El Ministerio de Sanidad va a recopilar los datos personales de aquellos que decidan no vacunarse del coronavirus. Esta decisión ha despertado dudas sobre su legalidad y sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Según confirman a Vozpópuli fuentes del Comité de Bioética que asesora al Ministerio de Sanidad, esta recogida de datos tiene aval legal y es, ni más ni menos, una norma del Partido Popular. 

"La recopilación de información de las personas que rechacen vacunarse del coronavirus está legitimada por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica", afirman dichas fuentes. Se trata de una ley aprobada por el Partido Popular mientras Ana Pastor estaba al frente del Ministerio de Sanidad. 

Esta ley establece que todo paciente tiene derecho a negarse a un tratamiento clínico. "La norma establece también que el paciente debe dejar constancia escrita de que se niega a ser tratado. Este punto es necesario para evitar posibles demandas futuras. En el caso del coronavirus, si no se registra el rechazo, las autoridades sanitarias no podrán saber si alguien no se ha vacunado por un error del sistema o porque por otras circunstancias no se le ha podido vacunar todavía", apuntan desde el Comité de Bioética. 

En base a esta normativa, el objetivo del Ministerio de Sanidad es que las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, junto con Sanidad Exterior, recojan los datos de las personas que rechacen vacunarse y estos sean remitidos a la cartera que lidera Salvador Illa. Se ha establecido incluso que estos datos se emitan en el día hábil inmediatamente posterior a la vacunación, antes de las 15 horas.

Sin embargo, nos encontramos ante una situación excepcional, ya que no se registran a nivel nacional los datos de las personas que rechacen ponerse otras vacunas, como la gripe, según fuentes de Salud Pública. "Lo normal es que se registre a las personas que sí se han vacunado. Esta información es valiosa para los Servicios de Salud Pública de cara a controlar no solo el coronavirus, también gripe y otras enfermedades infecciosas". 

¿Puede el Gobierno obligar a vacunarse?

Desde el Comité de Bioética aseguran que Sanidad ha optado por una fórmula de vacunación voluntaria, por el momento. Esto "hace más difícil una reclamación administrativa en caso de que la vacuna genere efectos secundarios".

¿Qué ocurriría si hay una mayoría de médicos o enfermeras que decidan no vacunarse por temor a estos efectos? "Sanidad tiene a su disposición la Ley General de Salud Pública, que puede ser utilizada para obligar a ponerse la vacuna en tiempos de pandemia", aseveran.