"Vamos a presentar en 10 días un remanente positivo de tesorería de más de 300 millones de euros con el que, si es necesario pagar más en los próximos contratos del ayuntamiento de Madrid, podremos hacerlo. Esto no quiere decir que nos vayamos a gastar ese excedente, sino que llegado el caso podríamos hacerlo". Así se expresó el concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, este martes para explicar la nueva política de contratos que el ayuntamiento aplicará a las empresas que quieran realizar los servicios del ayuntamiento. Esta nueva política de contratación, expresada mediante un decreto que obligará a las empresas contratistas a respetar criterios sociales si quieren acceder a los contratos municipales, se verá reflejada casi con total seguridad en una subida en el precio medio que se pague, lo que supone dar la vuelta como un guante a la tendencia que el PP de Ana Botella llevó a cabo en los últimos años, en los que primó el criterio del contrato más barato por encima de cualquier otro, generando algún problema como en el caso de las contratas de limpieza.

Pero la situación de las cuentas madrileñas es ahora otra, asegura Sánchez Mato, en buena parte gracias a la reducción de 1.100 millones de euros de deuda efectuada en 2015, un ejercicio en el que aproximadamente la mitad del año aún gobernaron los populares. El ejecutivo local lleva varios meses avisando de que su situación financiera será buena y de que la decisión de poder gastar más dinero es más un tema de voluntad política que meramente contable. Desde prácticamente el principio del año, el consistorio ha dejado de pagar a las agencias de calificación (una partida de apenas 120.000 euros anuales, de mayor carga simbólica que otra cosa) y por tanto ha dejado de tener el rating de Standard & Poor's y Fitch, cuya última calificación fue de BBB+. Por el momento, está por ver si eso lleva a la ciudad a sufrir penalizaciones financieras tal y como ha anunciado la oposición en los meses anteriores.

Sin embargo, los datos que ha publicado esta misma semana el consistorio sobre el endeudamiento de la ciudad inciden en el objetivo que ha señalado en varias ocasiones el economista Sánchez Mato, como son evitar emitir deuda y vivir exclusivamente de los ingresos que genere el consistorio gracias a modificaciones en las tablas de impuestos como los que han realizado en el IBI, donde un 0,3% de los recibos pagarán 10.000 euros de media más al año, con especial incidencia en los grandes inmuebles tales como los centros comerciales. La propia organización Anged, que reúne a compañías poseedoras de grandes inmuebles en propiedad o arrendamiento (IKEA, Carrefour o El Corte Inglés, por poner tan sólo un ejemplo) lamentaron con mucha dureza este 'catastrazo' que tendrá un impacto millonario en sus cuentas.

Mato niega que sus medidas vayan a afectar a la estabilidad de las cuentas madrileñas o poner en alerta a Cristóbal Montoro por saltarse el déficit: "Parece que para cuadrar las cuentas sólo podemos actuar por el lado de los gastos, reduciéndolos al máximo, pero también tenemos la posibilidad de tocar los ingresos", ha asegurado.

Con respecto al endeudamiento por habitante, la capital de España sigue liderando la clasificación de los seis principales municipios más endudados. Según los datos del Banco de España, a 30 de septiembre la cifra era de 1.777 euros por habitante, triplicando practicamente a deuda relativa emitida por Barcelona.