Publicado: 13/08/2015 22:03
Íñigo Méndez de Vigo le ha dado un caramelo a Cataluña, País Vasco, y a todas las Comunidades Autónomas que en general luchaban contra el Real Decreto sobre las "evaluaciones externas" o reválidas. El recién estrenado ministro de Educación pospone la aprobación de las reválidas de ESO y Bachillerato, "después de escuchar a los distintos consejeros de las Comunidades Autónomas". Lo hace sacando del Real Decreto de próxima aprobación los exámenes de ESO y Bachillerato, los más polémicos porque los realizaba el Gobierno central. Mantiene en el RD el examen externo de Primaria, pero ese ya se ha decidido que será gestionado por las CCAA y que no será vinculante.
La decisión ha satisfecho a la consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau. A la salida de la reunión que ha mantenido el ministro con todos los consejeros de Educación de las 17 Comunidades Autónomas, Rigau lo ha calificado como una decisión positiva.
"Lo único que se ha hecho es ganar tiempo para dialogar con las Comunidades Autónomas", ha dicho Méndez de Vigo.
A preguntas de Vozpópuli sobre si este cambio supone una rectificación a su predecesor José Ignacio Wert, Méndez de Vigo ha negado la mayor: ha insistido hasta en dos ocasiones que esto no supone un retraso en la aplicación del calendario de aplicación de la LOMCE. "La aplicación [de los exámenes externos de ESO y Bachillerato] no era aún obligatoria, y por tanto vamos a dialogar. Lo haré sin prejuicios, con la mente abierta, porque quiero escuchar a los demás, incluida a la comunidad docente".
Las cuatro horas y media de reunión se han desarrollado con “muy buen ambiente”, según Méndez de Vigo. Sin embargo, horas antes, las 12 Comunidades no gobernadas por el Partido Popular han hecho frente común y han leído un manifiesto en el que anunciaban una batería de medidas para frenar la aplicación. Se trata, dicen, de un texto “que nadie quiere”, y “ensañarse con una Ley que va a ser derogada más pronto que tarde no es razonable”, ha dicho Adelaida de la Calle, Consejera de Educación de Andalucía. Tras las elecciones del 24M “somos mayoría”, ha asegurado.
Frente común
Contra la LOMCE en todo o en parte hay 12 Comunidades Autónomas: las siete gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana); Canarias (CC-PSOE), Cantabria (PRC-PSOE), Cataluña (CDC), Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV).
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), o Ley Wert, modifica la LOE socialista de 2006. Entre otras cosas intentaba reducir los 17 sistemas educativos españoles. Está recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas.
El PP la justifica por la baja calidad de la educación española y el alto abandono escolar, del 28%. La oposición, entre ellos gran parte de la comunidad educativa, asegura que no era necesaria, es ideológica, enmascara recortes y una tendencia a la educación para una élite. Religión vuelve a ser una asignatura que afecta a la nota final. Las lenguas autonómicas han pasado a ser “de especialidad”, y eso ha sido muy contestado en Cataluña, sobre todo. Se reduce el poder de las asociaciones de padres en los centros y pretende favorecer la “excelencia”. Además, se reforma la Formación Profesional y se flexibilizan los itinerarios.
En el Consejo de este jueves también se han repartido las ayudas para los libros de texto. Se trata de un programa dotado con 51 millones para dos años: 24 al año para CCAA, más 3 para Ceuta y Melilla. Se han establecido los criterios de reparto de estas ayudas solo para las familias con menos recursos y numerosas desde septiembre.
Se ha debatido también sobre los planes de lucha contra la violencia y el acoso en las aulas, con la propuesta de la creación de un Sello de Convivencia que premie a aquellos colegios que mejores resultados tengan en este sentido; de los 173 millones para Erasmus y otros programas de aprendizaje; de los 330 millones para la implantación de internet ultrarrápido en los colegios, dotación parte de la cual se da directamente a las CCAA, entre otros asuntos.
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