La Comunidad de Madrid sancionará a Uber si no se convierte en agencia de viajes

La Comunidad de Madrid comenzará a sancionar a la empresa Uber si en los próximos días no inicia los trámites administrativos para convertirse en una agencia de viajes y así poder continuar operando en la región. Uber está estudiando esa posibilidad, pero sus servicios jurídicos aún no han tomado una decisión.

Una de las primeras consecuencias si la empresa se convierte en agencia de viaje es que recibirá el correspondiente permiso para operar como tal, su nombre será inscrito en un registro, y pagará sus impuestos en España.

La empresa cree que la petición de que se convierta en agencia de viajes se produce después de la sentencia de la Unión Europea donde se declaraba a Uber una empresa de servicios en el ámbito del transporte urbano sujeta a la legislación española.

Un portavoz de Uber dijo a este periódico que “la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo hace referencia al modelo de transporte entre particulares, UberPOP, que no opera en España desde hace más de tres años”.

“Actualmente Uber –añadió- opera en España exclusivamente con conductores profesionales. Queremos colaborar con todas las administraciones competentes para trabajar en el futuro de la movilidad en España".

Recientemente Fedetaxi y la Gremial del Taxi de Madrid han presentado una denuncia en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para que investigue si los traslados realizados por la multinacional Uber en los últimos años han infringido la legislación de transportes.

Las asociaciones de taxistas consideran que la denuncia es aplicable a la multinacional tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 20 de diciembre, donde se calificaba a Uber como una empresa de servicios en el ámbito del transporte urbano de viajeros sujeta a la legislación española.

“Además de poder haber entrado en competencia desleal con los taxistas españoles -señalan- podría haber incurrido en una infracción reiterada de la legislación de los transportes terrestres que es sancionada con multas de 200 a 4.000 euros, dependiendo la gravedad de las conductas llevadas a cabo”.

Las dos organizaciones consideran que “con independencia de si la aplicación opera con su servicio UberPop o UberX, el TJUE ha determinado que el modelo de negocio controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido en el marco de la plataforma y, por tanto, estas características excluyen que Uber pueda ser considerado un mero intermediario digital entre conductores y pasajeros”.

Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, dijo recientemente que “la Ley de transportes faculta a las patronales representativas como Fedetaxi para instar a la Inspección de transportes de la Comunidad para comprobar si una empresa de transportes como Uber ha cumplido con los requisitos legales y, en caso contrario, la obligación de la administración autonómica es incoar los correspondientes expedientes sancionadores”.