Publicado: 10/04/2020 08:48
El magistrado progresista Manuel Aragón, emérito del Tribunal Constitucional, ha denunciado este viernes que el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez está vulnerando la Constitución española en su actuación frente al coronavirus.
En un artículo en 'El País', Aragón señala que estos días, "se está descuidando algo por completo fundamental, como es el exacto cumplimiento de la Constitución".
Aragón habla de un formato de ruedas de prensa presidenciales "difícilmente es concebible en cualquier país democrático" -algo que, asegura, ya se ha solventado-, así como el "inadecuado lenguaje del presidente en sus últimas comparecencias televisadas, utilizando el tuteo paternalista al dirigirse a los ciudadanos".
El magistrado recuerda que a la nación únicamente la representan las Cortes Generales y al Estado, el Rey. "El presidente del Gobierno representa al poder ejecutivo, nada más". "Este presidencialismo es incompatible con nuestra monarquía parlamentaria", asegura.
Aragón señala que lo más "grave" es la "exorbitante utilización del estado de alarma". La declaración de este "no puede legitimar la anulación del control parlamentario del Gobierno", añade Aragón.
El estado de alarma no permite "la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia", esta medida solo puede adoptarse "en el estado de excepción"
Esta declaración tampoco permite, continúa, "la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles", esta medida solo puede adoptarse, según el magistrado, "en el estado de excepción".
Aragón afirma que se trata de una especia de "arresto domiciliario" y que "no es limitar el derecho", sino "suspenderlo".
"No dota de poderes omnímodos al Estado"
El magistrado recuerda en su artículo que este estado "no dota de poderes omnímodos al Estado" por la "sencilla razón de que está inserto en la Constitución". "Incluso en casos de emergencia nacional, nuestra Constitución pone límites al derecho de excepción", añade.
El artículo concluye indicando que la situación "no autoriza la derogación completa de las garantías constitucionales".
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