Mario Conde no logra evitar la subasta de unas fincas en Mallorca

El exbanquero Mario Conde no ha logrado paralizar la subasta de sus fincas en Can Poletá. Así, la juez María del Pilar Caballero, titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Mallorca, ha desestimado el recurso presentado por el abogado del exbanquero Javier de la Vega, con el que pretendía evitar la subasta de estas propiedades. 

Según informes policiales recogidos por el diario el País, la sociedad Beteiligung SA Luxemburgo compró estas propiedades a otra firma, Apolo en el mes de marzo de 2002. Durante diez años, esa firma luxemburguesa, el exbanquero simuló un alquiler de la finca Can Poletá a su familia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, dictó prisión incondicional y sin fianza para Mario Conde. Junto a él también ingresó en prisión el abogado y su presunto testaferro, Francisco Javier de la Vega. El exbanquero del Banco Santander está acusado de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública. 

Pedraz en su auto de prisión detalla en su resolución los pormenores del entramado financiero del que se valió Conde y sus estrechos colaboradores para el blanqueo del 13 millones de euros desde el año 1999. Un total de 2,28 millones de euros se introdujeron en España en efectivo mientras las cuentas bancarias del entramado societario recibieron 10,7 millones a través de transferencias en el extranjero que prodecían de las Islas Vírgenes, Suiza, Reino Unido, Emiratos Árabes, Curaçao, Luxemburgo, Países Bajos, etc.

Otros alzamientos de bienes

Este presunto delito no ha sido única en la historia de la finca de Can Poletá. En 1984 Conde fue procesado por comprar a su suegro esta propiedad y evitar así su embargo a favor del Banco de Madrid (Grupo Banesto).

En otras propiedades del exbanquero también han ocurrido situaciones parecidas. Así, La Salceda, una finca de 2.800 hectáreas situada en Castilla La Mancha, fue vendida en abril de 2014 por una sociedad controlada por la familia Conde a una empresa familiar del empresario Juan Miguel Villar Mir por cerca de 20 millones de euros.