El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado la decisión de su homólogo en Barcelona, Jaume Collboni, de comprar la Casa Orsola, símbolo de la lucha vecinal contra la especulación, para destinarla a vivienda social, porque cree que con esta operación "se cede a la presión de movimientos cuya raíz es la okupación" ilegal.
En una entrevista en 'Antena 3, recogida por Europa Press, el primer edil madrileño ha considerado que "no es una buena noticia ceder a movimientos que tienen una naturaleza y una raíz de okupación ilegal como medio para resolver el problema de la vivienda". Y ha insistido: "La vivienda no se resuelve desde la okupación ilegal, desde ceder a este tipo de plataformas, sino desde la generación de vivienda".
En materia de vivienda, "el problema más grave que tienen los españoles", el alcalde madrileño ha abogado por ahondar en "mecanismos de cooperación" entre administraciones tras las críticas recibidas desde el Gobierno central. "Pero si el Gobierno de España se manifiesta contra los gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para desviar la atención de su incapacidad e ineficacia pues tenemos un problema de base", ha señalado, con el tope al precio del alquiler como fondo de la cuestión.
Almeida tiene claro que "el tope al alquiler no ayuda a resolver el principal problema, que es la falta de vivienda que hay en estos momentos y la falta de vivienda nueva". Y ha lanzado: "Y además estoy seguro de que los madrileños estarían más contentos si Pedro Sánchez hubiera hecho las 180.000 viviendas que prometió hace dos años antes que poner todo el foco en la cuestión de los límites al alquiler". En todo caso, topar los precios sería una medida pero "no es la clave para resolver el problema de la vivienda", que pasa por "generar más oferta, ser capaz de construir más rápido, en plazos más breves, y ser capaz de construir más barato".
En cuanto a la vivienda de uso turístico, Almeida ha rechazado "que no haya inspecciones", para recordar que Madrid "es la primera ciudad que les aplica una moratoria, incluso antes que Barcelona". Y ha destacado que "fuimos una ciudad que multiplicó exponencialmente las sanciones, pero también las inspecciones. Hubo cero expedientes sancionadores que acabaron con clausura de vivienda turística de uso ilegal durante el gobierno que me antecedió (el de Manuela Carmena) y nosotros hemos multiplicado la plantilla de inspectores y las inspecciones", ha aseverado, para indicar que se está "tramitando una normativa muy restrictiva" que va a impedir en la almendra central que haya VUT diseminada en comunidades de propietarios, sí presentes en edificios de uso exclusivo. El alcalde ha cuantificado en 15.000 las viviendas turísticas, más o menos las mismas que tiene Barcelona, "aunque con la mitad de población", "una cifra que se ha reducido respecto a lo que había hace unos meses como consecuencia del plan de inspecciones, además del aumento de las sanciones que se han puesto".
