La semana pasada salía a luz el borrador de los Estatutos Marco para los Trabajadores sanitarios, en el que se incluía una exclusividad de cinco años para trabajar en la sanidad pública a los médicos que aprueben el MIR. El sector ha estallado contra esta iniciativa, señalando que hay muchos temas más importantes a tratar, como el reconocimiento de la singularidad del médico, la pagas extras recortadas o las guardias.
“Nos parece una barbaridad”, dice a Vozpópuli Domingo Sánchez, representante Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la OMC, “no entendemos el objetivo que hay detrás de esta medida”. El doctor Sánchez indica que es incompatible “si lo que responde es a una acción con el objetivo de retener a los profesionales médicos en el sistema público y, por tanto, mitigar esa falta de profesionales que hay”.
El Dr. Sánchez resalta que “este tipo de prácticas consiguen el efecto contrario”, según descubrieron en un estudio que publicaron el pasado julio de 2024 en la Universidad Médica Colegial. Domingo Sánchez explica que estas medidas ya se han llevado a cabo en países como Croacia y Lituania y se ha demostrado que no son eficaces. Además, generan “desafección del personal y emigración por parte del mismo”.
La retroalimentación entre la sanidad privada y pública
Los profesionales inciden en que esto obliga a elegir entre trabajar en la pública o la privada, “sin esa posibilidad de compatibilizar, que en muchas ocasiones se produce, sobre todo en los primeros años de ejercicio”, matiza Domingo Sánchez. “Si tú obligas a quedarte en la pública, entiendo que vas a ofrecer una totalidad de contratos que pueda garantizar todos los especialistas que salen”, expresa el representante de la OMC.
La exclusividad de cinco años que pretende imponer el Ministerio de Sanidad a los MIR perjudica “principalmente desde un punto de vista económico”, comenta a Vozpópuli Cristian Vale, responsable MIR de AMYTS. “Es una forma en la que nosotros podemos obtener un sueldo mayor, dentro de la compatibilidad que tenemos, haciendo nuestro trabajo como médicos, sin tener que alquilar viviendas o especular como hacen otros profesionales”, dice Vale, quien también es médico de familia.
En esta línea, Cristian Vale compara la situación con los funcionarios de Muface y defiende que en la sanidad privada se desarrollan técnicas más novedosas o fármacos ya que disponen de mejores recursos. La oportunidad de trabajar en este ámbito permite traer estas novedades al sistema público. “Al final, el sistema privado ayuda a superar esas demoras de lista de espera, en la asistencia… que no podemos dar cabida en la pública porque los recursos son más limitados”, cuenta Vale, “se retroalimentan mutuamente”.
Asimismo, los médicos consultados por Vozpópuli coinciden en que esta exclusividad podría suponer un “colapso mayúsculo” de la sanidad pública, sobre todo si no se dota de recursos a los hospitales. También puede producir una más temprana fuga de profesionales y que disminuya el número de estudiantes que se apuntan al MIR.
“Según las últimas cifras, alrededor de 16 o 17.000 médicos formados en España se han ido”, apunta Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). “¿Para qué hacer un estatuto en el cual lo que se hace es recortar los derechos de los médicos?”, reflexiona.
El sector denuncia la prohibición de trabajar en la sanidad privada a los MIR y que no se sepa cómo se va a gestionar. Señalan que esto obligará a varios médicos a desplazarse de su ciudad, sin embargo, la medida no contempla ningún incentivo en este aspecto.
“A día de hoy, aunque nos parezca raro, existen profesionales en paro”, especialmente en determinadas especialidades, ha manifestado Domingo Sánchez. “La gente se va, la gente no está a gusto”, recrimina, exponiendo que la Organización Internacional del Trabajo cataloga estas medidas como “prácticas forzosas” y son “totalmente contrarias a la legislación comunitaria".
Respecto a los jefes de servicio, gran parte del sector opina que, en este caso, tiene “más lógica una cierta incompatibilidad a efectos éticos de quién organiza un servicio y tiene que dar una prestación y puede haber un conflicto”. “Cuando un médico, un jefe de servicio, contamina con sus labores públicas, con sus intereses privados, eso se llama corrupción”, dice el Dr. Lázaro.
No obstante, para este tipo de “corrupciones” ya existe una normativa, según explica a Vozpópuli Miguel Lázaro. “Si tú lo descubres, es muy fácil, se abre un expediente, cese de su jefatura y ya está”, comenta. “El propio sistema tiene mecanismos de regulación sobre esto”. En la reunión del pasado 22 de enero, plantearon este tema ante la ministra, pero no se realizó ningún cambio, ni respecto a los jefes de servicio ni en esta medida en general.
