El Gobierno camufla un gasto militar de 3.672 millones en 11 ministerios

El gasto militar previsto por el Gobierno del PP para el año que acaba de empezar no se limita a los 5.767,77 millones de euros asignados al Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015. Según un estudio de la web antimilitarista Colectivo Utopía -avalado por ONG pacifistas como Ecologistas en Acción-, las cuentas del Ejecutivo camuflan otros 3.672 millones de euros, distribuidos en la letra pequeña de otros once ministerios, el resto de carteras del gabinete Rajoy con la excepción del Ministerio de Justicia.

El autor del informe se ha basado en los criterios OTAN para considerar "gasto militar" no sólo las partidas encuadradas en el departamento que dirige Pedro Morenés, sino también todas aquellas repartidas en otras áreas gubernamentales que incluyen, por ejemplo, financiación de satélites, subvenciones a industrias militares, acciones de colaboración con la Armada y el Ejército del Aire para programas de vigilancia y control marítimo, operaciones de la SEPI, servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), personal de la Guardia Civil o conservación de los bienes culturales de carácter militar, entre otros conceptos.

Estos 3.672 millones de euros equivalen al 63,66% del presupuesto anual que ya recibe directamente el Ministerio de Defensa para 2015. Por departamentos, Interior es el que acumula un mayor gasto militar al incluir el personal de la Guardia Civil, cuerpo de "naturaleza militar", que supone a las arcas públicas un coste de 2.028,39 millones de euros. También se computa aquí la cuantía destinada a acciones de formación dentro del Instituto Armado, la cual asciende a 45,65 millones.

La segunda cartera que aparece en este listado es la de Industria, Energía y Turismo. El departamento de José Manuel Soria acumula en sus cuentas 604,76 millones de euros relacionados con "gasto militar". El informe hace mención en este apartado a los créditos de "apoyo a la innovación tecnológica del sector de la defensa", con una dotación de 563,92 millones de euros. Esta cuantía servirá para financiar el avión de transporte militar A400M (los compromisos de gasto para 2015 son de 57,8 millones), el submarino S-80 (el Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014 autorizó 204,8 millones), helicópteros NH90 (62,1 millones) y nuevos buques de acción marítima BAM (161,5 millones).

El gasto militar global (9.439,99 millones de euros) equivale a casi cinco veces el gasto ministerial en Sanidad y a 3,5 veces el de Educación

El Ministerio de Presidencia, por su parte, alberga un "gasto militar" de 233,68 millones, según el Colectivo Utopía. Este importe se debe fundamentalmente al coste de funcionamiento del CNI que, a tenor del informe, "comprende la mayor parte de los aparatos de espionaje español y es desde su origen un instrumento militar y de la defensa, tanto por los mandos de este centro como por el personal a su cargo y las misiones encomendadas". Unas actuaciones, indica el estudio, que se hallan ahora "más centradas en la 'defensa' de esa nueva entelequia llamada 'fronteras avanzadas', la cual sitúa nuestra inteligencia militar y expertos militares en lugares tan remotos como Mali, Sudán o Centroáfrica".

El informe precisa que, al margen de la asignación opaca que sale de los "gastos reservados", el CNI ha pasado de recibir 203,68 millones en el ejercicio de 2014 a un total de 223,68 millones en las cuentas del presente año, 20 millones más y un 9,81% de incremento, siendo la mayor cifra de gasto del CNI desde 2012.

Respecto al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la web pacifista señala que la militarización de su presupuesto es del 17,24%, esto es, 171,53 millones de euros. En este apartado aparecen registradas las subvenciones a la Fundación Real Instituto Elcano (150.000 euros), a la Asociación Atlántica Española (10.000 euros), la partida dedicada a transportes del Ministerio de Defensa (1,239 millones) y una asignación de 170,14 millones dirigida a potenciar la participación y defensa de los intereses españoles en los organismos internacionales de seguridad.

La coordinación civil-militar en la Agencia de Seguridad Aérea (Fomento), el uso del buque medicamentalizado Esperanza del Mar, del Instituto Social de la Marina (Empleo y Seguridad Social), la cesión de aeronaves a la Agencia Tributaria (Hacienda), la adquisición de uniformidad femenina (Sanidad e Igualdad), los gastos de la base antártica Gabriel de Castilla (Economía y Competitividad), los pagos por actuaciones de la UME contra incendios (Agricultura) o la restauración de bienes propiedad de los ejércitos (Educación y Cultura) son otros ejemplos de "gasto militar" en los ministerios restantes.

Asimismo, el informe sostiene que siendo lógico que en estos tiempos de crisis económica la mayor parte del gasto total de los ministerios se dedique a Empleo y Seguridad Social (un 40%), lo sorprendente es que el segundo porcentaje más elevado, muy por encima de los demás, tenga finalidad militar: el 14,86%. Además, puntualiza el Colectivo Utopía, el gasto militar global (el de Defensa más el de los otros 11 departamentos), es decir, 9.439,99 millones de euros, equivale a casi cinco veces el gasto ministerial en Sanidad y a 3,5 el de Educación. Dicha cifra supone el 5,31% de todos los PGE.

Un funcionariado concebido para el "control social"

Por otro lado, el estudio antimilitarista dedica especial atención al apartado de personal. En concreto, remarca que las últimas estadísticas sobre el número de funcionarios al servicio de la Administración central revelan que el 44% de estos empleados públicos son militares. Un porcentaje muy a tener en cuenta, subraya el informe, dado que el 76,5 % del presupuesto del Ministerio de Defensa se destina a gastos de personal. Con ello, a juicio de las ONG pacifistas, lo que se consigue es "perpetuar el número de efectivos en lugar de reducirlos".

Contrasta, prosigue el análisis, esta "deliberada inversión pública en funcionarios del control social, que lejos de disminuirse, mantiene sus plantillas y su propia tasa de reposición, con la destrucción de empleo en general y en la función pública de otros sectores, precisamente los sociales".

"Cuando se habla del abultado número de funcionarios públicos existente y se recorta este número en funcionarios civiles sin alterar el de funcionarios militares se está predicando la idea de que el funcionariado, en realidad, sólo o principalmente tiene sentido para las labores de control social, un nuevo modo de despreciar el estado democrático de derecho", concluye el texto.