Marta Castro (Vox): “La ayuda a Plus Ultra no se dio porque fuera estratégica”

El caso Dina o Plus Ultra, el procés, la compra de mascarillas o la violación de Igualada son algunos de los asuntos que Vox sigue muy de cerca en los tribunales. El equipo jurídico de la formación se ha erigido como defensor de la figura de la acusación popular y bajo este paraguas está personado en muchas causas, algunas anónimas y otras especialmente mediáticas, como el caso Plus Ultra. La vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro, dice sobre esta última que se debe seguir investigando en el juzgado y apunta: "La ayuda, nos parece, viene motivada por causas ajenas a que sea una empresa estratégica".

En entrevista concedida a Vozpópuli, Castro habla de "éxito" cuando se le pregunta por las acciones de Vox impulsadas en los tribunales. Frente a la propuesta de reforma legal para restringir el uso de la acción popular, dice que es una figura que recoge la Constitución y que su uso es legítimo siempre y cuando no intervengan los partidos en causas que les afectan directamente. También avanza que dará la batalla para que se investiguen las contradicciones en sede judicial de Pablo Iglesias o su exasesora en el caso Dina, mientras que sobre Plus Ultra ha pedido recabar documental de Panamá.

Pregunta. ¿Considera que han sido fructíferas las actuaciones de Vox en los tribunales?

Respuesta. Creemos que es un éxito. No solo porque nos den la razón, sino porque la utilización de la Justicia es una herramienta que para la protección de derechos fundamentales. Me gustaría remarcar que la actuación de Vox va ligada a las actuaciones que vulneran esos principios de las personas a las que nosotros denunciamos. Si no hubiera esa transgresión de la normativa, no denunciaríamos. Es una lástima que la Vicesecretaría Jurídica tenga tanto trabajo porque eso significa que hay alguien vulnerando frontalmente la legalidad.

P. Se critica cada vez más la personación de partidos políticos de uno y otro bando. ¿Habría que limitarlo por Ley?

R. Está perfectamente introducido en la Constitución. Ahora, la utilización que se haga del Derecho depende del enfoque de cada uno. Resulta sospechosa la intervención de partidos políticos cuando se trata de asuntos de corrupción en sus propios partidos. Ahí está claro que la motivación de la personación es un control instrumental para tener conocimiento de la causa. Por ejemplo: se acaba de personar Mónica Oltra en el propio procedimiento en el que se le va a imputar. Está claro que es un medio para preparar su defensa y quizá para llegar más rápido a Fiscalía, Abogacía y al tribunal.

En el caso de Vox seleccionamos los asuntos porque sino sería inabarcable. Una materia clave de nuestra actuación es la defensa de los propios partidos de los diputados y de nuestros afiliados. Tenemos innumerables asuntos de afiliados que han sufrido agresiones. Hay procedimientos abiertos de las pasadas elecciones en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid… Vemos que la Justicia es lenta, pero también utilizamos la Justicia para defender nuestros derechos.

P. ¿En cuántas causas están ustedes personados como acusación popular?

R. El número es incontable. Tenemos muchas, algunas son muy mediáticas y otras no tanto. Tenemos actividad centralizada en la Audiencia Nacional porque continuamos denunciando todos los homenajes de etarras, en el Tribunal Supremo, en los juzgados de Madrid, pero también en todo el resto de España. Creemos que cada vez que entramos en algún gobierno o que tenemos presencia en las instituciones previsiblemente tendremos más. El objetivo es levantar alfombras.

P. Sobre ETA, en la Audiencia Nacional se están reabriendo causas por la acción de las acusaciones populares, pero ¿Consideran que hay impedimento para todos los que quedan por juzgar con la aplicación de la doctrina Atristain?

R. No va a ser una tarea fácil y más cuando lo que se quiere favorecer es la excarcelación, pero nunca nos ha asustado que la tarea sea complicada. Con la lucha que realizan algunas de las asociaciones de víctimas de terrorismo y nosotros, confiemos en que se cambie. Es un choque tan frontal de derechos y de sentido común que creemos que no se puede sostener. En cuanto este Gobierno caiga estoy segura de que cambiará el criterio.

