'Ley trans': la Seguridad Social costeará el bloqueo hormonal desde la pubertad

El borrador de la 'ley Trans' que prepara el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, prevé que el Sistema Nacional de Salud incluya tratamientos para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad en el caso de las personas menores de edad.

Según el texto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el objetivo de esta prestación es "evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados". Además, el tratamiento hormonal en menores comprenderá "tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados".

El borrador de la norma impulsada por el departamento de Igualdad señala que "se informará a la persona menor y a sus representantes legales sobre la posibilidad de posponer o reducir la medicación, respetándose en todo caso la decisión de la persona interesada".

La llamada 'ley trans' permitirá que, además del tratamiento hormonal, el Sistema Nacional de Salud incluya entre sus prestaciones terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico "en la cartera de servicios comunes en las condiciones que se establezcan". La asistencia sanitaria contemplaría también el acompañamiento en todos los aspectos de la salud física y mental de la persona.

El rol de la Alta Inspección

Para que se asegure el acceso a esos servicios, el equipo de Montero involucra a la Alta Inspección. "El Estado, en el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección, velará por que se asegure a las personas trans la igualdad en el acceso a todas las prestaciones establecidas por el Sistema Nacional de Salud, garantizando a aquellas en condiciones de equidad la cobertura integral de sus necesidades de salud, el respeto al derecho de la intimidad y a un tratamiento integral de acuerdo con la cartera de servicios vigente en cada momento", proponen en el borrador.

Cabe recordar que, con esta ley, se permitirá el cambio de sexo sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores. Pero también recoge otras novedades menos sonadas.

Formación del personal sanitario

Entre ellas, el documento emplaza a las Administraciones Públicas a garantizar una formación suficiente, continuada y actualizada del personal sanitario, para que "tenga en cuenta" las necesidades específicas de las personas trans, prestando especial atención a los problemas de salud asociados a las prácticas quirúrgicas, a los órganos sexuales surgidos de intervenciones quirúrgicas, a los tratamientos hormonales, a su salud sexual y reproductiva y a los avances en técnicas quirúrgicas.

El borrador de la ley propone formar a las personas que trabajan en el campo de la salud mental sobre "enfoques no patologizadores" y sobre las consecuencias de la transfobia. "Fomentarán la investigación en el campo de las ciencias de la salud, así como la innovación tecnológica, en relación con la atención sanitaria a las personas trans.

Además, el Ministerio liderado por Irene Montero quiere que se establezcan indicadores que permitan hacer un seguimiento sobre los tratamientos, terapias e intervenciones, así como procedimientos de evaluación de la calidad asistencial durante todo el proceso de atención.

Centros educativos

El documento indica el derecho del alumnado menor de edad a exteriorizar su identidad de género en los centros educativos, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del colegio conforme a su identidad de género.

Los estudiantes también tendrán derecho a utilizar libremente el nombre que hayan elegido, que será reflejado en la misma forma en que aparezca el nombre y sexo del resto del alumnado en la documentación
administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse a menores, profesorado y resto de personal del centro educativo, como listados, calificaciones académicas y censos electorales para elecciones sindicales o administrativas.

La 'ley trans' advierte que el ejercicio de estos derechos en ningún caso podrá estar condicionado a la
exhibición previa de informes médicos o psicológicos, así como tampoco a la autorización de las personas que ostenten la patria potestad o sean sus representantes legales.

"Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán protocolos para apoyar y acompañar al alumnado trans, y contra el acoso transfóbico, para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de violencia y exclusión contra el alumnado trans", sostienen.

Guerra entre PSOE y Podemos

La norma que prepara la ministra Irene Montero ha generado un incendio dentro del Gobierno de coalición. El PSOE ha querido desmarcarse del borrador asegurando que "no es un texto del Gobierno". Fuentes socialistas han asegurado a elDiario.es que el texto filtrado es "la posición de Igualdad, que recoge de forma nítida la de Unidas Podemos".

"A la hora de elaborar una norma es necesaria la corrección normativa y la seguridad jurídica. Sobre el texto hay que trabajar. Los derechos tienen que tener seguridad jurídica", sostienen las mismas fuentes.

La misma ministra de Igualdad ha admitido diferencias con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a cuenta de la nueva norma, aunque se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de "alcanzar un buen acuerdo" e iniciar su tramitación, junto con la Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI en la primera quincena de febrero.

Plataformas feministas como la Alianza Contra el borrado de la Mujer acusan a Podemos de utilizar la 'ley trans' para abrir un frente contra el PSOE en plena campaña de las elecciones catalanas y poco antes de la celebración del 8-M.