Llop cree que Ayuso tendrá que hacer "contorsiones jurídicas" para tumbar el plan energético en el Constitucional

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha opinado que "va a ser muy difícil" que el plan de ahorro energético sea declarado inconstitucional, y ha indicado que, aunque la Comunidad de Madrid tiene las herramientas para recurrirlo, va a tener que hacer "contorsiones jurídicas" para echarlo por tierra. Las iniciativas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno entran en vigor este miércoles, entre ellas el apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos, excepto en centros sanitarios y de formación y medios de transporte, entre otros. Durante una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, Pilar Llop ha apelado al "sentido común" en un contexto de "guerra energética" y "emergencia climática", y ha vuelto a pedir al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que "ponga orden" en el partido.

"Estoy echando de menos a Casado, que sí se enfrentó a Ayuso", ha señalado la ministra en alusión a las declaraciones de la presidenta madrileña, en contra del plan de eficiencia energética.

Esta comunidad ya ha anunciado que recurrirá el real decreto ley de ahorro energético al Tribunal Constitucional al ver en la norma "al menos diez puntos inconstitucionales", si bien la ministra ha señalado que tendrá que hacer "muchas contorsiones y equilibrios jurídicos" para poder echarlo por tierra.

La titular de Justicia ha defendido la necesidad de adoptar iniciativas de ahorro energético en un momento en el que el presidente ruso "utiliza la energía como arma de guerra", y ha indicado que "si no estamos con esas medidas acordadas a nivel europeo estamos haciéndole el juego a Putin". El escenario que se abre es "incierto", ha dicho la ministra, y ha pedido ser "previsores" y "solidarios" con los países del bloque comunitario.

Finalmente, Llop ha recordado que las sanciones por no cumplir la norma ya estaban vigentes desde 2009 y que en cualquier caso habrá un margen de adaptación al reglamento, que es un "primer paso" dentro del "plan de contingencia" en el que trabaja el Ejecutivo y que "nos exige la Unión Europea".