El Juzgado de Instrucción nº7 de Madrid ha citado a declarar como investigado el próximo 28 de enero a Serigne Mbayé, miembro de la directiva nacional de Podemos, donde ocupa un puesto en su Consejo de Coordinación, tras la querella que interpuso en abril del año pasado la Confederación Española de Policía (CEP), al considerar que las declaraciones que realizó durante un acto en la plaza de Lavapiés de Madrid pueden constituir un delito de injurias graves contra la Policía Nacional, a la que que acusó de ejercer sus cometidos mediante actuaciones racistas y violentas, de acuerdo a la información facilitada desde este sindicato policial.

Las declaraciones que llevaron a CEP a ejercer acciones legales contra esta persona se hicieron durante una concentración que se celebró en la tarde del 31 de marzo de 2024 en la citada plaza madrileña, convocada para denunciar una intervención policial ocurrida allí dos días antes y que supuso la detención de dos ciudadanos senegaleses por delitos de atentado contra agente de la autoridad, desobediencia, robo con violencia y contra la salud pública.

Durante aquel incidente uno de los policías resultó lesionado y un vehículo oficial sufrió daños, todo ello en un suceso cuyo origen fue una llamada realizada por un ciudadano de la zona al teléfono de la Policía Nacional, alertando sobre una reyerta que protagonizaban cuatro personas que luego, además, provocaron un altercado en un supermercado adoptando una actitud agresiva y hostil contra una cajera y el personal de seguridad, siguiendo el relato facilitado desde CEP.

Durante la protesta organizada para criticar las detenciones, Serigné Mbayé realizó declaraciones en las que se refirió a lo ocurrido como “la brutalidad policial que pasa todo el rato en este barrio”, añadiendo que “el acoso policial, la brutalidad policial en los cuerpos negros, en los cuerpos de las personas racializadas, tiene que parar” y que “este racismo y esta brutalidad policial no pueden seguir”.

Mbayé indicó que “no puede haber discriminación y no puede haber este uso de la fuerza sobre las personas” y llegó a asegurar que “cualquier cosa que pase con una persona negra en este país, siempre termina con que le han matado”, afirmando que “lo que pasa con las personas negras nunca ha pasado con las personas blancas, ¿cuántas personas han asesinado? ¿Cuál es la excusa? Agresividad”.

Las opiniones de esta persona fueron difundidas en redes sociales de forma masiva, entre otras por la del partido político al que pertenece y que en aquel momento tenía más de un millón y medio de seguidores en la cuenta de X en la que se colgó el vídeo con las declaraciones de Mbayé.

La demanda de CEP

La querella de CEP reclama determinar la responsabilidad de esta persona en un delito del artículo 504.2 del Código Penal. "Y no por realizar unas declaraciones más o menos contundentes o destempladas, sino porque, a sabiendas de su falsedad, se pretendió con ellas lesionar el prestigio de la Policía Nacional", apuntan desde el sindicato policial.

Así, la demanda destaca que “lanzar esas críticas indiscriminadas y generalizadas contra toda una institución socava su crédito y su prestigio, cuestiona su legitimidad democrática y pretende generar alarma social, menoscabando así su estimación”. Añade, además, que “a sabiendas de la rotunda
falsedad de esas manifestaciones, porque es público y notorio que la Policía Nacional no es un Cuerpo de seguridad racista (…) estos dos ciudadanos han intervenido en un acto público, posteriormente publicitado de forma masiva en redes sociales, para vincular a la Policía Nacional con delitos tan graves como el de asesinato”.

El sindicato lamenta que "otra persona que acompañaba en ese acto a Serigné Mbayé llegase a afirmar", en relación con la intervención policial en Lavapiés, que “lo que han intentado hacer es matarle, directamente. Asesinarle”. Por ello, añade la querella, ambos intentaron “infligir un daño corporativo indudable (…) calificando el trabajo de los profesionales de la seguridad pública como un sumatorio infinito de brutalidades, acoso y racismo”.

"Semejantes declaraciones cuestionan a toda la Policía Nacional, a todos sus integrantes, y no resultan inocentes", consideran desde CEP. “Qué mayor alarma social, qué mayor agitación en la ciudadanía podría generar el que se afirme, con rotundidad y sin matices, que una institución del Estado cuya misión expresa es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades y proteger la seguridad ciudadana se dedique, de forma sistemática y generalizada, a conculcar derechos y cometer delitos”, se pregunta CEP en la querella.

Concluye la demanda que “no puede tener amparo en el derecho constitucional a la libertad de expresión el acusar, con evidente falta de rigor y plena consciencia de lo que se hace y sus efectos lesivos, a todo un cuerpo policial de ejercer sus misiones y cometidos, siempre y en todo caso, con brutalidad, agresividad, violencia e incluso racismo”, señalando que “hay un evidente deseo de desacreditar, vejar, menospreciar, vilipendiar y escarnecer a la Policía Nacional”.

El sindicato asegura que, sobre la intervención del 29 de marzo de 2024 a la que se refería Serigné Mbayé y su acompañante, "cabe recordar que fue instada por ciudadanos que presenciaron una reyerta en plena calle, que la actitud agresiva de los detenidos fue acreditada por el testimonio de varios testigos -entre ellos, la cajera del supermercado que tuvo que soportar todo tipo de improperios y faltas de respeto, así como los dos vigilantes de seguridad de ese comercio- que confirmaron la reincidencia de ese tipo de incidentes por parte de sus protagonistas, contando uno de ellos con antecedentes policiales por hechos violentos".

Así, CEP considera que su querella "materializa, al margen de su resultado final, el hartazgo y la indignación de las casi 72.000 familias que formamos parte de la Policía Nacional ante una costumbre, la de acusar a todo un cuerpo de seguridad de hechos gravísimos, todos ellos delictivos, que ni puede ni debe abrirse paso": "La injuria, la calumnia o el odio contra quienes nos jugamos la vida a diario para proteger la de los demás no va a quedar impune porque nadie tiene patente de corso, ni siquiera envolviéndose en la libertad de expresión, para intentar manchar con mentiras el honor y la imagen de una institución plenamente democrática que, además, está sometida a muchos más controles externos e internos que ninguna otra profesión de este país".

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