La secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, huida de España desde 2018 e imputada por terrorismo tras los actos del Tsunami Democràtic, ha anunciado en la televisión nacional suiza que ha llevado a la Justicia de Suiza el presunto espionaje que sufrió junto a los líderes independentistas con el software Pegasus.
Rovira, que reside en Ginebra desde que huyó de España, ha conversado con la cadena nacional suiza RTS, que ha confirmado la recepción por parte del Ministerio Público de la Confederación (la Fiscalía) de la denuncia. En el programa, sin embargo, no han avanzado más detalles de la investigación. Fuentes del programa apuntan a que podría estar suspendida desde octubre.
Como ha avanzado Vozpópuli esta tarde, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic ha librado una nueva comisión rogatoria a Suiza para tratar de localizar a Marta Rovira. Además, el magistrado Manuel García Castellón pidió también información sobre una cuenta bancaria de una entidad en el país que se sospecha que pudo utilizarse para financiar el movimiento Tsunami Democràtic, si bien la Justicia helvética no se ha pronunciado al respecto.
Presunto espionaje a Marta Rovira y otros independentistas con Pegasus
La presentación del caso se conoce el mismo día en el que ERC, junto a Bildu y BNG, solicitaron ante el Congreso de los Diputados español una comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus, al parecer acordada durante las negociaciones con el PSOE a cambio de lograr la mayoría en la mesa de la Cámara baja.
Al parecer, el software Pegasus (con el que se ha espiado a decenas de miles de personalidades en todo el mundo) pudo instalarse secretamente en el teléfono móvil de la líder catalana a través de dos enlaces supuestamente ligados a dos asociaciones locales (Swisspeace y Centro para la Política de Seguridad de Ginebra), indicó hoy RTS.
Según el abogado de Rovira en Ginebra, Jean-Marc Carnicé, citado por la televisión suiza, el presunto espionaje podría suponer una "violación de la soberanía nacional" del país centroeuropeo, al haberse llevado a cabo un seguimiento sin la necesaria autorización de la Oficina Federal de Justicia helvética.
