Madrid propone cambiar la ley 'antiokupas': sin documentación, desahucio inmediato

La Comunidad de Madrid lucha contra la okupación con las armas que tiene en su mano. El año pasado, el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso lanzó una app en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, de manera que la policía pueda contactar de inmediato con el propietario en caso de que un vecino alerte a las autoridades. Este año, se creará la Oficina de la Okupación, que servirá para asesorar a las víctimas de este tipo de delitos.

El gobierno autonómico ha decidido tomar cartas en el asunto después de que en 2022, las okupaciones estén creciendo en la Comunidad de Madrid, donde se ha registrado un aumento de un 25% en los delitos de este tipo y ya es la tercera región con más casos de toda España (en cabeza está Barcelona, que representa el 50% del total). Es por esto que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha subrayado esta problemática, con el objetivo de ponerle fin -o al menos, reducir las cifras- de manera inmediata.

La Oficina de la Okupación será inaugurada "próximamente" por Isabel Díaz Ayuso, según ha podido confirmar Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas, aunque originalmente, su apertura estaba prevista para el pasado mes de marzo. Funcionará a través del Centro de Coordinación Municipal, con el que los ciudadanos se podrán poner en contacto a través del 112.

Cambio de "tres artículos"

A través de este centro, según las palabras de Enrique López, será más fácil coordinar a los distintos cuerpos policiales que trabajan en Madrid (Policía Nacional, Municipal, Local y Guardia Civil) para acudir cuanto antes a un caso de okupación. "Vamos a prestar asistencia técnica a esas localidades pequeñas sin comisaria", dijo el consejero en un desayuno de Nueva Economía Forum.

Desde la Comunidad de Madrid se sienten atados de pies y manos en el tema de la okupación, ya que según lamentan, las competencias en esta meteria le corresponden al Estado. Es por esto que el Partido Popular nacional, según Enrique López, ya ha pedido al Gobierno de la nación que revierta las leyes referidas a la okupación de manera que quienes tengan que acudir a los tribunales sean los okupas y no los propietarios.

Desde Sol piden el cambio "de tres artículos" de la legislación para cambiar de forma radical la problemática de la okupación, algo que insistirán en abordar si Alberto Núñez Feijóo logra acceder a La Moncloa en las próximas elecciones. Lo que propone la Comunidad de Madrid es que el okupa sea deshauciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo "de 48 horas".

En caso de que el okupa crea injusto el deshaucio, desde la CAM defienden que se garantice la posibilidad de que pelee en el ámbito civil que se resuelva su situación, un recurso que hasta ahora utilizan los propietarios cuando no son capaces de demostrar mediante documentación que efectivamente no ha permitido al okupa hacer uso de la vivienda. En caso de okupaciones de primeras viviendas, esto es difícil de documentar ante un juez, ya que lo que sucede en la mayoría de casos es que los propietarios guardan las escrituras en sus propias casas y no pueden acceder a ellas.

De esta manera, el PP de Madrid quiere "invertir los principios" de la actual ley orgánica para perseguir algo que califican como un "acto ilícito que lesiona la propiedad individual, algo que es básico en una democracia liberal".

Desde el pasado 1 de mayo, los jueces de Madrid han acelerado los procesos judiciales ante delitos catalogados como usurpación leve. Es por ello, que ahora se celebrar juicios rápidos, siempre que haya sido posible la identificación de los okupas. También el Juzgado de Guardia se encarga de estos enjuiciamientos para tratar de acelerar los procesos y tratar así que los dueños recuperen sus propiedades.