La Fiscalía, en asuntos que atañe el Gobierno no está muy por la labor de acompañar la investigación (...). En la causa de los 300 millones en mascarillas hay 52 contratos, pero solo hemos podido analizar 12"

P. Sobre la causa abierta en Plaza Castilla contra tres altos cargos del Gobierno por más de 300 millones en contratos para mascarillas durante pandemia. ¿En qué punto está?

R. La Justicia va muy lenta. Fiscalía, en el asunto que atañe al Gobierno no está muy por la labor de acompañar la investigación y ahora, después de las declaraciones, no ha habido mucho movimiento a pesar de nuestros intentos de impulsarlo, mientras que vemos que en otros asuntos van más rápidos y con más virulencia. Es una muestra más de la frase del presidente del Gobierno: ¿Fiscalía de quien depende?. Pues ciertamente. Están demostrando que es un instrumento y una mano de su amo. Hay aproximadamente 52 contratos, pero los que hemos podido analizar por la información a la que teníamos acceso son solo 12.

P. ¿Cómo ve el papel de las administraciones en la adjudicación de contratos de emergencia de mascarillas?

R. Yo comprendo, y no con esto disculpo, la actuación de las administraciones porque los momentos fueron muy complicados, pero lo eran para todos. Lo que se olvida es la responsabilidad de Gobierno de todas las administraciones. Ello implica un control a posteriori. Lo que nos parece ya no solo delictivo sino también contrario a  los intereses generales es aprovechar un momento de debilidad para tratar de favorecer a unos amigos económicamente. Nos parece de una ruindad impresionante. Lo haga la administración que lo haga.

Pero que además sea el Gobierno de los españoles, que era el que tenía las herramientas para hacer una previsión adecuada… es lo que hay que investigar. Yo lo que no me creo es que los responsables lo hubieran hecho sin conocimiento. Es decir, que fueran unas actuaciones apresuradas. Seguramente salgan más causas porque cada vez se ponen más de manifiesto estas irregularidades. Desde mi punto de vista no pueden ser justificadas diciendo que no se sabían porque son altos representantes de la Administración. (Su desconocimiento) sería una negligencia tan grave que también sería delito.

Queremos que el representante legal de Plus Ultra declare. La ayuda creemos que se vincula a la calidad de los socios por sus relaciones personales por los vínculos con el chavismo"

P. El caso Plus Ultra ha cumplido un año en el juzgado. Nació como denuncia de Manos Limpias pero la juez admitió vuestra querella ampliando delitos. ¿En qué punto está la causa?

R. Ahora mismo tenemos un impasse en el que creo que la jueza está valorando las pruebas periciales, en concreto la pericial judicial, que es esencial. Estamos tratando de conseguir que el representante legal de Plus Ultra vaya a declarar para saber qué información dio a la SEPI. Sus criterios no son técnico objetivos. Es más, están llevando una defensa como posibles investigados por parte de la Abogacía, por lo que el único informe objetivo que obra en la causa es la pericial judicial.

Que se pida información a Panamá de Plus Ultra"

Ofrecieron unas conclusiones muy relevantes que son, básicamente, que no cumplía el requisito de no ser una empresa en crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019. Nos parece que la ayuda a Plus Ultra viene motivada por causas ajenas a que sea una empresa estratégica o que tenga relevancia en el mercado, sino que se vincula, como creemos que así es, a la calidad de los socios por sus relaciones personales en este caso por los vínculos con el chavismo que salen a la luz de la propia composición societaria.

