Entre la extensa documentación incautada al comisario José Villarejo figuran unos cuadernos con las anotaciones de todas las personas o instituciones que durante años llamaban y visitaban las oficinas de su empresa Cenyt. Son unos documentos denominados “control de llamadas” en los que se apuntaba quien contactaba, su número de teléfono y la persona con la que quería hablar. Constan cientos de identidades que con los años han acabado investigados en la Audiencia Nacional. Es el caso, entre otros, del exjefe de Seguridad de La Caixa, un directivo del BBVA y el exsecretario de Estado de Seguridad.

Vozpópuli ha tenido acceso a ese registro de llamadas entre los ejercicios 2007 y al menos 2012, fechas en las que Villarejo todavía estaba en activo en la Policía. Son casi cinco años y cientos de folios (de los que este periódico muestra una selección) en los que se aprecia una frenética actividad por parte del polémico mando y el entramado empresarial que tenía su sede en la Torre Picasso, en pleno centro financiero de Madrid. Era multitud de gente la que acudía a él, a su mujer, a su socio Rafael Redondo o a algunos de los trabajadores de la compañía Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt).  

De forma recurrente aparece el que fuera responsable de seguridad de La Caixa, Miguel Ángel Fernández Rancaño. En la mayoría de las ocasiones figura solo su segundo apellido acompañado del nombre del banco. Su presencia se repite numerosas veces a lo largo del control de llamadas correspondiente al año 2011. Rancaño fue imputado el pasado noviembre por la Audiencia Nacional en la pieza 21 del caso Villarejo por la que también están investigados el comisario ya jubilado, su socio y el también exjefe de seguridad de Repsol, Rafael Araujo. 

Según las pesquisas, Villarejo pidió en 2011 casi un millón de euros por frustrar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de un tercio de las acciones de Repsol. Ese era el precio que les presentó a sus clientes de la petrolera española y Caixabank en caso de que lograse el éxito en su operación. Consistía en espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, encontrar información confidencial tanto suya como de su entorno familiar y de ese modo apearle de la dirección de su empresa. Según los listados Rancaño siempre contactaba directamente con Villarejo.

En ese control de llamadas hay una columna en la que se indica la fecha y otra en la que se apuntaba el número de teléfono de las personas que contactaban. A continuación se escribía el nombre de la persona, la empresa o se incluía una breve descripción. Fue el caso de Francisco de Martínez, a quien entonces en Cenyt anotaron como “director del Gabinete del ministro” (Jorge Fernández Díaz). Estas anotaciones son del mes de abril de 2012. Entonces a Martínez le quedaba todavía un año para ser nombrado secretario de Estado de Seguridad, cargo que desempeñó entre enero de 2013 y finales de 2016. 

A lo largo de su paso por el Ministerio, Martínez tuvo más contactos con Villarejo como acreditan los cruces de llamadas analizados en algunas investigaciones judiciales. En esos casos, las llamadas ya no eran a Cenyt sino a su móvil, pero al menos aquella vez de 2102, un jefe de gabinete del ministro del Interior tuvo que llamar a una empresa privada para localizar a uno de sus comisarios. Hoy tanto Jorge Fernández Díaz como Francisco Martínez se encuentran investigados también en la Audiencia Nacional por el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas

Aferrados a Villarejo tras dejar la Policía

A la hora de explicar su primera aproximación a Villarejo, Martínez dice que fue a indicaciones del ministro. Fernández Díaz matiza que a él le pidió como favor que lo recibiera el que fuera jefe de la Policía durante los Gobiernos de Aznar, el ya fallecido Juan Cotino. El nombre de Cotino también se repite varias veces en el control de llamadas. Al dejar la Policía Nacional, Cotino desempeñó cargos políticos de relevancia como la Presidencia de las Cortes Valencianas o varias consejerías del Gobierno autonómico. Al mismo tiempo, fue un habitual de los casos de corrupción hasta su muerte.      

La presencia de Cotino en esos listados muestra cómo los ex responsables del Cuerpo seguían acudiendo a Villarejo aun después de haber dejado el cuerpo. Otro caso es el de Agustín Linares, máximo cargo uniformado de la Policía durante los Gobiernos de Felipe González y también presente en la lista por visitar la sede de la empresa Cenyt. Linares fue para Villarejo algo así como un padrino en la Policía. Le abrió las puertas del poder en la institución después de que en 1993 el polémico mando regresase tras diez años de excedencia levantando su conglomerado de empresas.