“Hay una cuestión ideológica en contra de los jefes de servicio y en contra de la sanidad privada”, demanda el Dr. Miguel Lázaro. Dice que la ministra García “intenta hiperregular algo que ya funciona” y lo que va a hacer “es desincentivar que los médicos jóvenes quieran trabajar en la sanidad pública” y, por lo tanto, “nos perjudica a los 48 millones de españoles”.
Hay problemas más importantes
Miguel Lázaro, presidente de la CESM, señala a Vozpópuli que hay otros temas más importantes a tratar que los reflejados en el borrador. “La ministra justamente filtra esto a la prensa porque sabe que hay población que le puede comprar el mensaje”, apunta y considera que Mónica García busca que el sector se “focalice” en esta medida, en lugar del resto de problemáticas que persiguen a la sanidad pública.
“Tenemos agravios tan importantes como que la paga extra la tenemos recortada al 40% desde el año 2010”, denuncia el Dr. Miguel Lázaro. Añade también el dilema que hay con las guardias. Además de ser obligatorias y excesivas, “se retribuyen menos que la hora ordinaria y no computan para la jubilación” porque no entran dentro de la jornada. El presidente de la CESM señala también la jornada de 48 horas semanales con un sueldo base de 1.200 euros al mes.
Miguel Lázaro afea también la reclasificación del grupo A1, al que pertenecen los médicos. Explica que este nivel “supone una licenciatura, más luego un máster” y, con las nuevas actualizaciones, ahora engloba a profesionales con “mucho menos recorrido, digamos, en cuanto a años estudiados y en cuanto a formación que nosotros”.
“Y luego ya para colmo, quieren reducir las guardias a 17 horas, y, a cambio, la mañana siguiente tú no trabajas”, dice el Dr. Lázaro. No obstante, esas horas correspondientes a la jornada ordinaria no trabajadas, “las debes recuperar”, por lo que no supone ningún cambio efectivo. “Es una operación cosmética”, apunta.
“¿Este estatuto resuelve las necesidades reales de la sanidad pública del siglo XXI? No. ¿Este estatuto reconoce la singularidad del médico? No”, reflexiona el presidente de la sindical médica. “Nosotros somos singulares, pero nos basamos en una serie de criterios y elementos, que son la ciencia, el conocimiento, la formación acreditada, el liderazgo y, luego, el compromiso deontológico con los pacientes”, manifiesta.
“Yo quiero recordar que murieron 123 médicos en activo en la pandemia, pero no solamente porque no había epi, sino porque el médico quiso estar al lado del paciente y puso en riesgo su vida”, comenta Lázaro. En esta línea, el presidente de CESM aplaude la labor de los efectivos sanitarios en la DANA de Valencia.
A pesar de todo, la mayoría apuesta porque esta iniciativa no se llegue a aprobar en el Parlamento. Al invadir competencias autonómicas, dudan que los partidos de aquellas regiones donde la sanidad privada tiene mayor protagonismo voten a favor, como Junts o el PNV. “Cualquier cambio va a llevar años”, puntualiza el doctor Cristian Vale, “y, probablemente, al final se difumine con el siguiente gobierno”.
El sentimiento de desazón e irritación es “unánime” en el sector sanitario y muchos han dicho “basta”. Si el Ministerio no actúa al respecto, desde sindicatos avisan que darán lugar a movilizaciones por parte del sector. “Es una respuesta espontánea del colectivo médico que ve como este estatuto no resuelve sus agravios retributivos y encima todavía los empeora”, dice Miguel Lázaro.
Según comenta el presidente de CESM, están preparando “un calendario de movilizaciones de diferente gradiente confrontativo”. Empezarán con concentraciones autonómicas y, después, se manifestarán a nivel nacional. Miguel Lázaro que, en caso de no recibir respuesta por parte de la administración tras las movilizaciones, “el colectivo médico habla de ir a la huelga”.
“Yo nunca había visto este grado de indignación y arraigo”, manifiesta el presidente de CESM. Un hartazgo que proviene de la acumulación de “maltratos” que sufren los 175.000 médicos que trabajan en la sanidad pública, denuncia el Dr. Lázaro.
“¿Qué piensa el PSOE de este borrador?”, se pregunta el presidente de la CESM, señalando que ningún político del Ejecutivo se ha pronunciado sobre el Estatuto. Llama a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, -“ambas doctoras”, recalca- a que se sienten “para que negocien una partida presupuestaria”.