La Audiencia Nacional ha impulsado un operativo contra una presunta mafia china que habría blanqueado más de 100 millones de euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Tardón, dirige esta operación que practican desde primera hora agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según informan fuentes jurídicas, se han producido una treintena de entradas y registros además de detenciones principalmente en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.

Los investigadores actúan contra una supuesta mafia que se dedicó a sacar fondos al extranjero (sobre todo a China y Hong Kong) a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. El número de detenidos todavía se desconoce a la espera de que termine la operación por los hechos que tuvieron lugar entre los años 2000 y 2017. Con todo, se espera que pasen a disposición judicial en los próximos días. Las fuentes consultadas por Vozpópuli precisan que los registros se están produciendo tanto en domicilios de la capital como en algunas naves del polígono industrial de Fuenlabrada.

La Fiscalía Anticorrupción ha ido tras la pista de esta red que impulsó diversas vías para sacar fuera del país el dinero que habrían obtenido de manera ilícita. La principal consistió en el uso de sociedades pantalla que no tenían actividad real, de acuerdo con el hallazgo de los investigadores que apuntan a delitos de fraude y de blanqueo de capitales.

Antecedentes: operación Emperador

La Audiencia Nacional ya había impulsado acciones contra mafias chinas que operaban en Madrid. Una de las más importantes es la que se llevó a cabo en el marco de la conocida como operación Emperador. El golpe a esta red se produjo en el año 2012 aunque no fue hasta verano del pasado año cuando se terminó la instrucción. El magistrado José Luis Calama Teixeira dejó a un paso del banquillo a un total de 105 personas por su implicación en esta “macroorganización criminal” liderada por el ciudadano chino Gao Ping.

En este caso la red –en la que también se vieron salpicados algunos de los mandos policiales imputados en el caso Villarejo- recogía dinero centralizado en los polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior del país de manera ilícita. La organización se estructuró en un primer gran bloque compuesto por ciudadanos chinos que importaban unos mil contenedores al año de artículos de bazar fabricados en su país. De ahí los distribuían a través de sociedades pantalla en la que registraban un número menor de productos para eludir el pago a Hacienda. El segundo escalón lo componían los intermediarios encargados de blanquear el dinero obtenido con la venta de estos productos y sacarlo fuera del país. Finalmente, el tercer grupo se dedicaba a introducir el dinero en China camuflado en falsas remesas de inmigrantes.