Según obra en las escuchas del caso, Villarejo hizo gestiones en favor de Linares para un negocio privado de construcción en Rumanía en el que se había embarcado un amigo. Por ello pidió la base de datos de todos los rumanos residentes en España. El contacto de Linares quería vender casas a rumanos residentes en España a precios de mercado de allí, una operación que a Villarejo le parecía “muy interesante”. Consultado en su momento a este respecto, el ex jefe policial negó haberse lucrado con este negocio.

Linares fue uno de los responsables retirados de la Policía que tuvieron a Villarejo como subordinado y que enviaron una carta a la Audiencia Nacional para defender su inocencia al poco de su arresto en 2017. Otro de los abajo firmantes de aquella misiva remitida al Juzgado fue Eugenio Pino. También aparece en el registro de llamadas a pesar de que se supone que era el jefe directo de Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa. Al menos esa vez también tuvo que llamar a las oficinas de Cenyt para localizarle. 

Villarejo presume de que él no era un policía normal, sino que hacía labores de agente encubierto sin despacho en la Policía. Y que Interior usaba sus empresas como pantalla para operaciones sensibles. La realidad es más prosaica: sus empresas arrojan beneficios de más de 20 millones de euros a partir de los negocios privados que compaginaba con su actividad policial. Se le acusa, entre otras cosas, de ofrecer sus servicios como detective privado a clientes adinerados vendiendo como valor añadido datos confidenciales a los que accedía por su ascendencia en la Policía.

Esa es una de las razones por las que se le investiga en el caso BBVA, la pieza nueve del caso. El banco estuvo pagando cantidades millonarias por encargos al policía durante más de una década. Uno de los imputados más significativos es Antonio Béjar. El que fuera Jefe de Riesgos de la entidad ha declarado ya en varias ocasiones ante el juez Manuel García Castellón. La última fue el pasado 27 de noviembre y volvió a apuntar el exdirector del BBVA Francisco González como responsable de que se contratase a la empresa Cenyt del comisario. El nombre de Béjar es una constante en el control de llamadas al menos desde 2009 y su contacto era Rafael Redondo.

"Paco Granados", Método 3, José María Clemente...

En la relación de identidades aparece también “Francisco Granados” o “Paco Granados”. Figura al menos en dos anotaciones del 2012. Coincide con el nombre del acusado de encabezar la trama Púnica y el secretario general del PP de Madrid, quien no está investigado por sus relaciones con Villarejo. Su exsocio David Marjaliza declaró en 2019 en la Audiencia Nacional que él y Granados mantuvieron dos reuniones con Villarejo para gestionar la contratación de dos abogados en Suiza por los que pagaron al menos, 225.000 euros. Marjaliza sostiene que Granados quería evitar que Suiza enviase una comisión rogatoria a España con información de las cuentas que tenían en aquel país.

Los perfiles son del todo variados, hay apuntes sobre la tintorería o la conocida agencia de detectives de Barcelona Método 3. También aparece en 2007 el director de cine Álvaro Sáenz de Heredia -quien le contrató para hacer de Frankenstein en una película de 1990 junto a los humoristas Martes y Trece- o uno de los nombres más enigmáticos de cuantos rodean a la figura de Villarejo: José María Clemente. Aparece en multitud de ocasiones casi todos los años. Coincide con el nombre de José María Clemente Marcet, relacionado a Villarejo y condenado por un juzgado francés por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Otro nombre que aparece es el del excomisario de Marbella Agapito Hermes, cesado tras investigar el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, un caso que acabó en archivo.  El Ministerio del Interior elaboró un informe después de que Fernández Díaz denunciase en abril de 2012 que el dirigente popular había sido investigado ilegalmente por la Policía a la hora de tratar de esclarecer la propiedad de su ático. Los resultados de ese informe derivaron en la destitución de Agapito Hermes de Dios , pero no el de Villarejo, que era una de las personas ante quien informaba de sus pesquisas.