Los trabajadores de la seguridad privada salen a la calle a reivindicar "sueldos justos"

Los trabajadores de la seguridad privada saldrán este martes a la calle en Madrid para presionar en la negociación del convenio colectivo nacional. Exigen unos "sueldos justos" que eviten conflictos como los sucedidos este verano en el Aeropuerto de El Prat, que retrasó la salida a miles de ciudadanos.

Mientras se celebra la manifestación en la Plaza de Atocha, decenas de empleados de la seguridad privada del Ministerio de Defensa han entregado sus armas para ir a la huelga para exigir que la empresa Marsegur les abone sus salarios.

Las negociaciones para lograr un convenio nacional llevan más de nueve meses sin que se haya avanzado en las condiciones de trabajo, especialmente en los aspectos económicos.

Un portavoz de UGT indicó que no se avanza porque la patronal no quiere “ni hablar de subir salarios”. España tiene en la actualidad unos 80.000 vigilantes de seguridad, con un sueldo medio de 1040 euros. Muchas empresas se descuelgan del convenio nacional y logran pagar a sus trabajadores entre 700/800 euros al mes. Sin embargo, los sindicatos están denunciando a estas empresas low cost que se descuelgan del convenio y están logrando sentencias favorables a los trabajadores.

España tiene en la actualidad unos 80.000 vigilantes de seguridad, con un sueldo medio de 1040 euros. Muchas empresas se descuelgan del convenio nacional y logran pagar a sus trabajadores entre 700/800 euros al mes

UGT señala que, tras meses de negociación, la patronal quiso incluir elementos que suponían un retroceso social en temas como la congelación de la antigüedad, modificación de incapacidad transitoria (IT) y cambio sustancial en cuanto a derechos vinculados con el transporte de fondos.

“La patronal –según el sindicato- sigue mostrando una manifiesta pasividad en abordar compromisos reales de incrementos mínimamente razonables de salarios, así como establecer elementos de avance suficientes cimentados en el diálogo social”.

Esas razones son las que han movido a las tres centrales con representación (UGT, CCOO y USO) a manifestarse hoy y plantearse otras movilizaciones para lograr: incrementos salariales razonables; cláusulas de revisión salarial; debate sobre la jubilación anticipada; permisos retribuidos y salvaguardar la subrogación en situación de prejubilación. También proponen abordar la empleabilidad en el sector ante la implantación de nuevas tecnologías y tratar problemáticas específicas para Ceuta y Melilla.

Cambio de modelo

UGT cree que la seguridad privada en España merece “un cambio de modelo tanto en el sector público como en el cliente privado” y “eliminar la competencia desleal entre empresas con la complicidad de los clientes”.

CCOO señaló que el comportamiento de las empresas de seguridad privada en los últimos años se caracteriza por una competencia de precios a la baja, que deteriora las condiciones laborales.

Este sindicato cree que se debe abordar “un incremento salarial, así como avanzar en políticas de empleabilidad, jubilación anticipada, carrera profesional, de acceso a la profesión y especialización”.

Huelgas en Defensa

Mientras, los trabajadores de seguridad de la empresa Marsegur, que controlan el Ministerio de Defensa, están en huelga desde el pasado lunes y hasta el 27 de octubre para exigir el cobro de sus salarios. La huelga también fue convocada hace algunos días en otras instalaciones de empresa. Los trabajadores acusan a la dirección de incumplimiento de convenio.

Unos 500 empleados de esta compañía ejercen su labor de vigilancia en el Ministerio de Defensa, en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y la Tesorería de la Seguridad Social.

Los trabajadores de Marsegur, que vigilan el Ministerio de Defensa, acusan a la dirección de incumplimiento de convenio

Los sueldos, fuera del convenio estatal del sector como ocurre en esta empresa, son el 32% menos de lo estipulado, en torno a 750/800 euros mensuales.

José Ángel Mora Bustos, presidente del comité de empresa de Marsegur y delegado de USO-Madrid, dijo que “la situación, además de ilegal, es ya insostenible e injusta ya que ni siquiera nos permite la subrogación que supondría mantener las condiciones laborales de la anterior empresa”.

Los trabajadores denuncian el retraso en el pago de las nóminas, y en concreto la falta de pago de los tres últimos meses a los vigilantes del Ministerio de Defensa. “La empresa se justifica con que el Ministerio no les ha pagado a ellos”, señaló Mora.