Moix y Maza se reunirán hoy para pactar su salida de Anticorrupción

La continuidad del fiscal Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción pende en estos momentos de un hilo muy fino casi imperceptible. Nadie duda que tiene las horas contadas en dicho puesto. El Gobierno ha marcado en las últimas horas distancia y dejado recaer la responsabilidad de su permanencia sobre el fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

De momento, éste ha optado por guardar silencio hasta que se reúna con el afectado y aborden el asunto. Fuentes de la Fiscalía General del Estado sostienen que está previsto que este jueves -previsiblemente por la tarde- Moix y Maza mantengan un encuentro donde el jefe de Anticorrupción tendrá que dar explicaciones a su superior de por qué le ocultó, antes de ser nombrado, que era titular de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá.

Manuel Moix siempre ha defendido que la sociedad Duchesse Financial Overseas fue una herencia que recibió de sus padres, que ha permanecido inactiva a lo largo de los años, y que él y sus hermanos en todo momento han tributado por ella a la Agencia Tributaria. Sin embargo, el hecho de que se desvelase por Vozpópuli que su progenitor fue investigado por un delito de alzamiento de bienes y, que el diario Infolibre informara de que el fiscal conoció la existencia de la sociedad panameña mucho antes de recibir ésta como herencia, han puesto a Moix en el disparadero.

Con esta delicada situación, y con la oposición pidiendo al Ejecutivo en bloque su cese, la última palabra la tiene ahora Maza. A partir de aquí hay tres opciones posibles. La primera, que sea el propio fiscal jefe Anticorrupción el que, para evitar causarle más daño a la institución decida dimitir. Todo apunta a que así será y que Moix no pondrá resistencia a abandonar la jefatura de la Fiscalía que todavía ocupa.

Si bien en un primer momento Moix señaló que no veía motivos para hacerlo puesto que "no ha cometido ninguna ilegalidad", en las últimas horas su discurso se ha suavizado y ha señalado que él no tiene "apego al cargo" ni "ningún interés en mantener esta situación si no es el idóneo" para ocupar la jefatura de Anticorrupción.

Una situación "insostenible"

La segunda opción posible, aunque menos probable, es que Maza le comunique a su subordinado que ha perdido su confianza en él pero que éste se niegue a dimitir, una opción que parece menos probable. En este caso, el artículo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) sostiene que "los Fiscales Jefes de los respectivos órganos y los Tenientes Fiscales (...) podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado y, en su caso, al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma". Esto alargaría la salida de Moix de Anticorrupción, ya que habría que esperar a que se convocase el próximo Consejo Fiscal este mes de junio porque, aunque el dictamen de este órgano no es vinculante, sí que es preceptivo.

En las últimas horas, Moix ha suavizado su discurso y ha señalado que él no tiene "apego al cargo" ni "ningún interés en mantener esta situación si no es el idóneo" para ocupar la jefatura de Anticorrupción

La tercera opción posible es que el fiscal General del Estado mantenga la confianza depositada desde un primer momento en Manuel Moix y que éste continúe contra viento y marea en el cargo. Es una alternativa altamente improbable según sostienen las fuentes irídicas consultadas y que causaría gran revuelo en una Carrera Fiscal cansada de ver cómo la figura de Moix está perjudicando a la institución. A esto se suma que su plantilla en Anticorrupción considera que está deslegitimado para seguir actuando como jefe de la misma.

Por otro lado, una gran parte de miembros de la Fiscalía -incluso la 'guardia de corps' de Maza- cree que es de todo punto inviable que el fiscal jefe Anticorrupción posea una sociedad en Panamá pese a que cumpla con las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria española, ya que se trataría de una cuestión de "ética" y "estética" más que de legalidad. La situación, aseguran múltiples fuentes fiscales consultadas, es "insostenible".