En nuestro viaje a Panamá nos reunimos con el organismo equivalente a la Fiscalía, tuvimos de primera mano conocimiento de la relevancia del análisis del crédito participativo (de Plus Ultra) y cómo se utilizó… Lo que habitualmente se conoce como maquillar las cuentas para poder obtener una finalidad. Hemos pedido que se reclamen expedientes de Panacorp que están en Panamá porque tienen una relevancia vital. Por el propio análisis público de las cuentas de Panacorp, esta entidad de crédito ni tan siquiera tenía la solvencia para prestar el dinero que daba (en referencia al crédito de 6,3 millones de euros de 2017).

P. Ustedes que están personados en el caso Villarejo, ¿Qué lectura hace de la difusión de sus audios?

R. De lo que podemos hablar con conocimiento directo es del asunto Dina. Lo que nos asombra, y estamos sobre ello, son las contradicciones continuas que se realizó por parte de Dina y la sorprendente declaración de Pablo Iglesias en el procedimiento y que creo que merece una investigación aparte. Más de cinco declaraciones contradictorias en las que, además, aparece que el propio partido dirigió la posible denuncia falsa de Dina y que no tenga trascendencia pues nos parece... Pablo Iglesias ya no está en el Gobierno, ya no tiene aforamiento y creo que esto se merece una investigación que a no mucho tardar seguramente iniciemos.

P. ¿En la Audiencia Nacional, donde el asunto parece agotado, u en otro juzgado?

R. Ambas cosas, porque el informe técnico del análisis de la tarjeta nos pareció imposible que no se pueda recuperar y habrá que determinar quien lo dañó. Nos parece demasiado fácil la salida de que tratando de recuperarla los técnicos la dañaron. Esa es la vía que tenemos en la Audiencia, pero tras la pérdida de aforamiento de Iglesias creemos que va a merecer la investigación. Se tienen que aclarar las pruebas que hay de que el asunto fue pensado desde el propio partido. Eso sí que es instrumentalización de la Justicia y no lo que nos achacan a nosotros.

P. La causa al Emérito está archivada pero... ¿Cree Vox que debería eliminar la inviolabilidad del Rey?

R. En este caso ha actuado la Justicia. Nosotros siempre somos respetuosos con las actuaciones judiciales. La defensa de Vox de la monarquía es porque la Constitución establece que una monarquía parlamentaria es absoluta y total. Consideramos que ahora mismo los intereses de los ciudadanos van por otros derroteros y que hay un interés partidista en atacar a la figura del Monarca.

La actuación de Dolores Delgado sigue siendo la de una ministra de Justicia socialista encubierta en Fiscalía"

P. ¿Qué opina Vox del papel de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado?

R. Partiendo de que nuestro punto de vista es que nunca Dolores Delgado debió ser nombrada fiscal general del Estado puesto que había sido una ministra del PSOE, el resto cae por su propio peso. Son como piezas de dominó. La actuación de Dolores Delgado sigue siendo la de una ministra de Justicia socialista encubierta en Fiscalía. Todas las actuaciones de la fiscal general deben ser puestas en entredicho porque nos parece idónea para el cargo.

No hemos conseguido que se nos diera la razón (en el Tribunal Supremo) porque todas las implicaciones que tienen desde su nombramiento hasta el CGPJ están tan politizadas que es la reforma que estamos pidiendo. Qué mayor prueba de que teníamos razón de que esta señora era inidónea para el cargo que todos los conflictos que se están generando, incluso en Fiscalía. Lo que se produce es una degradación de la propia institución.

P. El Tribunal Supremo les ha reprendido por politizar en la Justicia sus acciones contra el Gobierno...

R. Desde el respeto no comparto el criterio que nos está dando el Tribunal Supremo en muchos asuntos en cuanto a la legitimación. El Tribunal Supremo nos la niega en vez de analizar el fondo del asunto.

Con todo, tras la decisión esta misma semana del Tribunal Supremo de rectificar su criterio y admitir a trámite los recursos contra los indultos del procés, Castro dijo que este "cambio de criterio" les daría la oportunidad de seguir defendiendo que no reunían los requisitos para ser indultados, porque "no hay ningún arrepentimiento".