Madrid

PSOE recurre ante el juez la moratoria de multas de Madrid Central

Según los socialistas, la moratoria es un "trampantojo jurídico que pretende ocultar la finalidad del gobierno, que es revertir Madrid Central"

Pepu Hernández, candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE
Pepu Hernández, candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid ha solicitado en los juzgados medidas cautelarísimas para la moratoria de multas en Madrid Central y ha recurrido la medida aprobada en Junta de Gobierno por PP y Cs por posible desviación de poder y porque consideran que el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad Sostenible, apelado por el Ejecutivo, "no ampara esa decisión".

El recurso fue presentado telemáticamente anoche y este jueves lo han oficializado ante los medios de comunicación el portavoz socialista, Pepu Hernández, y el concejal del PSOE responsable de asuntos medioambientales, Alfredo González. Lo han hecho en los juzgados de Gran Vía, en el perímetro de Madrid Central.

"Un trampantojo jurídico"

Para González, la moratoria es un "trampantojo jurídico que pretende ocultar la finalidad del gobierno, que es revertir Madrid Central". Piden con el recurso presentado la suspensión del acuerdo de Junta de Gobierno porque consideran que "es ilegal y que lesiona gravemente derechos constitucionales de los ciudadanos, como el de la protección de la salud o el de disfrutar de un medio ambiente adecuado".

A eso añaden que no se justifica la moratoria porque los supuestos problemas ocasionados con multas erróneas -registradas en formato AM/PM y sin tener en cuenta el cambio de huso horario estival- "han sido corregidos, como dice un informe del Ayuntamiento".

Alfredo González añade que el Grupo considera que el acuerdo de Junta es "nulo de pleno derecho" porque utiliza el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad, "que no ampara la decisión porque no se está al inicio de Madrid Central ni se ha producido una modificación sustancial de los sistemas" de acceso.

Además el acuerdo de Junta "puede incurrir en desviación de poder porque se está utilizando una potestad administrativa para una finalidad diferente de la que prevé la norma", junto al hecho de que "puede haber vulneración de la normativa estatal y europea en materia de prevención de contaminación y de calidad de aire".

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