se lo indicaron, notificarlo al Registro de Inversiones. Pero en Bergé seguían con dudas y pidieron que se les facilitara un número de teléfono para una vía de contacto más directa. Pero la respuesta por parte del Ministerio fue que notificaran primero la inversión en el registro “por una cuestión de eficiencia”: “En condiciones normales no tendríamos el más mínimo inconveniente, pero estamos desbordados”.

Ante las dudas de la empresa, desde el Ministerio precisaron que tan solo era necesario enviar un “formulario de inversiones exteriores”. “Pedimos un borrador, no el documento definitivo, que se remitirá cuando la operación esté formalizada”, añade. En ese correo, Industria se disculpaba por los inconvenientes ocasionados por el decreto del estado de alarma: “Tendremos que convivir un tiempo en esta situación”.

"Rapidez de respuesta"

Los asesores legales de Mitsubishi Corporation escribieron al Ministerio el 23 marzo a las 11.45 horas. Insistían en “confirmar formalmente que no existen restricciones legales derivadas del régimen aprobado en virtud del Real Decreto Ley” para blindar a las empresas españolas “y que por tanto pueden llevar a cabo libremente dicha inversión”. Apenas una hora y 12 minutos después el subdirector general de Inversiones Exteriores reiteró que tan solo era necesario el borrador del formulario. Para zanjar el intercambio dijo que ese correo electrónico serviría “como documento oficial, del que se remitirá copia firmada electrónicamente a la mayor brevedad posible, dadas las actuales circunstancias”.  

Aún hubo un correo más, el último, y por parte de los abogados de Mitsubishi. Fue el 27 de marzo y para agradecer las rápidas gestiones del Ministerio: “No quería dejar de agradecerles personalmente su ayuda y rapidez de respuesta, especialmente dadas las complejas circunstancias actuales. Su confirmación ha resultado fundamental para poder aclarar la situación y permitir a las partes proceder a la ejecución de la operación en los términos originalmente previstos”.

La conversación que detectó la Guardia Civil y que llevó al juez a pedir documentación tuvo lugar el 18 de abril, un mes después del cruce de correos. La mantenían uno de los principales investigados en la operación Voloh, el exdirector de Comunicación de Convergencia y director de Aguas de Cataluña, David Madí, y un empleado del Banco Santander llamado Antonio Bernárdez Gumiel. Hacen referencia a los “malabarismos” que fueron necesarios para que la inversión de Mitsubishi pudiera “saltarse la cola” que había en el Consejo de Ministros. “Y sobre todo ha habido que hacerlo a niveles algo subalternos, eh. Aunque con el conocimiento de la ministra”, añadía.

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