Publicado: 09/04/2014 04:00
Los graves incidentes registrados al término de la manifestación Por la Dignidad del pasado 22 de marzo aún colean. A la espera de que concluya la investigación abierta por la Dirección General de la Policía para determinar qué errores se produjeron en la cadena de mando durante aquellos sucesos que terminaron con 67 agentes heridos, el Ministerio del Interior ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación para adquirir una importante partida de material antidisturbios. En concreto, 7.000 botes de humos y lacrimógenos cuyo destinatario será el Cuerpo Nacional de Policía. El departamento de Jorge Fernández Díaz tiene previsto destinar a esta compra 196.080 euros, IVA incluido, en una adjudicación que pretende tener decidida a finales del próximo mes de mayo para disponer del material sólo 45 días después. Durante los últimos disturbios de Madrid, las Unidades de Intervención Policial (UIP, los popularmente conocidos como 'antidisturbios') lanzaron 126 pelotas de goma y tres de estos botes. Era la primera vez que los usaban en la capital desde las protestas mineras de julio de 2012.
En el pliego de condiciones técnicas, Interior exige que estos artefactos emitan humo "entre 15 y 20 segundos" antes de apagarse. Cada uno le cuesta al erario 28 euros
El pliego de contratación destaca en el apartado de "necesidad e idoneidad" que con este material se pretende "dotar a las distintas unidades del Cuerpo Nacional de Policía de elementos disuasorios para el mantenimiento del orden público o como apoyo en dispositivos policiales de alto riesgo social". En concreto, el concurso pretende adquirir por los 200.000 euros al menos 5.000 botes fumígenos (conocidos con las siglas ATF) y otros 2.000 lacrimógenos (ATL). Todos ellos a un precio de 28 euros cada uno, IVA incluido. Según detallan documentos internos de la Policía a los que ha tenido acceso este diario, la función de los primeros es "crear concentraciones de humo que dificulten o impidan la observación de los despliegues y evoluciones de las unidades policiales". Los segundos, que causan picor de ojos y garganta además de sensación de ahogo, se reservan para casos en los que "los concentrados agredan violentamente a la fuerza interviniente", descartando su uso en "meras aglomeraciones de personas".
Interior exige que ambos tipos de artificios cumplan el "requisito OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, desarrollo y producción" y, de hecho, se reserva someterlos a siete pruebas diferentes antes de la adjudicación, entre ellas la de "encendido a mano", "sensibilidad a temperaturas extremas" y "duración de la emisión" de los gases. En este sentido, el pliego de condiciones técnicas detalla que cada uno de los botes deberá emitir humo "entre 15 y 20 segundos". Además, y para prevenir que los proyectiles puedan ser utilizados por los manifestantes como proyectiles contra los agentes, éstos deben consumir "la totalidad de la mezcla" fumígena o lacrimógena y, además, su envuelta debe desintegrarse una vez caigan al suelo para así evitar "la existencia de restos de la misma en el escenario de la utilización e impididiendo su devolución total o parcial". Eso sí, también recoge la necesidad de que la carcasa metálica que sirve para su lanzamiento deberá caer "con antelación a las pastillas fumígenas, evitando así que ésta pueda golpear o dañar a alguna persona".
Poco utilizados
Fuentes policiales reconocen a Vozpópuli que el uso de este tipo de material antidisturbios es "excepcional" y destacan que su utilización durante los graves incidentes del 22-M vino provocada, precisamente, "por el cariz que tomaron los ataques de grupos de manifestantes. Los agentes se vieron obligados a lanzarlos porque vieron peligrar su integridad". En España, donde el año pasado se celebraron 25.461 manifestaciones en las que el Cuerpo Nacional de Policía estuvo encargado de controlar su desarrollo, los agentes sólo se vieron obligados a cargar en 23 de ellas, es decir, en menos de un 0,1%, según reconoció en el Congreso su máximo responsable, Ignacio Cosidó. Sobre el uso o no de botes de humo o lacrimógenos, el director general de la Policía no dio datos, pero las fuentes policiales consultadas aseguran que en el caso de Madrid, donde se registran el mayor número de concentraciones y también de incidentes, hay que remontarse a las protestas mineras de julio de 2012 y a las movilizaciones contra la guerra de Irak de 2003 para encontrar ejemplos del uso de estos botes para disolver grupos violentos.
Un manual interno de la Policía determina cuándo y cómo utilizar los botes de humos y lacrimógenos: salvo casos excepcionales, nunca deben lanzarse en "recientos cerrados" y ni dirigirlos "directamente hacia la masa"
Más recientemente, la Guardia Civil los utilizó durante los trágicos sucesos de Ceuta en los que perdieron la vida 15 inmigrantes. En aquellos incidentes, los miembros del Instituto armado lanzaron 145 pelotas de goma y cinco botes de humo, según reconoció el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en una comparecencia en el Congreso. "Este material antidisturbios forma parte de la dotación de las Unidades de Intervención Policial y se usan sólo a instancias del jefe del operativo", recalcan las fuentes policiales consultadas, que señalan que existe un protocolo para su uso de obligado cumplimiento por parte de los antidisturbios. Así, por ejemplo, está prohibido su uso "en recientos cerrados salvo en aquellos casos en que sea preciso para evitar riesgo vital de los ciudadanos o de la fuerza actuante". Además. los documentos internos a los que ha tenido acceso este diario destacan que su lanzamiento "no se realizará nunca directamente hacia la masa" y, de hecho, deberán dispararse "con un ángulo superior a 45 grados o a ras de suelo".
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