Publicado: 29/09/2014 04:00
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado la contratación de un servicio de traducción del que hará uso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). En lo que supone una externalización más del Gobierno en materia de idiomas, el Ejecutivo busca empresas candidatas con una plantilla de intérpretes que convierta al fisco, una competencia fundamentalmente de ámbito estatal, en plurilingüe.
Así, según ha podido saber Vozpópuli, el departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene previsto gastar más de medio millón de euros en un contrato divido en dos lotes. Por un lado, Hacienda gozará de un servicio de “traducción automática con revisión posterior de los contenidos ofrecidos desde los portales de internet de la Agencia tributaria a los lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano) y al inglés”. El importe reservado a estos trabajos asciende a 356.000 euros.
Y por otro lado, el organismo que dirige Santiago Menéndez también podrá disfrutar de una "traducción telemática de las comunicaciones escritas dirigidas a los contribuyentes". Este segundo objetivo lleva aparejado un coste inicial de 320.000 euros. En total, con la suma de ambos lotes, el contrato se eleva a 685.000 euros (impuestos incluidos).
Las empresas que quieran optar a este concurso tienen hasta el próximo 8 de octubre para presentar sus credenciales. En principio, el plazo de duración de estos trabajos es de dos anualidades.
El adjudicatario deberá ser capaz de traducir del "español al catalán" un mínimo de 4,8 millones de palabras para la delegación de la AEAT en Cataluña
En el primero de los lotes, Hacienda especifica que el objetivo consiste en la presentación de los sitios web de la Agencia Tributaria en dichas lenguas cooficiales y en inglés, "partiendo de un volumen aproximado de 18.000 páginas en castellano". El pliego de prescripciones técnicas consultado por este diario también señala que el número anual de páginas a traducir será de 3.000 para cada lengua cooficial (catalán, valenciano y gallego) y de 600 páginas para la lengua de Shakespeare.
En el segundo lote, el de las comunicaciones que irán remitidas a los contribuyentes, la AEAT impone al futuro adjudicatario un mínimo de palabras en castellano para realizar las correspondientes traducciones al catalán, gallego y valenciano durante el plazo de vigencia del contrato. Ese mínimo es de 160.000 palabras del catalán al valenciano; 4,8 millones del "español al catalán" para el servicio de la delegación de la AEAT en Cataluña; 1,4 millones del "español al catalán" para otras sedes; 700.000 palabras del "español al gallego" y 100.000 del "español al valenciano".
Se da la circunstancia de que los contribuyentes de otras comunidades autónomas que no sean Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia no podrán sacar provecho a este desembolso de la AEAT, pese a que el medio millón de euros destinado a dichas traducciones parte de las arcas estatales, esto es, del dinero que pagan todos los españoles que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Una gestión de 70.000 millones en el horizonte
Sólo Cataluña (en el País Vasco la gestión corresponde a las diputaciones) tiene una especie de fisco propio con competencias limitadas, ya que el Estado cuenta allí con la citada delegación de la AEAT. En su caso, la Agència Tributària de Catalunya, que inició sus actividades en 2007, se encarga de la gestión de impuestos propios y cedidos por la Administración central.
Desde el pasado febrero, mediante un convenio de colaboración con las diputaciones, sus oficinas suman 53, dentro de una red que lleva por nombre Tributs de Catalunya y que prevé contar con 152 sedes y 1.399 empleados públicos en un futuro a corto plazo.
Este fisco, integrado en el plan soberanista de Artur Mas, gestiona actualmente 2.000 millones de euros en impuestos. Sin embargo, el Consell Nacional per a la Transició Nacional, principal órgano consultivo de la Generalitat en su aventura secesionista, estima necesario reforzar esta estructura y ha proyectado un organismo próximo a los 7.000 funcionarios para poder recaudar unos 70.000 millones de euros y convertirse así en una pieza vertebral de una hipotética Cataluña independiente.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.