Operación Kitchen

Rastrean las cuentas de un cargo de Rubiales en la Federación por su relación con Villarejo

El juez pide datos sobre el patrimonio del comisario José Luis Olivera ante las sospechas de la Fiscalía de que mantenía un “concierto económico permanente” con el polémico mando

El comisario José Luis Olivera
El comisario José Luis Olivera

Los investigadores del caso Villarejo estrechan el cerco un poco más sobre uno de los personajes habituales de las actividades del polémico mando. Se trata del comisario principal, José Luis Olivera, actualmente en la Federación Española de Fútbol que dirige Luis Rubiales tras ocupar algunos de los más altos puestos de responsabilidad en la Policía. Según el sumario de la operación Kitchen al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez ha ordenado investigar sus cuentas y su patrimonio.

La Fiscalía anticorrupción considera que existen “serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos económicos de la organización criminal investigada en torno al Grupo Cenyt, cuyo titular real es el investigado José Villarejo y José Luis Olivera”. Lo que investiga la Audiencia Nacional desde hace casi tres años es si el primero hacía valer su condición de mando policial para vender sus servicios a clientes privados traficando con datos confidenciales a cambio de grandes sumas de dinero.

El nombre de José Luis Olivera, alias el Oli o Pepelu, se repite constantemente en las grabaciones que el propio Villarejo hacía de sus reuniones si bien no consta que por el momento tenga la condición de imputado en el caso. El cabecilla de la trama llegó a ofrecer los servicios de Olivera al PP para boicotear la investigación del caso Gürtel según consta en una grabación captada en la sede del partido durante un encuentro con la secretaria general de los populares María Dolores de Cospedal. Era el año 2009 y en ese momento Olivera dirigía la UDEF, la unidad de élite de la Policía encargada de los casos de corrupción.

Desde hace un año en la Federación

Permaneció en ese puesto clave hasta 2012 y tres años después, el ministro Fernández Díaz le ascendió al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Permaneció en ese cargo también durante el mandato de Juan Ignacio Zoido y no fue cesado hasta la llegada al Departamento de Fernando Grande Marlaska. Tras un breve paso por el Consejo Asesor de la Policía, en octubre de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales, como detalla el ministerio público en uno de sus últimos informes. 

El pasado 27 de julio, la Fiscalía remitió al juez otro escrito en el que los investigadores recogen unas palabras de Villarejo en los que reivindica que la Gürtel podría haber tenido consecuencias mucho peores para el PP si no llega a ser por Olivera: “La Gürtel los podía haber, vamos... Podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por este y eso no se puede olvidar".

Fernández Díaz saluda a José Luis Olivera en presencia del exsecretario de Estado Francisco Martínez
Fernández Díaz saluda a José Luis Olivera en presencia del exsecretario de Estado Francisco Martínez EFE

En sus pesquisas, los investigadores destacan un oficio policial del 15 de enero de 2019 en el que se hace alusión a un plan de Cenyt llamado "Proyecto SMP" que si no refleja una contratación, sí unos actos previos sobre un “estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones” del caso Gürtel. Siempre según el ministerio Público, “el cliente sería un abogado encargado de la defensa de miembros del Partido Popular investigados en el procedimiento”.

Un plan para anular el 'caso Gürtel'

El propio Villarejo llegó a corroborar estos datos en una declaración prestada en marzo en la que identificó a este abogado como el fallecido Ignacio Peláez. A esto se le suma el hallazgo de un estudio económico en el que se cifra como "coste medio de la colaboración profesional un importe de 15M€, con una provisión de fondos de 5M€, además de unos honorarios por éxito, según los niveles, de 8 Me, 10 Me y 12 Me, si bien no se ha acreditado en las actuaciones que estos honorarios fueran aceptados por el cliente, ni tampoco constan abonos en las cuentas de CENYT analizadas hasta la fecha”.

La Fiscalía cita otro oficio policial del 23 de septiembre de 2019 donde “se aportaron también tres archivos de audio y una serie de documentos en formato Word que reflejan un concierto económico permanente entre José Manuel Villarejo y José Luis Olivera, a modo de iguala o comisión”. El ministerio público sospecha que la relación económica “habría amparado las actuaciones ilícitas de Villarejo en unos casos facilitándole información de operaciones policiales secretas, y en otros, como en el caso de la operación Kitchen permitiendo su planificación y ejecución a pesar de conocer su carácter ilícito”.

La operación Kitchen, cuyo secreto de sumario se ha levantado recientemente tras dos años de pesquisas, tiene que ver con el presunto espionaje sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle información comprometedora sobre el partido y evitar que acabase en manos del juez que investigaba la financiación irregular del partido. Este caso apunta a las más altas instancias de la Policía y el Ministerio del Interior y por ello ha sido imputado el extitular de la cartera, Jorge Fernández Díaz.

Informe de la Agencia Tributaria

Para tratar de apuntalar esos indicios, la Fiscalía ha pedido que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía investigue el patrimonio de Olivera a partir de un informe remitido en marzo por la Agencia Tributaria. También pide a varias entidades bancarias información sobre cinco cuentas en las que Olivera figura como cotitular, así como quince cuentas de depósito a plazo en las que aparece como titular único. 

“Se interesa además que se autorice a los funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos a recabar de las entidades bancarias y de terceros cualquier otra información y documentación complementaria que se considere necesaria en interés de la investigación”, añaden los fiscales. El juez, Manuel García Castellón dio el visto bueno a estas diligencias en una providencia del pasado 31 de julio.

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